¡Ay, Dios mío! Resulta que los contratos del Proeri, ese proyecto grandote del gobierno para arreglar carreteras, escuelas y casas después de toda la bronca de estos años, andan como patitos en charco, listos pa’ que les pase encima cualquier cosa. Una auditoría interna del Conavi sacó a relucir que hay un montón de trabas y laxezas que podrían mandar los precios por las nubes y hasta echar a perder todo el proyecto.
Pa’ ponerlos en contexto, el Proeri nació con la promesa de restaurar más de 500 obras inconclusas, valoradas en unos 700 millones de dólares. Ese dinerito viene de un préstamo del BCIE, así que imagínate la presión que tienen. Se supone que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) debía estar coordinando todo esto, pero parece que hubo algunos descuidos gordísimos en la forma como se hicieron los contratos. ¡Qué torta!
La Auditoría Interna del Conavi echó un ojo a 20 contratos y descubrió que solo 10 cumplieron con todas las normas. ¡Imagínatelo! Ocho estaban repletos de irregularidades y otros dos todavía están en proceso de aprobación. Esto, señores, no es precisamente motivo de celebración. Según el informe, la situación es tan seria que se considera un “riesgo de criticidad inherente alta”. Vamos, que las cosas pueden complicarse bastante.
La pega principal es que muchos contratos no tenían los documentos necesarios para que la administración pudiera controlar bien los pagos. Eso abre la puerta a sobrefacturación y a que los contratistas empiecen a reclamar porque no hay acuerdos claros sobre cómo van a hacer el trabajo. Además, la falta de información confiable dificulta mucho que los ciudadanos podamos saber qué está pasando con nuestro dinero. ¡Un brete!
Para darle más sabor a la cosa, la auditoría destacó algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, en un contrato, el programa de trabajo venía en formato PDF, sin la firma del contratista. Otro tenía la aprobación por correo electrónico, ¡sin ningún documento adjunto! Y en varios casos, la aprobación llegó de la empresa supervisora en lugar de la propia administración del Conavi. ¡Pareciera que alguien anda jugando a las escondidas con la ley!
Si esto sigue así, podríamos tener problemas muy grandes. No solo se retrasarán las obras y aumentarán los costos, sino que también podríamos enfrentar juicios legales y perdemos la confianza de la gente. Después de todo lo que hemos vivido, no podemos permitirnos que este tipo de situaciones nos echen para atrás. Hay que ponerle pausa y corregir el rumbo, rápido.
Ahora, el Conavi dice que va a analizar la situación y tomar medidas, pero la Auditoría pide que le informen en 10 días qué van a hacer. Esperemos que no se queden solamente en promesas vacías. Tenemos que exigir transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Que sepan que nosotros, los ciudadanos, estamos ahí arriba, mirando todo con lupa.
En fin, este lío con el Proeri nos deja varias preguntas en el aire. ¿Cómo es posible que se hayan cometido estas deficiencias a pesar de la importancia del proyecto? ¿Quién va a asumir la responsabilidad por estos errores? Y lo más importante: ¿qué medidas concretas se van a implementar para evitar que esto vuelva a pasar? Dicen que la prevención es la clave, pero a veces parece que en Costa Rica nos gusta inventarnos los problemas primero... Así que, díganme, ¿creen que el gobierno logrará rescatar el Proeri y evitar que se vaya todo al traste?
Pa’ ponerlos en contexto, el Proeri nació con la promesa de restaurar más de 500 obras inconclusas, valoradas en unos 700 millones de dólares. Ese dinerito viene de un préstamo del BCIE, así que imagínate la presión que tienen. Se supone que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) debía estar coordinando todo esto, pero parece que hubo algunos descuidos gordísimos en la forma como se hicieron los contratos. ¡Qué torta!
La Auditoría Interna del Conavi echó un ojo a 20 contratos y descubrió que solo 10 cumplieron con todas las normas. ¡Imagínatelo! Ocho estaban repletos de irregularidades y otros dos todavía están en proceso de aprobación. Esto, señores, no es precisamente motivo de celebración. Según el informe, la situación es tan seria que se considera un “riesgo de criticidad inherente alta”. Vamos, que las cosas pueden complicarse bastante.
La pega principal es que muchos contratos no tenían los documentos necesarios para que la administración pudiera controlar bien los pagos. Eso abre la puerta a sobrefacturación y a que los contratistas empiecen a reclamar porque no hay acuerdos claros sobre cómo van a hacer el trabajo. Además, la falta de información confiable dificulta mucho que los ciudadanos podamos saber qué está pasando con nuestro dinero. ¡Un brete!
Para darle más sabor a la cosa, la auditoría destacó algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, en un contrato, el programa de trabajo venía en formato PDF, sin la firma del contratista. Otro tenía la aprobación por correo electrónico, ¡sin ningún documento adjunto! Y en varios casos, la aprobación llegó de la empresa supervisora en lugar de la propia administración del Conavi. ¡Pareciera que alguien anda jugando a las escondidas con la ley!
Si esto sigue así, podríamos tener problemas muy grandes. No solo se retrasarán las obras y aumentarán los costos, sino que también podríamos enfrentar juicios legales y perdemos la confianza de la gente. Después de todo lo que hemos vivido, no podemos permitirnos que este tipo de situaciones nos echen para atrás. Hay que ponerle pausa y corregir el rumbo, rápido.
Ahora, el Conavi dice que va a analizar la situación y tomar medidas, pero la Auditoría pide que le informen en 10 días qué van a hacer. Esperemos que no se queden solamente en promesas vacías. Tenemos que exigir transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Que sepan que nosotros, los ciudadanos, estamos ahí arriba, mirando todo con lupa.
En fin, este lío con el Proeri nos deja varias preguntas en el aire. ¿Cómo es posible que se hayan cometido estas deficiencias a pesar de la importancia del proyecto? ¿Quién va a asumir la responsabilidad por estos errores? Y lo más importante: ¿qué medidas concretas se van a implementar para evitar que esto vuelva a pasar? Dicen que la prevención es la clave, pero a veces parece que en Costa Rica nos gusta inventarnos los problemas primero... Así que, díganme, ¿creen que el gobierno logrará rescatar el Proeri y evitar que se vaya todo al traste?
