¡Ay, patata! Parece que el tema del consumidor financiero en Costa Rica sigue siendo una espina clavada, un brete que no se acaba de resolver. Patricia Rojas, la ministra del MEIC, anda insistentemente buscando que se apruebe un proyecto de ley que les dé más dientes para defender a los billeteros de pura cepa. Vamos, que quieren meterle freno a los prestamistas y bancos para que no se aprovechen de la poca mosca que tenemos muchos.
La movida es que hace poquito, allá por el 2024, presentaron un borrador basado en recomendaciones de la OCDE, pero las cosas no pintaron color de rosa. Los diputados, esos mismos que se supone que nos representan, no le dieron el visto bueno. Un despiche total, si me preguntan. Ahora, la ministra Rojas dice que andan sacando otro proyecto, con nuevos enfoques, para volver a meterle presión a la Asamblea.
Según la ministra, necesitamos una ley que realmente nos proteja, porque en el mundo de las finanzas hay una gran diferencia de poder entre nosotros, los consumidores, y las empresas. Ellos saben leer letra pequeña y tienen abogados a reventones, mientras que nosotros, la mayoría, vamos medio a tientas. El Estado, según ella, tiene la obligación de nivelar el terreno de juego. Qué lindo suena eso, diay, esperemos que se traduzca en algo concreto.
Manuel Morales, el diputado oficialista que parece estar apoyando la idea, comenta que intentarán presentar este nuevo proyecto en febrero. Esperemos que sí, aunque conociendo la dinámica de la Asamblea, uno nunca sabe qué puede pasar. A veces, por culpa de unos cuantos mañosos, los proyectos buenos se van al traste, y ahí nos quedamos con la cara de turcos.
Lo que más preocupa es que, según cuenta la propia ministra, hubo “emociones que cambiaban la esencia del proyecto”. ¿Qué quiere decir con eso? Aparentemente, hubo roces con respecto a quién debía tener la potestad de vigilar cómo actúan los prestamistas. Algunos querían que fuera la Superintendencia, otros, el MEIC. Esta vara, aparentemente, sigue generando polémica, y eso dificulta mucho avanzar. ¡Un verdadero chinchorreo!
Morales asegura que ahora buscarán llegar a un acuerdo con la banca, los empresarios, la Defensoría de los Consumidores y hasta con la gente de a pie. A ver si así logran construir un consenso sólido y evitar que intereses particulares frenen el avance de este proyecto. Porque, honestamente, nos late a todos tener una red de seguridad cuando se trata de nuestras papas fritas.
Y es que no es ningún secreto que muchos costarricenses han caído en trampas financieras, engaños disfrazados de oportunidades. Desde préstamos con tasas altísimas hasta seguros que no cubren ni el parche. Una ley clara y efectiva podría ayudar a prevenir estas situaciones y darle más herramientas a los consumidores para reclamar sus derechos. Pero también es importante que nosotros, como consumidores, hagamos nuestra parte: leer bien los contratos, investigar antes de firmar y no dejarnos llevar por las apariencias. No vaya a ser que nos jale una torta por falta de cuidado.
Así que acá les dejo la pregunta pa’ el Foro: ¿Ustedes creen que realmente podemos esperar una ley que nos proteja de forma efectiva en materia financiera, o esto seguirá siendo un círculo vicioso donde los bancos se salen con la suya? ¿Será posible lograr un cambio real o este proyecto simplemente se irá al traste como tantos otros?
La movida es que hace poquito, allá por el 2024, presentaron un borrador basado en recomendaciones de la OCDE, pero las cosas no pintaron color de rosa. Los diputados, esos mismos que se supone que nos representan, no le dieron el visto bueno. Un despiche total, si me preguntan. Ahora, la ministra Rojas dice que andan sacando otro proyecto, con nuevos enfoques, para volver a meterle presión a la Asamblea.
Según la ministra, necesitamos una ley que realmente nos proteja, porque en el mundo de las finanzas hay una gran diferencia de poder entre nosotros, los consumidores, y las empresas. Ellos saben leer letra pequeña y tienen abogados a reventones, mientras que nosotros, la mayoría, vamos medio a tientas. El Estado, según ella, tiene la obligación de nivelar el terreno de juego. Qué lindo suena eso, diay, esperemos que se traduzca en algo concreto.
Manuel Morales, el diputado oficialista que parece estar apoyando la idea, comenta que intentarán presentar este nuevo proyecto en febrero. Esperemos que sí, aunque conociendo la dinámica de la Asamblea, uno nunca sabe qué puede pasar. A veces, por culpa de unos cuantos mañosos, los proyectos buenos se van al traste, y ahí nos quedamos con la cara de turcos.
Lo que más preocupa es que, según cuenta la propia ministra, hubo “emociones que cambiaban la esencia del proyecto”. ¿Qué quiere decir con eso? Aparentemente, hubo roces con respecto a quién debía tener la potestad de vigilar cómo actúan los prestamistas. Algunos querían que fuera la Superintendencia, otros, el MEIC. Esta vara, aparentemente, sigue generando polémica, y eso dificulta mucho avanzar. ¡Un verdadero chinchorreo!
Morales asegura que ahora buscarán llegar a un acuerdo con la banca, los empresarios, la Defensoría de los Consumidores y hasta con la gente de a pie. A ver si así logran construir un consenso sólido y evitar que intereses particulares frenen el avance de este proyecto. Porque, honestamente, nos late a todos tener una red de seguridad cuando se trata de nuestras papas fritas.
Y es que no es ningún secreto que muchos costarricenses han caído en trampas financieras, engaños disfrazados de oportunidades. Desde préstamos con tasas altísimas hasta seguros que no cubren ni el parche. Una ley clara y efectiva podría ayudar a prevenir estas situaciones y darle más herramientas a los consumidores para reclamar sus derechos. Pero también es importante que nosotros, como consumidores, hagamos nuestra parte: leer bien los contratos, investigar antes de firmar y no dejarnos llevar por las apariencias. No vaya a ser que nos jale una torta por falta de cuidado.
Así que acá les dejo la pregunta pa’ el Foro: ¿Ustedes creen que realmente podemos esperar una ley que nos proteja de forma efectiva en materia financiera, o esto seguirá siendo un círculo vicioso donde los bancos se salen con la suya? ¿Será posible lograr un cambio real o este proyecto simplemente se irá al traste como tantos otros?
