¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con moviditas en el mundo de las pensiones. Resulta que la Superintendencia de Pensiones (Supen) soltó un informe que dejó a muchos con la boca abierta: parece que Vida Plena, esa operadora que maneja la lana de muchísima gente, anda con un brete raro en sus nombramientos. Y no es cualquier cosita, ¡hablamos de gente sin la calificación adecuada!
La jugada es así: la Supen revisó a fondo quiénes andaban manejando las riendas en Vida Plena, y encontraron que Dixie Campos Salazar, quien además es la presidenta de la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de Ande), estaba ahí, haciendo y deshaciendo, a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos. ¡Un cachivache! Y eso no es todo, porque la propia Sugef ya le había puesto el dedo encima a la planilla de Caja de Ande por lo mismo.
El reporte, lleno de tecnicismos y papeles, explica que la Supen evaluó los nombramientos basándose en la ley y el reglamento de idoneidad. Lo que encontraron es que Campos Salazar, desde el 2022, lleva representando a ANDE en juntas directivas, pero le faltan esos cinco años de experiencia que exige la ley. ¡Imagínate, cinco años! Parece mucho, pero para la Supen es la diferencia entre andar bien o irse al traste.
Pero la cosa no se queda ahí, mi pana. También detectaron que Carmen Brenes Pérez, la prosecretaria, tampoco cumplía con los requisitos. Le faltan los tres años de experiencia en puestos de alta gerencia, y ni hablar de la documentación que respalde su formación académica. ¡Parece que alguien no hizo bien los deberes!
La Supen, en un estilo bastante formal, les puso las cosas claras a Vida Plena: estos nombramientos pueden poner en riesgo la estabilidad de la institución, especialmente porque se trata de decisiones que afectan directamente las pensiones de miles de educadores. ¡Esto sí que es una vara seria! La junta directiva ahora tiene que analizar la situación y tomar decisiones responsables… aunque sabemos cómo suelen funcionar estas cosas.
Y hablando de números, Vida Plena maneja una suma considerable: ¡más de ¢1.6 billones! Eso representa el 11% de todos los recursos que administran las operadoras de pensiones en el país. Piensen en eso mientras gastan su café con leche. Se trata de mucha lana, y necesita estar en manos de gente que sepa qué hacer con ella.
Lo más curioso es que esta no es la primera vez que pasa algo así. Semanas atrás, CR Hoy reveló que la directiva de Caja de Ande también había nombrado a Campos Salazar presidenta, ignorando las advertencias de la Sugef. Además, ocho de los once miembros de la junta directiva carecían de los requisitos necesarios. ¡Una verdadera torta! Parece que la idoneidad no es precisamente la prioridad número uno por allá.
En fin, otro capítulo más en la novela de las pensiones en Costa Rica. Esta situación nos hace preguntarnos: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se nombren personas sin la preparación adecuada en posiciones de tanta responsabilidad? ¿Será que necesitamos una revisión más profunda de los procesos de selección y control para evitar que estos embrollos sigan ocurriendo?
La jugada es así: la Supen revisó a fondo quiénes andaban manejando las riendas en Vida Plena, y encontraron que Dixie Campos Salazar, quien además es la presidenta de la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de Ande), estaba ahí, haciendo y deshaciendo, a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos. ¡Un cachivache! Y eso no es todo, porque la propia Sugef ya le había puesto el dedo encima a la planilla de Caja de Ande por lo mismo.
El reporte, lleno de tecnicismos y papeles, explica que la Supen evaluó los nombramientos basándose en la ley y el reglamento de idoneidad. Lo que encontraron es que Campos Salazar, desde el 2022, lleva representando a ANDE en juntas directivas, pero le faltan esos cinco años de experiencia que exige la ley. ¡Imagínate, cinco años! Parece mucho, pero para la Supen es la diferencia entre andar bien o irse al traste.
Pero la cosa no se queda ahí, mi pana. También detectaron que Carmen Brenes Pérez, la prosecretaria, tampoco cumplía con los requisitos. Le faltan los tres años de experiencia en puestos de alta gerencia, y ni hablar de la documentación que respalde su formación académica. ¡Parece que alguien no hizo bien los deberes!
La Supen, en un estilo bastante formal, les puso las cosas claras a Vida Plena: estos nombramientos pueden poner en riesgo la estabilidad de la institución, especialmente porque se trata de decisiones que afectan directamente las pensiones de miles de educadores. ¡Esto sí que es una vara seria! La junta directiva ahora tiene que analizar la situación y tomar decisiones responsables… aunque sabemos cómo suelen funcionar estas cosas.
Y hablando de números, Vida Plena maneja una suma considerable: ¡más de ¢1.6 billones! Eso representa el 11% de todos los recursos que administran las operadoras de pensiones en el país. Piensen en eso mientras gastan su café con leche. Se trata de mucha lana, y necesita estar en manos de gente que sepa qué hacer con ella.
Lo más curioso es que esta no es la primera vez que pasa algo así. Semanas atrás, CR Hoy reveló que la directiva de Caja de Ande también había nombrado a Campos Salazar presidenta, ignorando las advertencias de la Sugef. Además, ocho de los once miembros de la junta directiva carecían de los requisitos necesarios. ¡Una verdadera torta! Parece que la idoneidad no es precisamente la prioridad número uno por allá.
En fin, otro capítulo más en la novela de las pensiones en Costa Rica. Esta situación nos hace preguntarnos: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se nombren personas sin la preparación adecuada en posiciones de tanta responsabilidad? ¿Será que necesitamos una revisión más profunda de los procesos de selección y control para evitar que estos embrollos sigan ocurriendo?
