¡Ay, Dios mío! La situación se puso bien fea, fíjate tú. Resulta que cientos de familias en Costa Rica que están dedicando sus vidas a cuidar a sus seres queridos –ancianos, niños con enfermedades graves, personas con discapacidad– están a punto de quedarse sin el apoyo económico que necesitan. Un despache tremendo, si me preguntas.
Todo esto viene porque se acabaron los fondos destinados para las licencias de cuidado dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Parece mentira, pero sí, el erario público dejó de tener billete para seguir pagando esas ayudas que son cruciales para muchísima gente. Imagínate, la situación es más seria de lo que parece; estamos hablando de personas que dependen de ese dinerito para poder comprar comida, medicinas e incluso pagar el arriendo. ¡Un brete!
Según información de la CCSS, este año se destinaron ¢3.952 millones para este programa, pero esos guaritos volaron rapidísimo. Ahora hay un déficit de casi ¢2.700 millones, ¡una suma considerable! Esto significa que más de 600 licencias ya fueron suspendidas y se estima que esa cifra podría llegar fácilmente a superar los mil casos antes de que termine el año. Una verdadera calamidad, vamos.
Para intentar ponerle un parche a esta papa caliente, los diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley para autorizar al Gobierno a buscar recursos adicionales en el Presupuesto Nacional. Se aprobó rápido en la comisión de asuntos hacendarios, ¡gracias a Dios!, pero todavía tiene que pasar por el plenario donde, ay, quién sabe qué va a pasar. Que aprueben esto pronto, porque la gente está desesperada.
Ivonne Brenes, una de las afectadas, nos contó que su familia lleva varios meses sin recibir el subsidio que les correspondía por ley. “Hemos dejado de percibirlo desde agosto,” nos dijo con cara de preocupación. “Esta aprobación le da un respiro económico a las familias que estamos cuidando a nuestros allegados. Esperemos que nadie tenga que sufrir lo que nosotros hemos pasado por falta de previsión.” Es una pena que tengan que pasar por eso, pero al menos hay una luz de esperanza.
El diputado Jonathan Acuña también salió al paso, haciendo un llamado a todos los legisladores para que apoyen la iniciativa con firmeza. “No podemos jugar con la vida de la gente,” enfatizó. “Tenemos que actuar con responsabilidad y aprobar este proyecto lo antes posible. Si no, la situación se puede salir de control y miles de familias podrían verse afectadas.” Tiene toda la razón del mundo, los políticos deberían pensar en la gente primero.
Pero no solo el Frente Amplio está moviendo hilos. La Defensoría de los Habitantes también metió mano y contactó a varias instituciones gubernamentales como el PANI, INAMU, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, pidiéndoles que consideren destinar algunos recursos temporales para paliar la emergencia. Veremos si logran conseguir algo, aunque sería una solución parchada hasta que se encuentren mecanismos más permanentes. Esto demuestra que la crisis es tan grave que requiere una respuesta coordinada de todas las partes involucradas.
En fin, la cosa está complicada, pero aún hay tiempo para darle solución. Ahora te pregunto, chunche: ¿crees que el gobierno debería priorizar la búsqueda de recursos para las licencias de cuidado, incluso si eso implica recortar otros gastos? ¿Y qué medidas a largo plazo se podrían implementar para evitar que esta situación se repita?
Todo esto viene porque se acabaron los fondos destinados para las licencias de cuidado dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Parece mentira, pero sí, el erario público dejó de tener billete para seguir pagando esas ayudas que son cruciales para muchísima gente. Imagínate, la situación es más seria de lo que parece; estamos hablando de personas que dependen de ese dinerito para poder comprar comida, medicinas e incluso pagar el arriendo. ¡Un brete!
Según información de la CCSS, este año se destinaron ¢3.952 millones para este programa, pero esos guaritos volaron rapidísimo. Ahora hay un déficit de casi ¢2.700 millones, ¡una suma considerable! Esto significa que más de 600 licencias ya fueron suspendidas y se estima que esa cifra podría llegar fácilmente a superar los mil casos antes de que termine el año. Una verdadera calamidad, vamos.
Para intentar ponerle un parche a esta papa caliente, los diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley para autorizar al Gobierno a buscar recursos adicionales en el Presupuesto Nacional. Se aprobó rápido en la comisión de asuntos hacendarios, ¡gracias a Dios!, pero todavía tiene que pasar por el plenario donde, ay, quién sabe qué va a pasar. Que aprueben esto pronto, porque la gente está desesperada.
Ivonne Brenes, una de las afectadas, nos contó que su familia lleva varios meses sin recibir el subsidio que les correspondía por ley. “Hemos dejado de percibirlo desde agosto,” nos dijo con cara de preocupación. “Esta aprobación le da un respiro económico a las familias que estamos cuidando a nuestros allegados. Esperemos que nadie tenga que sufrir lo que nosotros hemos pasado por falta de previsión.” Es una pena que tengan que pasar por eso, pero al menos hay una luz de esperanza.
El diputado Jonathan Acuña también salió al paso, haciendo un llamado a todos los legisladores para que apoyen la iniciativa con firmeza. “No podemos jugar con la vida de la gente,” enfatizó. “Tenemos que actuar con responsabilidad y aprobar este proyecto lo antes posible. Si no, la situación se puede salir de control y miles de familias podrían verse afectadas.” Tiene toda la razón del mundo, los políticos deberían pensar en la gente primero.
Pero no solo el Frente Amplio está moviendo hilos. La Defensoría de los Habitantes también metió mano y contactó a varias instituciones gubernamentales como el PANI, INAMU, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, pidiéndoles que consideren destinar algunos recursos temporales para paliar la emergencia. Veremos si logran conseguir algo, aunque sería una solución parchada hasta que se encuentren mecanismos más permanentes. Esto demuestra que la crisis es tan grave que requiere una respuesta coordinada de todas las partes involucradas.
En fin, la cosa está complicada, pero aún hay tiempo para darle solución. Ahora te pregunto, chunche: ¿crees que el gobierno debería priorizar la búsqueda de recursos para las licencias de cuidado, incluso si eso implica recortar otros gastos? ¿Y qué medidas a largo plazo se podrían implementar para evitar que esta situación se repita?
