¡Ay, Dios mío! La cosa pinta turbia en el ambiente académico de la UCR. Resulta que un doctor, identificado como Matarrita Rojas, andaba haciendo cosas raras buscando que le pusieran notas altas a unos aspirantes a la especialización en Endocrinología. Pues miren, se le metió el brete con intentar manipular el sistema y ahora tendrá que pasar dos meses tras las rejas preventivamente.
La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial no tardó en actuar. Según nos cuentan, todo comenzó el pasado 27 de noviembre, cuando el doctor Matarrita, supuestamente disfrazado de mensajero y con una mascarilla pa’ no levantar sospechas, entró al consultorio de un director de carrera de la UCR, quien además trabaja en una clínica privada. Ahí, al parecer, encañonó al pobre hombre y le exigió que le “pusiera 100” a todos los que querían entrar a la especialización. ¡Imagínate la bronca!
Como si fuera poco, parece que el tipo, con la pistola en mano, le amenazó al director diciéndole que si no hacía lo que le pedía, sufriría él y su familia. ¡Un acto de mariconería, vamos! El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegó rápido al quite, deteniéndolo en Miramar de Puntarenas gracias a las cámaras de seguridad que capturaron sus movimientos después de dejar el consultorio. Se decomisó un arma de fuego, un maletín y la ropa que usó durante el incidente.
Ahora, recordemos que el Código Penal es bien claro en estos temas: la coacción, es decir, obligar a alguien a hacer algo bajo amenaza, conlleva penas de prisión de tres a cinco años. Y vaya que el señor Matarrita intentó eso, así que no se anda salvando con maña. Además, esto viene en un momento delicado para la UCR, que ha tenido que lidiar con varias amenazas de tiroteos en las últimas semanas. ¡Qué sal! Parece que la tranquilidad en las sedes universitarias se ha esfumado un poquito.
La propia UCR salió al frente con un comunicado expresando su solidaridad con el director afectado y su familia. “Debemos expresar nuestra más profunda solidaridad con esta persona y con su familia, quienes hoy atraviesan una situación dolorosa e injusta que no tiene cabida en un país que se precia de democrático y civilizado”, rezaba el comunicado. Uno esperaría que esto sirva como un llamado de atención para evitar que estas situaciones se vuelvan comunes en nuestras universidades. Países vecinos andan viendo nuestros problemas y pues...nos dan pena, diay.
Según Pablo Calvo, jefe de Investigaciones Criminales del OIJ, la clave para identificar al sospechoso fue precisamente el material de video de las cámaras de seguridad. Desde ahí se pudo rastrear sus movimientos y ubicarlo en Miramar. El caso ha generado mucha controversia en redes sociales y en los círculos académicos. Muchos se preguntan cómo un médico general pudo llegar tan lejos con su plan y qué medidas tomará la UCR para garantizar la seguridad de sus funcionarios y estudiantes.
Este caso nos pone a reflexionar sobre la importancia de la ética profesional y el respeto a las instituciones. Un mae que intenta comprarse el camino a la especialización, va en contra de todo lo que representa el esfuerzo y la dedicación. ¡Qué torta! Imaginen cuánta gente honesta y trabajadora se sintió frustrada al ver esto. Es un golpe duro para la credibilidad del sistema educativo y una muestra de que aún queda mucho por hacer para combatir la corrupción y la falta de valores en nuestro país. Necesitamos ponerle orden a este brete, y rápido.
Y hablando de bretes, me pregunto... ¿Creen que este caso abrirá una investigación más amplia sobre posibles irregularidades en otros programas de posgrado de la UCR o incluso en otras universidades del país? ¿Será que hay más ‘maes’ intentando meter las manos donde no les toca?
La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial no tardó en actuar. Según nos cuentan, todo comenzó el pasado 27 de noviembre, cuando el doctor Matarrita, supuestamente disfrazado de mensajero y con una mascarilla pa’ no levantar sospechas, entró al consultorio de un director de carrera de la UCR, quien además trabaja en una clínica privada. Ahí, al parecer, encañonó al pobre hombre y le exigió que le “pusiera 100” a todos los que querían entrar a la especialización. ¡Imagínate la bronca!
Como si fuera poco, parece que el tipo, con la pistola en mano, le amenazó al director diciéndole que si no hacía lo que le pedía, sufriría él y su familia. ¡Un acto de mariconería, vamos! El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegó rápido al quite, deteniéndolo en Miramar de Puntarenas gracias a las cámaras de seguridad que capturaron sus movimientos después de dejar el consultorio. Se decomisó un arma de fuego, un maletín y la ropa que usó durante el incidente.
Ahora, recordemos que el Código Penal es bien claro en estos temas: la coacción, es decir, obligar a alguien a hacer algo bajo amenaza, conlleva penas de prisión de tres a cinco años. Y vaya que el señor Matarrita intentó eso, así que no se anda salvando con maña. Además, esto viene en un momento delicado para la UCR, que ha tenido que lidiar con varias amenazas de tiroteos en las últimas semanas. ¡Qué sal! Parece que la tranquilidad en las sedes universitarias se ha esfumado un poquito.
La propia UCR salió al frente con un comunicado expresando su solidaridad con el director afectado y su familia. “Debemos expresar nuestra más profunda solidaridad con esta persona y con su familia, quienes hoy atraviesan una situación dolorosa e injusta que no tiene cabida en un país que se precia de democrático y civilizado”, rezaba el comunicado. Uno esperaría que esto sirva como un llamado de atención para evitar que estas situaciones se vuelvan comunes en nuestras universidades. Países vecinos andan viendo nuestros problemas y pues...nos dan pena, diay.
Según Pablo Calvo, jefe de Investigaciones Criminales del OIJ, la clave para identificar al sospechoso fue precisamente el material de video de las cámaras de seguridad. Desde ahí se pudo rastrear sus movimientos y ubicarlo en Miramar. El caso ha generado mucha controversia en redes sociales y en los círculos académicos. Muchos se preguntan cómo un médico general pudo llegar tan lejos con su plan y qué medidas tomará la UCR para garantizar la seguridad de sus funcionarios y estudiantes.
Este caso nos pone a reflexionar sobre la importancia de la ética profesional y el respeto a las instituciones. Un mae que intenta comprarse el camino a la especialización, va en contra de todo lo que representa el esfuerzo y la dedicación. ¡Qué torta! Imaginen cuánta gente honesta y trabajadora se sintió frustrada al ver esto. Es un golpe duro para la credibilidad del sistema educativo y una muestra de que aún queda mucho por hacer para combatir la corrupción y la falta de valores en nuestro país. Necesitamos ponerle orden a este brete, y rápido.
Y hablando de bretes, me pregunto... ¿Creen que este caso abrirá una investigación más amplia sobre posibles irregularidades en otros programas de posgrado de la UCR o incluso en otras universidades del país? ¿Será que hay más ‘maes’ intentando meter las manos donde no les toca?
