¡Ay, Dios mío! Parece que la pelea por Puerto Caldera sigue candela. La Contraloría General de la República (CGR) le dio un frenazo a la licitación para la concesión del puerto, echándole balazos al recurso de objeción presentado por Logística de Granos S.A., la empresa manejada por el hijito de Don Calixto, José Pablo Chaves Zamora, ese que anda metido en el brete del financiamiento de campaña presidencial. La verdad, esto huele a despique político, pero vamos a ver qué pasa.
Para refrescarle la memoria a los más jóvenes (y a algunos viejos también, ¡qué va!), la licitación de Puerto Caldera ha sido una telenovela desde que salió a luz. Se trata de modernizar la infraestructura portuaria, algo urgente porque Caldera está quedando obsoleto y eso afecta el comercio exterior. Pero claro, cuando hay plata de por medio, siempre aparecen los tiburones tratando de llevarse la mejor tajada, y con Don Calixto financiando al Presidente, no nos extraña que haya ruido en el gallinero.
Ahora bien, ¿cuál era el problema? Según la empresa del hijito de Don Calixto, la Contraloría había hecho un maje con la Ley 7762, alegando que no se podía ceder una obra existente, cuando ellos dicen que es una modernización, no una construcción nueva. Además, cuestionaron el uso del 25% de inversión como tope para aplicar la ley, argumentando que eso solo aplican a cambios de contrato, no a licitaciones nuevas. ¡Qué bronca! Pero la Contraloría les respondió a sus mañosas a legajos.
Lo más preocupante, y esto es lo que realmente le duele al bolsillo del tico, era la reducción del canon de explotación. El operador actual paga un 15% de los ingresos brutos, mientras que el nuevo concesionario se quedaría con tan solo un 5%. ¡Imagínate la diferencia! Según cálculos, hablamos de una pérdida de más de $619 millones para el Estado. Ahí sí que es una vara gorda que nos estamos tragando, mae.
Y ni hablar del servicio de remolcadores, que quedó totalmente difuso en el cartel. No quedaba claro quién iba a prestarlo y cómo se iban a fijar las tarifas. Esto generaba incertidumbre y podía abrir la puerta a abusos. Por suerte, la Contraloría aclaró que ese tema ya estaba definido desde el principio y no era parte del objeto de la concesión. Un alivio, aunque queda la sensación de que alguien intentaba meter mano donde no debía.
Pero ojo, que la Contraloría no anduvo con rodeos. Les dijo a la empresa del hijito de Don Calixto que todas sus objeciones ya habían sido consideradas en versiones anteriores del cartel y no se habían modificado. Así que, según el principio de preclusión procesal, no podían echarles encima reclamos que ya estaban archivados. ¡Que aprendan a jugar limpio! Y también puntualizó que el canon del 5% ha estado ahí desde el principio, así que no vengan ahora con cuentos chinos.
En resumen, parece que la Contraloría hizo bien su trabajo, protegiendo los intereses del país frente a posibles atropellos. Aunque, siendo honestos, toda esta movida da mucho que pensar. ¿Será que Don Calixto y compañía estaban buscando alguna forma de beneficiarse con esta licitación? ¿O simplemente es una coincidencia desafortunada que el hijito esté involucrado? Uno nunca sabe, con estos políticos... Siempre hay gato encerrado, diay.
Después de todo este rollo, me pregunto: ¿Creemos que la Contraloría actuó correctamente al rechazar el recurso de objeción, o existe la posibilidad de que se haya perdido una oportunidad para mejorar los términos de la concesión y proteger aún más los recursos del país? ¡Déjenme saber su opinión en los comentarios!
Para refrescarle la memoria a los más jóvenes (y a algunos viejos también, ¡qué va!), la licitación de Puerto Caldera ha sido una telenovela desde que salió a luz. Se trata de modernizar la infraestructura portuaria, algo urgente porque Caldera está quedando obsoleto y eso afecta el comercio exterior. Pero claro, cuando hay plata de por medio, siempre aparecen los tiburones tratando de llevarse la mejor tajada, y con Don Calixto financiando al Presidente, no nos extraña que haya ruido en el gallinero.
Ahora bien, ¿cuál era el problema? Según la empresa del hijito de Don Calixto, la Contraloría había hecho un maje con la Ley 7762, alegando que no se podía ceder una obra existente, cuando ellos dicen que es una modernización, no una construcción nueva. Además, cuestionaron el uso del 25% de inversión como tope para aplicar la ley, argumentando que eso solo aplican a cambios de contrato, no a licitaciones nuevas. ¡Qué bronca! Pero la Contraloría les respondió a sus mañosas a legajos.
Lo más preocupante, y esto es lo que realmente le duele al bolsillo del tico, era la reducción del canon de explotación. El operador actual paga un 15% de los ingresos brutos, mientras que el nuevo concesionario se quedaría con tan solo un 5%. ¡Imagínate la diferencia! Según cálculos, hablamos de una pérdida de más de $619 millones para el Estado. Ahí sí que es una vara gorda que nos estamos tragando, mae.
Y ni hablar del servicio de remolcadores, que quedó totalmente difuso en el cartel. No quedaba claro quién iba a prestarlo y cómo se iban a fijar las tarifas. Esto generaba incertidumbre y podía abrir la puerta a abusos. Por suerte, la Contraloría aclaró que ese tema ya estaba definido desde el principio y no era parte del objeto de la concesión. Un alivio, aunque queda la sensación de que alguien intentaba meter mano donde no debía.
Pero ojo, que la Contraloría no anduvo con rodeos. Les dijo a la empresa del hijito de Don Calixto que todas sus objeciones ya habían sido consideradas en versiones anteriores del cartel y no se habían modificado. Así que, según el principio de preclusión procesal, no podían echarles encima reclamos que ya estaban archivados. ¡Que aprendan a jugar limpio! Y también puntualizó que el canon del 5% ha estado ahí desde el principio, así que no vengan ahora con cuentos chinos.
En resumen, parece que la Contraloría hizo bien su trabajo, protegiendo los intereses del país frente a posibles atropellos. Aunque, siendo honestos, toda esta movida da mucho que pensar. ¿Será que Don Calixto y compañía estaban buscando alguna forma de beneficiarse con esta licitación? ¿O simplemente es una coincidencia desafortunada que el hijito esté involucrado? Uno nunca sabe, con estos políticos... Siempre hay gato encerrado, diay.
Después de todo este rollo, me pregunto: ¿Creemos que la Contraloría actuó correctamente al rechazar el recurso de objeción, o existe la posibilidad de que se haya perdido una oportunidad para mejorar los términos de la concesión y proteger aún más los recursos del país? ¡Déjenme saber su opinión en los comentarios!
