¡Ay, Dios mío! Resulta que la idea de crear una fiscalía especial para investigar a los mismísimos jueces de la República ha topado con un brete más grande que Cerro Pirrís. La Corte Plena, esos mismos que iban a aprobar la vaina, ahora andan más confundidos que gallina en ferretería, echándole friegas al tema de los fondos.
Todo empezó con la propuesta del expediente 24.795, buscando agilizar las pesquisas contra los altos mandamás del Poder Judicial. La intención, al parecer, era buena: sacar adelante casos que suelen arrastrarse más que tortuga en baba. Pero como dicen por ahí, “las buenas intenciones pisan poco” y este caso pinta pa’ ser un fiasco monumental. Parece que alguien olvidó lo básico: ¿de dónde sale la plata?
El Presidente de la Corte Plena, Orlando Aguirre, salió con un comentario que te deja pensando: “Me preocupa la creación de este tipo de estructuras, es una intromisión... además, ¡qué me cuentan!, nos vamos a secar el bolsillo”. Agregó que esto afecta el presupuesto, y créeme, con cómo anda la cosa, cualquier hueco económico da más susto que tiburón ballena en Playa Hermosa.
Las magistradas tampoco se quedaron calladas. Marianella Corrales, con toda la razón del mundo, preguntó: “¿Quién va a presentar la acusación? ¿El Fiscal General o esta nueva fiscalía? ¿Y ante quién? Ante la Corte o la Sala Tercera?”. Vaya preguntas, ¿verdad? Parece que nadie se había puesto a pensar en los detalles técnicos, estaban todos prendidos en la emoción de tener una fiscalía “especial”.
Patricia Vargas, de la Sala III, soltó otra joyita: “Estamos en una crisis presupuestaria, mae”. ¡Digo, obvio! Todos lo sabemos. Creer que podemos crear una nueva institución con varitas mágicas es pura fantasía. Es como querer comprarle un carro nuevo a la Abuela cuando apenas le alcanza para el pasaje del bus.
Sandra Zúñiga puso la cereza del pastel, diciendo que la iniciativa, aunque bien intencionada, debería dejarse en manos del Ministerio Público. Y Gerardo Alfaro añadió que esas decisiones pertenecen a los tribunales, no a los legisladores. Todo el mundo coincidiendo en que se metieron donde no les tocaba, parece que quisieran complicarle la vida al sistema judicial. Jorge Leiva, magistrado de Sala I, remató diciendo: “Aunque pongas ‘autorización de gasto’ en papel, no garantiza que el Poder Judicial reciba esos fondos”. ¡Que verdad que duele!
Al final, la propuesta quedó más allá del agua. Una vez más, demostramos que solemos salirnos de madre con ideas grandilocuentes que no tienen pies ni cabeza. Seamos honestos, ¡parece novela de telenovela, chollo tras chollo! El tema es que mientras tanto, la corrupción sigue campante y la gente pide soluciones reales, no más anuncios vacíos.
Ahora, díganme ustedes, ¿creen que esta fiscalía anti-supremos era realmente necesaria, o simplemente otro intento de politizar el Poder Judicial? ¿Será que necesitamos revisar a fondo cómo gestionamos nuestros recursos públicos, o seguimos esperando milagros económicos?
Todo empezó con la propuesta del expediente 24.795, buscando agilizar las pesquisas contra los altos mandamás del Poder Judicial. La intención, al parecer, era buena: sacar adelante casos que suelen arrastrarse más que tortuga en baba. Pero como dicen por ahí, “las buenas intenciones pisan poco” y este caso pinta pa’ ser un fiasco monumental. Parece que alguien olvidó lo básico: ¿de dónde sale la plata?
El Presidente de la Corte Plena, Orlando Aguirre, salió con un comentario que te deja pensando: “Me preocupa la creación de este tipo de estructuras, es una intromisión... además, ¡qué me cuentan!, nos vamos a secar el bolsillo”. Agregó que esto afecta el presupuesto, y créeme, con cómo anda la cosa, cualquier hueco económico da más susto que tiburón ballena en Playa Hermosa.
Las magistradas tampoco se quedaron calladas. Marianella Corrales, con toda la razón del mundo, preguntó: “¿Quién va a presentar la acusación? ¿El Fiscal General o esta nueva fiscalía? ¿Y ante quién? Ante la Corte o la Sala Tercera?”. Vaya preguntas, ¿verdad? Parece que nadie se había puesto a pensar en los detalles técnicos, estaban todos prendidos en la emoción de tener una fiscalía “especial”.
Patricia Vargas, de la Sala III, soltó otra joyita: “Estamos en una crisis presupuestaria, mae”. ¡Digo, obvio! Todos lo sabemos. Creer que podemos crear una nueva institución con varitas mágicas es pura fantasía. Es como querer comprarle un carro nuevo a la Abuela cuando apenas le alcanza para el pasaje del bus.
Sandra Zúñiga puso la cereza del pastel, diciendo que la iniciativa, aunque bien intencionada, debería dejarse en manos del Ministerio Público. Y Gerardo Alfaro añadió que esas decisiones pertenecen a los tribunales, no a los legisladores. Todo el mundo coincidiendo en que se metieron donde no les tocaba, parece que quisieran complicarle la vida al sistema judicial. Jorge Leiva, magistrado de Sala I, remató diciendo: “Aunque pongas ‘autorización de gasto’ en papel, no garantiza que el Poder Judicial reciba esos fondos”. ¡Que verdad que duele!
Al final, la propuesta quedó más allá del agua. Una vez más, demostramos que solemos salirnos de madre con ideas grandilocuentes que no tienen pies ni cabeza. Seamos honestos, ¡parece novela de telenovela, chollo tras chollo! El tema es que mientras tanto, la corrupción sigue campante y la gente pide soluciones reales, no más anuncios vacíos.
Ahora, díganme ustedes, ¿creen que esta fiscalía anti-supremos era realmente necesaria, o simplemente otro intento de politizar el Poder Judicial? ¿Será que necesitamos revisar a fondo cómo gestionamos nuestros recursos públicos, o seguimos esperando milagros económicos?
