Mae, pongámonos serios un toque. Hay varas que uno lee y simplemente no entiende cómo pasan. La última joyita es el proyecto de la "megacárcel". El Gobierno, con el Ministerio de Justicia a la cabeza, está pidiendo la bicoca de ¢8.000 millones para empezar a construir este chunche, pero aquí viene lo bueno: cuando le preguntan a la Contraloría qué opina, la respuesta es, en buen tico, "¡ni idea!". Así como lo leen. Doña Marta Acosta, la jefa de la Contraloría, fue a la Asamblea y básicamente les dijo a los diputados que del proyecto saben tanto como nosotros: casi nada. Se armó un despiche de los buenos, porque ¿cómo es posible que se pida un platal para algo que ni el ente fiscalizador ha podido revisar?
La excusa del Gobierno es que todo el expediente es "confidencial por seguridad nacional". Y uno entiende que no van a publicar los planos en Facebook, ¿verdad? Pero de ahí a que la Contraloría, que es la que se encarga de cuidar que no se malgaste nuestra plata, no tenga acceso al expediente, hay un trecho enorme. Doña Marta fue clarísima: el proyecto apenas está en un 95% de "prefactibilidad". O sea, todavía están en la etapa de ver si la idea tiene pies y cabeza. No han pasado ni a la fase de factibilidad, que es cuando se hacen los estudios serios, y mucho menos tienen la "viabilidad" de Mideplan para empezar a invertir. Aún así, ya están pidiendo el 40% del costo total. Es como pedirle plata al banco para construir una casa cuando apenas tenés un dibujo en una servilleta.
El diputado Carlos Felipe García, del PUSC, hizo la pregunta del millón: si ni siquiera hemos empezado la fase de inversión, ¿cómo carajos sabemos que se necesita exactamente el 40% del presupuesto total? La respuesta de la Contralora fue oro puro, una clase de sinceridad brutal: "Voy a ser franca, no podría aventurarme a decir sí o no, porque no hemos tenido acceso al expediente". Traducido: "Maes, no tenemos la data, esto huele raro". Obviamente, para apagar el incendio, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, salió a decir que "la cárcel no se va a mantener en secreto" y que todo se va a licitar por Sicop. Pero, diay, las dudas ya están sembradas. Nos dan una lista de compras (que si 5 módulos, que si 25 aposentos de visita íntima, que si 7 fortines), pero el sustento técnico y financiero sigue siendo un fantasma.
Lo más increíble es la fe que le tienen al brete. Según Justicia, una vez que tengan luz verde, el movimiento de tierras dura 90 días y la construcción de las obras, 195 días. ¡Menos de 300 días para levantar una ciudadela para 5.100 reos! Cualquiera que haya intentado construir una tapia en este país sabe que solo los permisos pueden durar más que eso. Entonces, la vara está así: tenemos un proyecto de más de $34 millones declarado secreto, con un cronograma que parece de ciencia ficción y una solicitud de presupuesto gigante para una etapa que, técnicamente, ni siquiera ha comenzado. Es el escenario perfecto para que la plata se vaya al traste o para que el proyecto termine durando años y costando el doble, como tantas otras obras en este país.
Aquí la discusión de fondo es el balance entre la necesidad real de infraestructura carcelaria y la transparencia absoluta que se debe exigir con los fondos públicos. Una cosa es proteger detalles operativos y otra muy distinta es operar en la oscuridad total cuando se trata de miles de millones de colones. Por eso, les tiro la pregunta a ustedes, que son la gente que piensa en este foro: ¿estamos ante una medida de seguridad legítima y necesaria, o el secretismo es la cortina de humo perfecta porque saben que se están por jalar una torta administrativa y financiera monumental? ¿Pecamos de malpensados o de muy ingenuos si nos creemos el cuento?
La excusa del Gobierno es que todo el expediente es "confidencial por seguridad nacional". Y uno entiende que no van a publicar los planos en Facebook, ¿verdad? Pero de ahí a que la Contraloría, que es la que se encarga de cuidar que no se malgaste nuestra plata, no tenga acceso al expediente, hay un trecho enorme. Doña Marta fue clarísima: el proyecto apenas está en un 95% de "prefactibilidad". O sea, todavía están en la etapa de ver si la idea tiene pies y cabeza. No han pasado ni a la fase de factibilidad, que es cuando se hacen los estudios serios, y mucho menos tienen la "viabilidad" de Mideplan para empezar a invertir. Aún así, ya están pidiendo el 40% del costo total. Es como pedirle plata al banco para construir una casa cuando apenas tenés un dibujo en una servilleta.
El diputado Carlos Felipe García, del PUSC, hizo la pregunta del millón: si ni siquiera hemos empezado la fase de inversión, ¿cómo carajos sabemos que se necesita exactamente el 40% del presupuesto total? La respuesta de la Contralora fue oro puro, una clase de sinceridad brutal: "Voy a ser franca, no podría aventurarme a decir sí o no, porque no hemos tenido acceso al expediente". Traducido: "Maes, no tenemos la data, esto huele raro". Obviamente, para apagar el incendio, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, salió a decir que "la cárcel no se va a mantener en secreto" y que todo se va a licitar por Sicop. Pero, diay, las dudas ya están sembradas. Nos dan una lista de compras (que si 5 módulos, que si 25 aposentos de visita íntima, que si 7 fortines), pero el sustento técnico y financiero sigue siendo un fantasma.
Lo más increíble es la fe que le tienen al brete. Según Justicia, una vez que tengan luz verde, el movimiento de tierras dura 90 días y la construcción de las obras, 195 días. ¡Menos de 300 días para levantar una ciudadela para 5.100 reos! Cualquiera que haya intentado construir una tapia en este país sabe que solo los permisos pueden durar más que eso. Entonces, la vara está así: tenemos un proyecto de más de $34 millones declarado secreto, con un cronograma que parece de ciencia ficción y una solicitud de presupuesto gigante para una etapa que, técnicamente, ni siquiera ha comenzado. Es el escenario perfecto para que la plata se vaya al traste o para que el proyecto termine durando años y costando el doble, como tantas otras obras en este país.
Aquí la discusión de fondo es el balance entre la necesidad real de infraestructura carcelaria y la transparencia absoluta que se debe exigir con los fondos públicos. Una cosa es proteger detalles operativos y otra muy distinta es operar en la oscuridad total cuando se trata de miles de millones de colones. Por eso, les tiro la pregunta a ustedes, que son la gente que piensa en este foro: ¿estamos ante una medida de seguridad legítima y necesaria, o el secretismo es la cortina de humo perfecta porque saben que se están por jalar una torta administrativa y financiera monumental? ¿Pecamos de malpensados o de muy ingenuos si nos creemos el cuento?
