Maes, a veces uno lee noticias que simplemente no tienen ni pies ni cabeza, y esta es una de esas. Pónganle atención a esta torta, porque nos afecta a todos. Resulta que mientras en la calle la cosa se pone cada vez más fea con balaceras y asaltos, el Gobierno de Rodrigo Chaves decidió, así de un pronto a otro, meterle el freno de mano al OIJ y al Ministerio Público. ¿Cómo? Negándoles la plata para contratar a más de 300 personas que son absolutamente clave para investigar los delitos que nos quitan el sueño.
Aquí es donde la vara se pone extraña. Este no es un caso de "es que no hay plata". ¡La plata ya estaba! La Asamblea Legislativa, es decir, los diputados, ya habían hecho su brete, habían aprobado el presupuesto y asignado los fondos. Eran 255 plazas para el OIJ y como 75 para la Fiscalía. ¿Y para qué eran? No eran para sacar fotocopias, eran para reforzar las unidades que se dan de tú a tú contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. El mismo director del OIJ, Randall Zúñiga, lo dijo clarito: esos recursos eran para morderle los talones a los peces gordos. Pero diay, parece que al Ejecutivo esa idea no le hizo mucha gracia y simplemente dijo que no iba a girar el dinero. ¡Qué despiche!
La justificación oficial del Ministerio de Hacienda suena casi a chiste malo. El ministro Rudolf Lücke salió a decir que la prioridad es pagar los intereses de la deuda. Y claro, nadie está diciendo que no se paguen las deudas, pero aquí es donde se jalaron la torta. Una diputada de la Comisión de Hacendarios le refutó en la pura cara que, gracias a la aprobación de eurobonos y otros créditos, Hacienda ha tenido un margen más que suficiente para generar ahorros e invertirlos en lo que de verdad urge: la seguridad. La conclusión de la diputada fue lapidaria: no es falta de plata, es falta de voluntad. Y cuando falta voluntad para proteger a la gente, el plan para tener un país más seguro se va al traste.
Y que no se nos olvide el contexto, porque eso es lo que más ahueva. El propio Fiscal General nos recuerda que estamos viviendo los tres años más violentos en la historia de Costa Rica. La cantidad de homicidios es una locura, los femicidios no paran y la violencia contra las mujeres sigue disparada. Con este panorama, dejar al OIJ y a la Fiscalía sin el personal que necesitan no es solo un error administrativo, es una irresponsabilidad gigantesca. Esas plazas no solo iban para crimen organizado; también iban a ayudar a descongestionar despachos que ven delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Estamos salados, porque la decisión afecta directamente a las víctimas más vulnerables.
Ahora, toda esta discusión vuelve a la Asamblea Legislativa, que tendrá que pelear por una plata que ya había sido aprobada y que es Ley de la República. Es un desgaste increíble y una pérdida de tiempo valioso mientras los criminales siguen haciendo de las suyas. Las autoridades judiciales cruzan los dedos para que los diputados se mantengan firmes y, más importante aún, para que esta vez el Ejecutivo no vuelva a obstaculizar la entrega de los recursos. La pregunta que queda en el aire es densa, maes: ¿Es pura negligencia o hay algo más detrás de esta insistencia en debilitar a las instituciones que investigan la corrupción y el narco? ¿Qué opinan ustedes?
Aquí es donde la vara se pone extraña. Este no es un caso de "es que no hay plata". ¡La plata ya estaba! La Asamblea Legislativa, es decir, los diputados, ya habían hecho su brete, habían aprobado el presupuesto y asignado los fondos. Eran 255 plazas para el OIJ y como 75 para la Fiscalía. ¿Y para qué eran? No eran para sacar fotocopias, eran para reforzar las unidades que se dan de tú a tú contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. El mismo director del OIJ, Randall Zúñiga, lo dijo clarito: esos recursos eran para morderle los talones a los peces gordos. Pero diay, parece que al Ejecutivo esa idea no le hizo mucha gracia y simplemente dijo que no iba a girar el dinero. ¡Qué despiche!
La justificación oficial del Ministerio de Hacienda suena casi a chiste malo. El ministro Rudolf Lücke salió a decir que la prioridad es pagar los intereses de la deuda. Y claro, nadie está diciendo que no se paguen las deudas, pero aquí es donde se jalaron la torta. Una diputada de la Comisión de Hacendarios le refutó en la pura cara que, gracias a la aprobación de eurobonos y otros créditos, Hacienda ha tenido un margen más que suficiente para generar ahorros e invertirlos en lo que de verdad urge: la seguridad. La conclusión de la diputada fue lapidaria: no es falta de plata, es falta de voluntad. Y cuando falta voluntad para proteger a la gente, el plan para tener un país más seguro se va al traste.
Y que no se nos olvide el contexto, porque eso es lo que más ahueva. El propio Fiscal General nos recuerda que estamos viviendo los tres años más violentos en la historia de Costa Rica. La cantidad de homicidios es una locura, los femicidios no paran y la violencia contra las mujeres sigue disparada. Con este panorama, dejar al OIJ y a la Fiscalía sin el personal que necesitan no es solo un error administrativo, es una irresponsabilidad gigantesca. Esas plazas no solo iban para crimen organizado; también iban a ayudar a descongestionar despachos que ven delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Estamos salados, porque la decisión afecta directamente a las víctimas más vulnerables.
Ahora, toda esta discusión vuelve a la Asamblea Legislativa, que tendrá que pelear por una plata que ya había sido aprobada y que es Ley de la República. Es un desgaste increíble y una pérdida de tiempo valioso mientras los criminales siguen haciendo de las suyas. Las autoridades judiciales cruzan los dedos para que los diputados se mantengan firmes y, más importante aún, para que esta vez el Ejecutivo no vuelva a obstaculizar la entrega de los recursos. La pregunta que queda en el aire es densa, maes: ¿Es pura negligencia o hay algo más detrás de esta insistencia en debilitar a las instituciones que investigan la corrupción y el narco? ¿Qué opinan ustedes?
