Hay días en que uno lee las noticias y honestamente no sabe si reír o llorar. Y hoy, maes, es uno de esos días de pura tragicomedia tica. Resulta que un oficial de la Policía Penitenciaria, de apellido González, se jaló la torta de su vida. El mae, en su propio brete y con todo el descaro del mundo, intentó meter de contrabando un combo tecnológico al Centro Penal La Reforma: tres celulares nuevecitos de paquete y, agárrense, DOCE chips. ¡Doce! Ni que fuera a poner una sucursal de call center para estafas. La vara es que lo pescaron en una revisión de rutina, demostrando una vez más que a veces el peor enemigo está adentro.
Imagínense la escena. González llegando a La Reforma, probablemente silbando bajito, sintiéndose el más vivo de todos con su mercadería bien escondida entre sus chunches personales. Lo que no se esperaba era que sus propios compañeros le aplicaran el protocolo al pie de la letra. ¡Qué sal! En plena requisa, ¡zaz!, aparecieron los aparatos. Me imagino la cara de todos los presentes. La jugada, que seguro ya había hecho antes, le salió completamente al revés. Y para rematar, las autoridades no se quedaron ahí; de una vez fueron a registrarle el dormitorio que tenía asignado en el centro penal, por si acaso tenía más "encargos" guardados. Aparentemente no encontraron nada más, pero el daño ya estaba hecho.
Pero vamos a lo que de verdad importa, porque esto va mucho más allá de un mae queriendo ganarse una plata extra. Cada celular que entra a una cárcel es un arma. Es la herramienta con la que se ordenan crímenes afuera, se extorsiona a gente inocente y se montan las famosas estafas de la "tía que viene de Estados Unidos" o del "sobrino accidentado". Este oficial no era un simple mensajero; era un engranaje clave en la maquinaria criminal que opera desde las sombras de una celda. Por dicha, desde que se aprobó la nueva ley, esta gracia ya no sale barata. Introducir estos aparatos ahora es un delito que se paga con cárcel, así que a González se le acabó el recreo y ahora está a las órdenes de la Fiscalía de Alajuela.
Diay, el caso de este oficial es el síntoma de una enfermedad mucho más grande: la corrupción que carcome nuestras instituciones. Es muy fácil señalar al salado de González, pero la pregunta del millón es: ¿cuántos más hay como él? ¿Cuántos logran coronar la vuelta sin que los agarren? Esto destapa la discusión sobre las condiciones laborales de los oficiales, los salarios, los filtros de contratación y la presión que ejercen las bandas criminales. Porque seamos honestos, por cada oficial que cae, probablemente hay otros que siguen operando. Es la eterna lucha entre los que quieren hacer las cosas bien y los que ven una oportunidad de negocio en el caos, sin importarles las consecuencias.
Al final, a este funcionario se le fue al traste el negocito y ahora enfrenta un panorama legal bien complicado. Pero el problema de fondo sigue ahí, latiendo. La confianza en el sistema se fractura cada vez que el que debe cuidar la casa es el que le abre la puerta a los ladrones. Cuando la autoridad se convierte en cómplice, el despiche es monumental y nos afecta a todos. La captura de González es una pequeña victoria, sí, pero también es un recordatorio amargo de lo frágil que es la seguridad cuando la corrupción entra en juego.
Aquí les dejo la pregunta para que se arme el debate: Más allá de este caso, ¿creen que el problema de la corrupción en el sistema penitenciario tiene arreglo? ¿O es una batalla perdida y solo estamos viendo la punta del iceberg? ¡Los leo!
Imagínense la escena. González llegando a La Reforma, probablemente silbando bajito, sintiéndose el más vivo de todos con su mercadería bien escondida entre sus chunches personales. Lo que no se esperaba era que sus propios compañeros le aplicaran el protocolo al pie de la letra. ¡Qué sal! En plena requisa, ¡zaz!, aparecieron los aparatos. Me imagino la cara de todos los presentes. La jugada, que seguro ya había hecho antes, le salió completamente al revés. Y para rematar, las autoridades no se quedaron ahí; de una vez fueron a registrarle el dormitorio que tenía asignado en el centro penal, por si acaso tenía más "encargos" guardados. Aparentemente no encontraron nada más, pero el daño ya estaba hecho.
Pero vamos a lo que de verdad importa, porque esto va mucho más allá de un mae queriendo ganarse una plata extra. Cada celular que entra a una cárcel es un arma. Es la herramienta con la que se ordenan crímenes afuera, se extorsiona a gente inocente y se montan las famosas estafas de la "tía que viene de Estados Unidos" o del "sobrino accidentado". Este oficial no era un simple mensajero; era un engranaje clave en la maquinaria criminal que opera desde las sombras de una celda. Por dicha, desde que se aprobó la nueva ley, esta gracia ya no sale barata. Introducir estos aparatos ahora es un delito que se paga con cárcel, así que a González se le acabó el recreo y ahora está a las órdenes de la Fiscalía de Alajuela.
Diay, el caso de este oficial es el síntoma de una enfermedad mucho más grande: la corrupción que carcome nuestras instituciones. Es muy fácil señalar al salado de González, pero la pregunta del millón es: ¿cuántos más hay como él? ¿Cuántos logran coronar la vuelta sin que los agarren? Esto destapa la discusión sobre las condiciones laborales de los oficiales, los salarios, los filtros de contratación y la presión que ejercen las bandas criminales. Porque seamos honestos, por cada oficial que cae, probablemente hay otros que siguen operando. Es la eterna lucha entre los que quieren hacer las cosas bien y los que ven una oportunidad de negocio en el caos, sin importarles las consecuencias.
Al final, a este funcionario se le fue al traste el negocito y ahora enfrenta un panorama legal bien complicado. Pero el problema de fondo sigue ahí, latiendo. La confianza en el sistema se fractura cada vez que el que debe cuidar la casa es el que le abre la puerta a los ladrones. Cuando la autoridad se convierte en cómplice, el despiche es monumental y nos afecta a todos. La captura de González es una pequeña victoria, sí, pero también es un recordatorio amargo de lo frágil que es la seguridad cuando la corrupción entra en juego.
Aquí les dejo la pregunta para que se arme el debate: Más allá de este caso, ¿creen que el problema de la corrupción en el sistema penitenciario tiene arreglo? ¿O es una batalla perdida y solo estamos viendo la punta del iceberg? ¡Los leo!
