¡Ay, Dios mío! Quién lo diría, la Sala Cuarta le metió hielo a la Sutel y al Micitt, frenando la esperada (o no tanto, según quién mire) subasta de frecuencias de radio y televisión. Un recurso de amparo interpuesto por Canartel sacudió la mesa y ahora las licitaciones están congeladas, dejando a todos con la mosca detrás de la oreja preguntándose qué pasará con nuestras emisoras favoritas.
Para refrescarles la memoria, la polémica gira en torno a cómo se diseñó el pliego de condiciones para la subasta. Según Canartel, la jugada es demasiado general y no diferencia entre los distintos tipos de emisoras: las comerciales, las culturales, las religiosas, las comunitarias y hasta las educativas. Se quejan, y con razón, de que se les puso trabas enormes, especialmente a las estaciones más chiquitas, esas que le ponen sabor a nuestra vida diaria, ¿me entienden?
Y es que no es broma, la asociación argumenta que se impusieron tres tipos de barreras que realmente aprietan el clavo: una económica que hace que participar sea casi imposible para algunos, una social que discrimina a quienes no tienen acceso a internet ni televisión de paga (¡y esos somos muchos!), y una técnica que exige equipos y conocimientos que no todo el mundo tiene. En pocas palabras, parece que se preparó todo para favorecer a los peces gordos y dejar fuera a los que le ponemos empeño y cariño a la radio comunitaria.
Además, y esto también es importante, señalan que la población más humilde no puede permitirse planes de internet o televisión de pago. ¿En serio vamos a permitir que la información y el entretenimiento sean un lujo? Eso va en contra de todo lo que defendemos como sociedad costarricense, ¿no creen? Estamos hablando de limitar el acceso a la cultura, a la educación y a la participación ciudadana.
Canartel le pide a la Sala Cuarta que declare inconstitucional este pliego de condiciones, porque consideran que vulnera nuestros derechos fundamentales. Argumentan que restringe la libertad de expresión, limita el pluralismo informativo y dificulta el acceso a las telecomunicaciones. Básicamente, quieren que nos podamos expresar libremente y tener opciones para informarnos y entretenernos, sin que nadie nos ponga trabas injustas.
Por si fuera poco, también piden que se obligue al Poder Ejecutivo y a la Sutel a rediseñar el proceso para asignar las frecuencias. Quieren que se haga de forma justa y transparente, dando oportunidad a todos los interesados. Y también reclaman que respondan a las solicitudes de prórroga de concesión que han estado pendientes desde diciembre de 2022. ¡Ya van varias Navidades esperando respuesta!, ¿eh?
Como si esto no fuera suficiente, el magistrado Paul Rueda Leal ya había suspendido las licitaciones –AM, FM y TV digital– antes de que la Sala Cuarta tomara esta decisión. Según el comunicado oficial, lo hizo para evitar un daño mayor, pues temían que muchas emisoras tuvieran que cerrar sus puertas si se seguía adelante con la subasta tal como estaba planeada. Imaginémonos, ¡podríamos perder hasta dos tercios de las emisoras que conocemos! Una verdadera tragedia para la diversidad cultural de nuestro país, díganlo ustedes.
Ahora, la pelota está en el techo de la Sala Cuarta. Tendrán que analizar cuidadosamente este recurso de amparo y decidir si la subasta debe continuar o no. Esto abre un debate crucial sobre el futuro de la radio y la televisión en Costa Rica. ¿Será posible encontrar un equilibrio justo que proteja los intereses de todos, tanto de las grandes empresas como de las emisoras comunitarias y religiosas? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la diversidad mediática en aras de la eficiencia económica? Y lo más importante, ¿qué medidas debemos tomar para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la información y al entretenimiento, independientemente de sus ingresos o ubicación geográfica? Compartan sus opiniones en el foro, ¡esto necesita una buena conversación!
Para refrescarles la memoria, la polémica gira en torno a cómo se diseñó el pliego de condiciones para la subasta. Según Canartel, la jugada es demasiado general y no diferencia entre los distintos tipos de emisoras: las comerciales, las culturales, las religiosas, las comunitarias y hasta las educativas. Se quejan, y con razón, de que se les puso trabas enormes, especialmente a las estaciones más chiquitas, esas que le ponen sabor a nuestra vida diaria, ¿me entienden?
Y es que no es broma, la asociación argumenta que se impusieron tres tipos de barreras que realmente aprietan el clavo: una económica que hace que participar sea casi imposible para algunos, una social que discrimina a quienes no tienen acceso a internet ni televisión de paga (¡y esos somos muchos!), y una técnica que exige equipos y conocimientos que no todo el mundo tiene. En pocas palabras, parece que se preparó todo para favorecer a los peces gordos y dejar fuera a los que le ponemos empeño y cariño a la radio comunitaria.
Además, y esto también es importante, señalan que la población más humilde no puede permitirse planes de internet o televisión de pago. ¿En serio vamos a permitir que la información y el entretenimiento sean un lujo? Eso va en contra de todo lo que defendemos como sociedad costarricense, ¿no creen? Estamos hablando de limitar el acceso a la cultura, a la educación y a la participación ciudadana.
Canartel le pide a la Sala Cuarta que declare inconstitucional este pliego de condiciones, porque consideran que vulnera nuestros derechos fundamentales. Argumentan que restringe la libertad de expresión, limita el pluralismo informativo y dificulta el acceso a las telecomunicaciones. Básicamente, quieren que nos podamos expresar libremente y tener opciones para informarnos y entretenernos, sin que nadie nos ponga trabas injustas.
Por si fuera poco, también piden que se obligue al Poder Ejecutivo y a la Sutel a rediseñar el proceso para asignar las frecuencias. Quieren que se haga de forma justa y transparente, dando oportunidad a todos los interesados. Y también reclaman que respondan a las solicitudes de prórroga de concesión que han estado pendientes desde diciembre de 2022. ¡Ya van varias Navidades esperando respuesta!, ¿eh?
Como si esto no fuera suficiente, el magistrado Paul Rueda Leal ya había suspendido las licitaciones –AM, FM y TV digital– antes de que la Sala Cuarta tomara esta decisión. Según el comunicado oficial, lo hizo para evitar un daño mayor, pues temían que muchas emisoras tuvieran que cerrar sus puertas si se seguía adelante con la subasta tal como estaba planeada. Imaginémonos, ¡podríamos perder hasta dos tercios de las emisoras que conocemos! Una verdadera tragedia para la diversidad cultural de nuestro país, díganlo ustedes.
Ahora, la pelota está en el techo de la Sala Cuarta. Tendrán que analizar cuidadosamente este recurso de amparo y decidir si la subasta debe continuar o no. Esto abre un debate crucial sobre el futuro de la radio y la televisión en Costa Rica. ¿Será posible encontrar un equilibrio justo que proteja los intereses de todos, tanto de las grandes empresas como de las emisoras comunitarias y religiosas? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la diversidad mediática en aras de la eficiencia económica? Y lo más importante, ¿qué medidas debemos tomar para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la información y al entretenimiento, independientemente de sus ingresos o ubicación geográfica? Compartan sus opiniones en el foro, ¡esto necesita una buena conversación!
