¡Ay, pata! Aquí vamos otra vez con los planes sorpresa en campaña. Laura Fernández, la candidata del Pueblo Soberano, soltó la bomba este viernes: quiere pedirle a la Asamblea que suspenda algunas libertades en esos barrios donde la delincuencia anda dando candela. Lo presentó como parte de su plan de gobierno, aunque con dos horas de atraso, eso sí... porque, díganlo ustedes, ¡pura chincha!
Según la diputada, la idea es focalizarse en esos sectores ‘calientes’, esos lugares donde la policía, gracias a la inteligencia (dicen), sabe dónde está pasando la mayor bronca. No va a ser pa’ todo el país, claro, solo pa’ donde esté bien feo. Eso lo dejó clarito, intentando quitarle hierro al asunto: “No es un toque de queda nacional, ni mucho menos”. Tranquilos, dice ella. Pero, ¿será suficiente?
Lo interesante es que esto viene a sumarse a otras propuestas de seguridad que ya estaban dando vueltas. Fernández también habla de construir más delegaciones policiales –¿dónde exactamente? nadie sabe aún– y meter a los presos a trabajar, cosa que ya había sacado a relucir la diputada Carballo del PUSC, respaldada también por Natalia Díaz. Además, quieren dar becas del INA y del IMAS a los hijos de los polis, ¡eso sí que es un buen brete! Un Observatorio de Seguridad Nacional y un Centro C-7 (con inteligencia artificial, imagínate) completan el paquete.
Pero la movida más rara fue la de darle una palmada a Rodrigo Chaves. El salón donde presentaron el plan estaba lleno de banners con la cara del Presidente y de Fernández, y Pilar Cisneros, otra diputada del Pueblo Soberano, no paraba de decir que ellos están siguiendo “el camino de Don Rodri”. Parece que quieren capitalizar lo poco bueno que haya hecho el Gobierno actual, asegurándose de que la gente recuerde que son la continuación lógica. ¡Qué maquina, eh!
Y hablando de máquinas, los detalles siguen siendo escasos. ¿Cómo van a definir exactamente qué barrios entran en la categoría de ‘zona caliente’? ¿Quién vigila que la policía no abuse de esta facultad? ¿Qué pasa si alguien inocente termina metido en medio de un operativo? Estas son preguntas clave que necesitan respuestas claras, porque meterse con las garantías individuales es un tema que hay que tratar con muchísima responsabilidad, ¡esto no es jugar a las canicas!
Muchos expertos ya han levantado la ceja ante esta propuesta. Argumentan que, aunque la intención sea combatir el crimen, suspender derechos fundamentales puede abrir la puerta a abusos y arbitrariedades. Recuerden lo que pasó en otros países donde tomaron medidas similares, ¡no siempre salió bien! Y acá, con la crisis de confianza que tenemos en las instituciones, cualquier desliz podría dañar aún más la imagen del Estado.
Por otro lado, algunos argumentan que, frente a la creciente inseguridad, se necesita ser drástico. Que si la policía tiene herramientas más efectivas para actuar contra los delincuentes, pues usarlas. Que la libertad es importante, sí, pero la seguridad de la gente también lo es. Es un debate complejo, sin respuestas fáciles, y que seguramente dará para muchas discusiones en los próximos meses. Y por supuesto, que tendrá lugar entre nuestros lectores.
Todo este panorama nos deja pensando: ¿Es realmente viable y efectivo recurrir a la suspensión de garantías para combatir la delincuencia, o estamos abriendo una caja de Pandora que terminará afectando a todos los ciudadanos? Vayan dejando sus opiniones abajo, compas, ¡queremos saber qué piensan sobre este tema tan controversial!
Según la diputada, la idea es focalizarse en esos sectores ‘calientes’, esos lugares donde la policía, gracias a la inteligencia (dicen), sabe dónde está pasando la mayor bronca. No va a ser pa’ todo el país, claro, solo pa’ donde esté bien feo. Eso lo dejó clarito, intentando quitarle hierro al asunto: “No es un toque de queda nacional, ni mucho menos”. Tranquilos, dice ella. Pero, ¿será suficiente?
Lo interesante es que esto viene a sumarse a otras propuestas de seguridad que ya estaban dando vueltas. Fernández también habla de construir más delegaciones policiales –¿dónde exactamente? nadie sabe aún– y meter a los presos a trabajar, cosa que ya había sacado a relucir la diputada Carballo del PUSC, respaldada también por Natalia Díaz. Además, quieren dar becas del INA y del IMAS a los hijos de los polis, ¡eso sí que es un buen brete! Un Observatorio de Seguridad Nacional y un Centro C-7 (con inteligencia artificial, imagínate) completan el paquete.
Pero la movida más rara fue la de darle una palmada a Rodrigo Chaves. El salón donde presentaron el plan estaba lleno de banners con la cara del Presidente y de Fernández, y Pilar Cisneros, otra diputada del Pueblo Soberano, no paraba de decir que ellos están siguiendo “el camino de Don Rodri”. Parece que quieren capitalizar lo poco bueno que haya hecho el Gobierno actual, asegurándose de que la gente recuerde que son la continuación lógica. ¡Qué maquina, eh!
Y hablando de máquinas, los detalles siguen siendo escasos. ¿Cómo van a definir exactamente qué barrios entran en la categoría de ‘zona caliente’? ¿Quién vigila que la policía no abuse de esta facultad? ¿Qué pasa si alguien inocente termina metido en medio de un operativo? Estas son preguntas clave que necesitan respuestas claras, porque meterse con las garantías individuales es un tema que hay que tratar con muchísima responsabilidad, ¡esto no es jugar a las canicas!
Muchos expertos ya han levantado la ceja ante esta propuesta. Argumentan que, aunque la intención sea combatir el crimen, suspender derechos fundamentales puede abrir la puerta a abusos y arbitrariedades. Recuerden lo que pasó en otros países donde tomaron medidas similares, ¡no siempre salió bien! Y acá, con la crisis de confianza que tenemos en las instituciones, cualquier desliz podría dañar aún más la imagen del Estado.
Por otro lado, algunos argumentan que, frente a la creciente inseguridad, se necesita ser drástico. Que si la policía tiene herramientas más efectivas para actuar contra los delincuentes, pues usarlas. Que la libertad es importante, sí, pero la seguridad de la gente también lo es. Es un debate complejo, sin respuestas fáciles, y que seguramente dará para muchas discusiones en los próximos meses. Y por supuesto, que tendrá lugar entre nuestros lectores.
Todo este panorama nos deja pensando: ¿Es realmente viable y efectivo recurrir a la suspensión de garantías para combatir la delincuencia, o estamos abriendo una caja de Pandora que terminará afectando a todos los ciudadanos? Vayan dejando sus opiniones abajo, compas, ¡queremos saber qué piensan sobre este tema tan controversial!
