¡Ay, Dios mío! ¿Se imaginan tener que esperar seis años para una cita médica? Pues eso le pasó a don Ricardo, un señor de 80 años con problemas de espalda que dan pena. La CCSS lo tenía agendado para una valoración en 2031, ¡metafóricamente hablando, para cuando ya esté juntando polvo! Este caso, que ha levantado un polvorón nacional, nos demuestra que la crisis en la Caja no solo afecta la salud, sino también la dignidad de nuestros adultos mayores.
La historia es así: don Ricardo lleva batallando con dolores de columna y cadera desde hace tiempo. Necesitaba urgentemente una evaluación médica para ver qué se podía hacer por él. Pero, ¡tremenda torta!, en lugar de eso recibió una notificación que parecía sacada de una novela de terror: su cita había sido reprogramada para el lejano año de 2031. Eso significa doce largos años de sufrimiento y angustia, esperando a que alguien, en algún momento, le preste atención.
Según el expediente, la saga de reprogramaciones empezó en 2019, cuando le dieron una cita inicial. Luego, ¡y aquí viene lo peor!, comenzaron a mover la fecha sin ningún tipo de consideración. Primero al 2021, luego al 2023, después al 2026, y finalmente, ¡bam!, al 2031. Como dice mi abu, "lo fueron pasando de mano en mano como si fuera una cartera llena de chunches". Cada vez más lejos, cada vez más difícil, cada vez más desesperanzador.
La desesperación de la familia de don Ricardo era palpable. Intentaron hablar con funcionarios de la CCSS, pero nadie les daba una solución concreta. Se sentían frustrados, impotentes ante la ineficiencia del sistema. Era evidente que estaban luchando contra un muro de burocracia, donde la humanidad quedaba relegada a un segundo plano. “Le decíamos ‘don Ricardo, espere un poco’, pero ¿cómo esperas casi siete años?”, cuenta su hija, visiblemente afectada.
Pero la familia no se rindió. Decidieron recurrir a la justicia, presentando un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Y ahí, amigos, llegó la luz al final del túnel. La Sala, consternada por la situación, emitió una medida cautelar de urgencia, exigiendo al Hospital de Alajuela que atendiera a don Ricardo de manera inmediata. Denisse Mora, la vocera de la Sala, declaró que el plazo de espera impuesto al anciano vulneraba sus derechos fundamentales, especialmente su derecho a la salud y a una atención médica oportuna. “Esto es inadmisible”, afirmó.
Y esto no es un caso aislado, muchachos. La realidad es que la Sala Constitucional se ha convertido en la última esperanza para miles de costarricenses que no pueden acceder a la atención médica que necesitan a través de los canales regulares. Las cifras son escalofriantes: en 2023 tramitaron 13 mil casos de salud, en 2024 la cifra se disparó a 16 mil, y este año ya van 11 mil. Mientras tanto, ¡más de un millón de personas están en listas de espera! La Sala está haciendo todo lo posible para resolver estos casos en un plazo razonable, pero es claro que el sistema sanitario necesita un cambio radical.
Analistas políticos señalan que este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar la CCSS, mejorando su eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta. Algunos sugieren invertir en tecnología, contratar más personal y descentralizar los servicios. Otros abogan por explorar modelos de financiamiento alternativos, como seguros privados complementarios. Lo que sí es seguro es que la situación actual es insostenible y requiere de soluciones audaces e innovadoras. Además, parece que el famoso plan de choque propuesto por la Ministra nunca logró despegar del suelo, dejando a miles de pacientes varados en interminables filas de espera... ¡qué brete!
En fin, la historia de don Ricardo es un duro recordatorio de que la salud es un derecho fundamental, no un privilegio. Y nos obliga a preguntarnos: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para permitir que nuestro sistema de salud siga funcionando de esta manera caótica e inhumana? ¿Deberíamos exigir responsabilidades a los directivos de la CCSS o es hora de replantearnos el modelo de atención médica en Costa Rica?
La historia es así: don Ricardo lleva batallando con dolores de columna y cadera desde hace tiempo. Necesitaba urgentemente una evaluación médica para ver qué se podía hacer por él. Pero, ¡tremenda torta!, en lugar de eso recibió una notificación que parecía sacada de una novela de terror: su cita había sido reprogramada para el lejano año de 2031. Eso significa doce largos años de sufrimiento y angustia, esperando a que alguien, en algún momento, le preste atención.
Según el expediente, la saga de reprogramaciones empezó en 2019, cuando le dieron una cita inicial. Luego, ¡y aquí viene lo peor!, comenzaron a mover la fecha sin ningún tipo de consideración. Primero al 2021, luego al 2023, después al 2026, y finalmente, ¡bam!, al 2031. Como dice mi abu, "lo fueron pasando de mano en mano como si fuera una cartera llena de chunches". Cada vez más lejos, cada vez más difícil, cada vez más desesperanzador.
La desesperación de la familia de don Ricardo era palpable. Intentaron hablar con funcionarios de la CCSS, pero nadie les daba una solución concreta. Se sentían frustrados, impotentes ante la ineficiencia del sistema. Era evidente que estaban luchando contra un muro de burocracia, donde la humanidad quedaba relegada a un segundo plano. “Le decíamos ‘don Ricardo, espere un poco’, pero ¿cómo esperas casi siete años?”, cuenta su hija, visiblemente afectada.
Pero la familia no se rindió. Decidieron recurrir a la justicia, presentando un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Y ahí, amigos, llegó la luz al final del túnel. La Sala, consternada por la situación, emitió una medida cautelar de urgencia, exigiendo al Hospital de Alajuela que atendiera a don Ricardo de manera inmediata. Denisse Mora, la vocera de la Sala, declaró que el plazo de espera impuesto al anciano vulneraba sus derechos fundamentales, especialmente su derecho a la salud y a una atención médica oportuna. “Esto es inadmisible”, afirmó.
Y esto no es un caso aislado, muchachos. La realidad es que la Sala Constitucional se ha convertido en la última esperanza para miles de costarricenses que no pueden acceder a la atención médica que necesitan a través de los canales regulares. Las cifras son escalofriantes: en 2023 tramitaron 13 mil casos de salud, en 2024 la cifra se disparó a 16 mil, y este año ya van 11 mil. Mientras tanto, ¡más de un millón de personas están en listas de espera! La Sala está haciendo todo lo posible para resolver estos casos en un plazo razonable, pero es claro que el sistema sanitario necesita un cambio radical.
Analistas políticos señalan que este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar la CCSS, mejorando su eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta. Algunos sugieren invertir en tecnología, contratar más personal y descentralizar los servicios. Otros abogan por explorar modelos de financiamiento alternativos, como seguros privados complementarios. Lo que sí es seguro es que la situación actual es insostenible y requiere de soluciones audaces e innovadoras. Además, parece que el famoso plan de choque propuesto por la Ministra nunca logró despegar del suelo, dejando a miles de pacientes varados en interminables filas de espera... ¡qué brete!
En fin, la historia de don Ricardo es un duro recordatorio de que la salud es un derecho fundamental, no un privilegio. Y nos obliga a preguntarnos: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para permitir que nuestro sistema de salud siga funcionando de esta manera caótica e inhumana? ¿Deberíamos exigir responsabilidades a los directivos de la CCSS o es hora de replantearnos el modelo de atención médica en Costa Rica?
