Mae, a veces uno lee una noticia y se queda como... ¿diay? Te sentás con el cafecito de la tarde, abrís el celular esperando ver el último meme de la Sele o alguna queja sobre las presas, y te topás con una historia que parece sacada de una serie de narcos, pero con el sello del Registro Civil de fondo. Y esta, gente, es una de esas varas que te deja pensando en el despiche en que estamos metidos. Resulta que uno de los acusados de vender pastillas con fentanilo, ese veneno que está causando estragos en todo el mundo, es un colombiano que no solo vivía aquí, sino que tenía carné de refugiado. ¡Qué torta!
Vamos por partes, como diría el patólogo. El imputado, de apellido Arroyo, le cuenta al tribunal, con toda la calma del mundo, que él es un simple "comerciante" que lleva ocho años en el país. Ah, y que casualmente perdió su pasaporte y su carné de refugiado en la cárcel de San Sebastián, donde está guardado desde noviembre del 2023. Seamos honestos, la excusa de "perdí los papeles en la cárcel" suena… diay, suena a excusa. Es como decir que el perro se comió la tarea, pero versión crimen organizado. La vara es que este mae, originario de Buenaventura, una de las zonas más calientes de Colombia, encontró en Costa Rica no solo un refugio, sino, presuntamente, un mercado muy lucrativo para sus "negocios".
Pero el enredo no termina ahí. Esto es un novelón con varios protagonistas. La Fiscalía acusa a un grupo de cinco personas, pero el escenario judicial ya parece un campo minado: uno de los imputados está muerto, otro anda ausente y solo tres están sentados en el banquillo. El supuesto líder, un tico de apellido Valdivia, ya tiene a su abogado, Carlos Cubillo, diciendo que la Fiscalía no tiene "nada" para probar que su cliente era el jefe. El clásico "aquí no ha pasado nada, circulen". Para echarle más sal a la herida, otro defensor, Mario Quesada, asegura que la investigación fue tan débil que en los allanamientos ni siquiera encontraron el famoso fentanilo. O sea, estamos ante un caso de venta de fentanilo... ¿sin fentanilo decomisado? ¡Qué despiche!
Aquí es donde a uno le hierve la sangre. Más allá del juicio en sí, que veremos si no termina por irse al traste, la pregunta del millón es sobre nuestro propio sistema. ¿Cómo es posible que una persona ingrese al país, solicite y obtenga estatus de refugiado —un mecanismo diseñado para proteger a gente que realmente huye del peligro— y termine, supuestamente, liderando o siendo parte de una red que vende drogas sintéticas? Alguien en el sistema se tuvo que haber jalado una torta monumental. Estamos salados si nuestros filtros son tan porosos que se cuela gente que, en lugar de buscar paz, viene a importar los mismos problemas de los que dicen escapar.
Este caso es un síntoma de una enfermedad más grande. No es solo un colombiano, un tico y una acusación. Es el reflejo de cómo el crimen organizado se adapta, muta y explota nuestras debilidades institucionales. Mientras los abogados juegan su partido en la cancha legal cuestionando las pruebas, la realidad es que el fentanilo es una amenaza real y ya está aquí. Que una de las piezas del rompecabezas sea alguien a quien le dimos protección como país, no es solo irónico; es profundamente preocupante. Esto debería ser una llamada de atención con sirenas y luces de neón para Migración, para la DIS y para todo el aparato de seguridad.
Maes, les dejo la pregunta en el aire: ¿Qué les preocupa más? ¿La audacia de estos grupos para meterse hasta con fentanilo, o la aparente facilidad con la que un mae con este perfil consigue refugio y presuntamente opera por años? ¿Dónde se está quebrando el sistema?
Vamos por partes, como diría el patólogo. El imputado, de apellido Arroyo, le cuenta al tribunal, con toda la calma del mundo, que él es un simple "comerciante" que lleva ocho años en el país. Ah, y que casualmente perdió su pasaporte y su carné de refugiado en la cárcel de San Sebastián, donde está guardado desde noviembre del 2023. Seamos honestos, la excusa de "perdí los papeles en la cárcel" suena… diay, suena a excusa. Es como decir que el perro se comió la tarea, pero versión crimen organizado. La vara es que este mae, originario de Buenaventura, una de las zonas más calientes de Colombia, encontró en Costa Rica no solo un refugio, sino, presuntamente, un mercado muy lucrativo para sus "negocios".
Pero el enredo no termina ahí. Esto es un novelón con varios protagonistas. La Fiscalía acusa a un grupo de cinco personas, pero el escenario judicial ya parece un campo minado: uno de los imputados está muerto, otro anda ausente y solo tres están sentados en el banquillo. El supuesto líder, un tico de apellido Valdivia, ya tiene a su abogado, Carlos Cubillo, diciendo que la Fiscalía no tiene "nada" para probar que su cliente era el jefe. El clásico "aquí no ha pasado nada, circulen". Para echarle más sal a la herida, otro defensor, Mario Quesada, asegura que la investigación fue tan débil que en los allanamientos ni siquiera encontraron el famoso fentanilo. O sea, estamos ante un caso de venta de fentanilo... ¿sin fentanilo decomisado? ¡Qué despiche!
Aquí es donde a uno le hierve la sangre. Más allá del juicio en sí, que veremos si no termina por irse al traste, la pregunta del millón es sobre nuestro propio sistema. ¿Cómo es posible que una persona ingrese al país, solicite y obtenga estatus de refugiado —un mecanismo diseñado para proteger a gente que realmente huye del peligro— y termine, supuestamente, liderando o siendo parte de una red que vende drogas sintéticas? Alguien en el sistema se tuvo que haber jalado una torta monumental. Estamos salados si nuestros filtros son tan porosos que se cuela gente que, en lugar de buscar paz, viene a importar los mismos problemas de los que dicen escapar.
Este caso es un síntoma de una enfermedad más grande. No es solo un colombiano, un tico y una acusación. Es el reflejo de cómo el crimen organizado se adapta, muta y explota nuestras debilidades institucionales. Mientras los abogados juegan su partido en la cancha legal cuestionando las pruebas, la realidad es que el fentanilo es una amenaza real y ya está aquí. Que una de las piezas del rompecabezas sea alguien a quien le dimos protección como país, no es solo irónico; es profundamente preocupante. Esto debería ser una llamada de atención con sirenas y luces de neón para Migración, para la DIS y para todo el aparato de seguridad.
Maes, les dejo la pregunta en el aire: ¿Qué les preocupa más? ¿La audacia de estos grupos para meterse hasta con fentanilo, o la aparente facilidad con la que un mae con este perfil consigue refugio y presuntamente opera por años? ¿Dónde se está quebrando el sistema?
