¡Ay, Dios mío! Quién lo diría, mi raza. Después de tanto rollo, de tanta bronca en las redes y de que la comunidad entera se lo armara, parece que en Japdeva se echaron frios los pies con ese reglamento de arriendo que querían imponer en la finca. Ya saben, aquella harta polémica que puso a todos a sudar frío.
Para refrescarles la memoria, hace como año y medio, la Junta sacó ese reglamento que convertía el derecho a vivir en esas tierras en un alquiler. Un verdadero despache, mi clave. Resulta que miles de familias, algunas viviendo ahí desde antes de que siquiera existiera Japdeva, se enfrentaban a pagarle renta por estar en sus propios hogares. ¡Una torta!
La cosa es que la Comisión Vertiente Atlántica, junto con varias organizaciones comunitarias, se organizaron y empezaron a mover cielo y tierra para frenar esta jugada turbia. Dijeron que era inconstitucional, que no había participación ciudadana en la creación del reglamento y que Japdeva estaba buscando sacar a la gente para vender las tierras a empresas extranjeras. Un brete, diay.
Yajaira Rojas, la coordinadora de la Comisión, no se anduvo con rodeos: dijo que querían “privatizar” el derecho a la posesión de las familias y obligarlas a renunciar a sus hogares. Remarcó que la gente había construido sus casas con esfuerzo propio y ahora Japdeva llegaba diciéndoles que tenían que pagarle alquiler. ¡Qué sal!
Pero mira quién mira, la Junta de Japdeva, aparentemente escuchando a la gente, empezó a hablar de modificar el reglamento, de dialogar y de considerar las propuestas de la Comisión. Hicieron giras por las comunidades, se sentaron a conversar con la gente en La Lucha, Parismina, Tortuguero… pareciera que iban a cambiar el chip, chunches.
Sin embargo, esas promesas se fueron diluyendo, los acuerdos quedaron enterrados y el reglamento original siguió vigente. La Junta insistió en que buscaba “brindar seguridad jurídica y ordenamiento territorial”, pero la gente veía en eso una excusa para cobrarle por vivir en sus propias tierras. Una verdadera carga, mis queridos.
Ahora, resulta que ya firmaron los dos primeros contratos bajo ese reglamento controvertido. Dicen que las familias cumplieron con los requisitos, pero queda la gran duda: ¿será esto un intento genuino de regularizar la situación o simplemente una maniobra para seguir adelante con sus planes? Y si es así, ¿cuánto tiempo podrán las familias resistir esta presión?
Con todo esto, mi clave, me pregunto: ¿cree usted que Japdeva realmente está dispuesta a escuchar a la comunidad y a buscar una solución justa para estas familias, o estamos frente a otro episodio de promesas incumplidas y desmadre burocrático? ¡Dígame en los comentarios qué piensa!
Para refrescarles la memoria, hace como año y medio, la Junta sacó ese reglamento que convertía el derecho a vivir en esas tierras en un alquiler. Un verdadero despache, mi clave. Resulta que miles de familias, algunas viviendo ahí desde antes de que siquiera existiera Japdeva, se enfrentaban a pagarle renta por estar en sus propios hogares. ¡Una torta!
La cosa es que la Comisión Vertiente Atlántica, junto con varias organizaciones comunitarias, se organizaron y empezaron a mover cielo y tierra para frenar esta jugada turbia. Dijeron que era inconstitucional, que no había participación ciudadana en la creación del reglamento y que Japdeva estaba buscando sacar a la gente para vender las tierras a empresas extranjeras. Un brete, diay.
Yajaira Rojas, la coordinadora de la Comisión, no se anduvo con rodeos: dijo que querían “privatizar” el derecho a la posesión de las familias y obligarlas a renunciar a sus hogares. Remarcó que la gente había construido sus casas con esfuerzo propio y ahora Japdeva llegaba diciéndoles que tenían que pagarle alquiler. ¡Qué sal!
Pero mira quién mira, la Junta de Japdeva, aparentemente escuchando a la gente, empezó a hablar de modificar el reglamento, de dialogar y de considerar las propuestas de la Comisión. Hicieron giras por las comunidades, se sentaron a conversar con la gente en La Lucha, Parismina, Tortuguero… pareciera que iban a cambiar el chip, chunches.
Sin embargo, esas promesas se fueron diluyendo, los acuerdos quedaron enterrados y el reglamento original siguió vigente. La Junta insistió en que buscaba “brindar seguridad jurídica y ordenamiento territorial”, pero la gente veía en eso una excusa para cobrarle por vivir en sus propias tierras. Una verdadera carga, mis queridos.
Ahora, resulta que ya firmaron los dos primeros contratos bajo ese reglamento controvertido. Dicen que las familias cumplieron con los requisitos, pero queda la gran duda: ¿será esto un intento genuino de regularizar la situación o simplemente una maniobra para seguir adelante con sus planes? Y si es así, ¿cuánto tiempo podrán las familias resistir esta presión?
Con todo esto, mi clave, me pregunto: ¿cree usted que Japdeva realmente está dispuesta a escuchar a la comunidad y a buscar una solución justa para estas familias, o estamos frente a otro episodio de promesas incumplidas y desmadre burocrático? ¡Dígame en los comentarios qué piensa!
