¡Ay, Dios mío! La Fiscalía General de la República anda más aprieta’o que zapato en pie, amigos. Resulta que andan con un faltante de casi ¢340 millones para pagar al personal y cubrir suplencias. Esto ha llevado a tomar decisiones bien feas, como restringir las vacaciones de los fiscales y todo el mundo está quejándose, claro.
La bronca viene de atrás, diay. Primero fue la negativa del Gobierno de Chaves a pasar la plata que ya estaba presupuestada para contratar gente nueva. Luego, se les acabaron los fondos para cubrir las bajas por incapacidad o porque alguien se va de vacaciones. Parece que el presupuesto se les fue al traste, mándale saludos.
Según datos de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, y ojo que esto es pa’ que se enteren, la deuda al final del año pasado alcanzaba los ¢337 millones, aunque seguramente va a subir todavía cuando cierren el ejercicio. Pero la mayor parte de este fajazo, como decimos acá, es por las suplencias. ¡Imagínate!, más de ¢278 millones solamente para cubrir a la gente que está ausente. Eso sin contar los pluses que puedan llevar, ya sabes cómo es eso.
Y no es novedad ni sorpresa para nadie que esto no es la primera vez que pasa. Hace unos meses, ya habíamos quedado varados, sin poder nombrar suplentes durante los últimos dos meses del año. El Consejo Superior, que es el que manda en el Poder Judicial, tuvo que ponerle un alto a todo por culpa de la falta de lana.
Pero la cosa no termina ahí, chunches. Además de las suplencias, también les falta pa’ pagar las horas extras y hasta pa’ los “sueltos”, que son unos apoyos para ciertos cargos fijos. Hablando de números, tienen un déficit de ¢47 millones para las horas extras y otro de ¢11 millones para los sueltos. ¡Qué sal!
Pa’ colmo de males, la Dirección de Gestión Humana ya avisó desde mitad del año que los recursos iban a andar cortos. Así que pidieron limitar las suplencias y dejar en casa a la gente que tenía permiso con goce de salario. Al final, tampoco sirvió de mucho porque los presupuestos siguieron siendo insuficientes y terminaron poniendo límites a las vacaciones a solo siete días. Pura torta, mándele.
Ahora, el fiscal general, Carlo Díaz, ha tenido que pedir a la Corte Plena y al Consejo Superior que busquen soluciones mágicas para echar mano de más plata y poder cubrir los gastos básicos, como las vacaciones y las suplencias. También les piden a los jefes de oficina que usen los recursos que tienen con inteligencia y prioricen los casos más urgentes, especialmente aquellos que involucran a niños, ancianos o presos. ¡Que apretémosnos todos, qué vamos a hacer!
Entre tanto, el gobierno de Chaves sigue negándose a liberar cerca de ¢6 mil millones que ya estaban aprobados para el Ministerio Público y el OIJ. Según Díaz, esto está afectando seriamente las investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y violencia de género. ¡Qué carga! Considerando todo esto, ¿creen que el Gobierno está saboteando intencionalmente la capacidad de la Fiscalía para combatir el crimen, o es simplemente incompetencia administrativa?
La bronca viene de atrás, diay. Primero fue la negativa del Gobierno de Chaves a pasar la plata que ya estaba presupuestada para contratar gente nueva. Luego, se les acabaron los fondos para cubrir las bajas por incapacidad o porque alguien se va de vacaciones. Parece que el presupuesto se les fue al traste, mándale saludos.
Según datos de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, y ojo que esto es pa’ que se enteren, la deuda al final del año pasado alcanzaba los ¢337 millones, aunque seguramente va a subir todavía cuando cierren el ejercicio. Pero la mayor parte de este fajazo, como decimos acá, es por las suplencias. ¡Imagínate!, más de ¢278 millones solamente para cubrir a la gente que está ausente. Eso sin contar los pluses que puedan llevar, ya sabes cómo es eso.
Y no es novedad ni sorpresa para nadie que esto no es la primera vez que pasa. Hace unos meses, ya habíamos quedado varados, sin poder nombrar suplentes durante los últimos dos meses del año. El Consejo Superior, que es el que manda en el Poder Judicial, tuvo que ponerle un alto a todo por culpa de la falta de lana.
Pero la cosa no termina ahí, chunches. Además de las suplencias, también les falta pa’ pagar las horas extras y hasta pa’ los “sueltos”, que son unos apoyos para ciertos cargos fijos. Hablando de números, tienen un déficit de ¢47 millones para las horas extras y otro de ¢11 millones para los sueltos. ¡Qué sal!
Pa’ colmo de males, la Dirección de Gestión Humana ya avisó desde mitad del año que los recursos iban a andar cortos. Así que pidieron limitar las suplencias y dejar en casa a la gente que tenía permiso con goce de salario. Al final, tampoco sirvió de mucho porque los presupuestos siguieron siendo insuficientes y terminaron poniendo límites a las vacaciones a solo siete días. Pura torta, mándele.
Ahora, el fiscal general, Carlo Díaz, ha tenido que pedir a la Corte Plena y al Consejo Superior que busquen soluciones mágicas para echar mano de más plata y poder cubrir los gastos básicos, como las vacaciones y las suplencias. También les piden a los jefes de oficina que usen los recursos que tienen con inteligencia y prioricen los casos más urgentes, especialmente aquellos que involucran a niños, ancianos o presos. ¡Que apretémosnos todos, qué vamos a hacer!
Entre tanto, el gobierno de Chaves sigue negándose a liberar cerca de ¢6 mil millones que ya estaban aprobados para el Ministerio Público y el OIJ. Según Díaz, esto está afectando seriamente las investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y violencia de género. ¡Qué carga! Considerando todo esto, ¿creen que el Gobierno está saboteando intencionalmente la capacidad de la Fiscalía para combatir el crimen, o es simplemente incompetencia administrativa?
