Seguridad en cercanías del Aeropuerto Juan Santamaría se convierte en Alerta Internacional

Scar1987 · 5 Mar 2025

No sé porqué el gobierno en tema de seguridad está siendo muy blando, no toman acción, pasamos viendo cómo hay más y más delincuencia, peligro en la calle, y nada pasa, es una lástima!

merlin199 · 8 Mar 2025

El problema de la inseguridad en nuestro pais esta grave ni el poder ejecutivo ni el legsilativo se ponen de acuerdo en solucionar este problema y siguen con sus peleas de ego mientras la población sufre y muere en manos de la delicuencia

misterhunterbig · 1 Apr 2025

Los aeropuertos y las ciudades cercanas deben ser seguras. El control de seguridad no debe limitarse a las instalaciones del aeropuerto sino que debe extenderse. Esto nos deja muy mal internacionalmente.

GUAYACAN · 2 Apr 2025

Solo actúan cuando la delincuencia afecta la economía o la imagen del país, la verdad es parte dela idiosincracia ocultar los problemas graves ya aparentar que todo este bien

Mariana2025 · 3 Apr 2025

Me parece que sí deberían de poner vigilancia a los alrededores del aeropuerto ya que por ahí es muy solo y muy peligroso

amerikakrn · 30 Apr 2025

Estudiante Periodismo dijo:
La seguridad en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría ha escalado a un nivel de preocupación que trasciende fronteras.

Recientemente, la Embajada de Estados Unidos emitió una advertencia a sus ciudadanos sobre ataques a vehículos en esta zona, señalando un incremento en los incidentes delictivos que afectan tanto a turistas como a locales. Esta situación no solo pone en entredicho la imagen de Costa Rica como destino seguro, sino que también evidencia tensiones latentes entre los poderes Ejecutivo y Judicial en la gestión de la seguridad ciudadana.

Fuentes cercanas al gobierno han confirmado extraoficialmente que se está intensificando la vigilancia en los alrededores del aeropuerto.

La Fuerza Pública ha incrementado su presencia y ha logrado detener a varios individuos implicados en estos actos delictivos.

Sin embargo, la frustración es palpable entre los oficiales, ya que, tras ser presentados ante el sistema judicial, muchos de estos perpetradores recuperan su libertad en poco tiempo.
Este ciclo de detención y liberación genera una sensación de impunidad que socava la moral de las fuerzas del orden y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Este escenario pone de relieve las diferencias estructurales y operativas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en Costa Rica.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad Pública, es responsable de la ejecución de políticas de seguridad y del mantenimiento del orden público.

Por su parte, el Poder Judicial tiene la tarea de interpretar y aplicar las leyes, garantizando el debido proceso y protegiendo los derechos fundamentales de las personas.

Esta separación de funciones, aunque esencial para el equilibrio democrático, puede generar fricciones cuando las acciones de uno interfieren o limitan las del otro.

La Constitución Política de Costa Rica establece una clara división de poderes, asegurando la independencia de cada uno.

El artículo 9 señala que el Gobierno de la República es "popular, representativo, participativo, alternativo y responsable", y que lo ejercen el pueblo y los tres Poderes, distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Esta estructura busca prevenir abusos de poder y garantizar un sistema de pesos y contrapesos.

No obstante, en la práctica, esta independencia puede derivar en desafíos operativos. El Poder Ejecutivo puede implementar medidas para reforzar la seguridad y detener a los delincuentes, pero es el Poder Judicial el encargado de procesar y dictar sentencias. Si las leyes vigentes, las pruebas presentadas o los procedimientos judiciales no son suficientes para una condena efectiva, los detenidos son liberados, lo que crea un sentimiento de impunidad.

El problema no radica únicamente en la cantidad de efectivos policiales en la zona o en su capacidad de respuesta, sino en la falta de coordinación entre ambos poderes del Estado.

Mientras la policía intenta contener la ola de delitos, el sistema judicial opera bajo un marco legal que prioriza derechos fundamentales y garantías procesales, lo que muchas veces resulta en la pronta liberación de los infractores.
El dilema de fondo es cómo equilibrar la protección de los derechos individuales con la necesidad de mantener el orden público y garantizar la seguridad de la ciudadanía y los visitantes.

La pregunta sigue en el aire:
¿Cuántas advertencias más se necesitan antes de que el país enfrente de manera efectiva este problema?

La tensión entre el Ejecutivo y el Judicial no puede seguir siendo una excusa para la inacción.

Costa Rica se encuentra en una encrucijada en la que debe decidir si refuerza su sistema de seguridad o permite que la delincuencia siga socavando su reputación internacional.

es como deberia ser

ticobloger · 28 May 2025

A diferencia de otros países (muchísimos) Costa Rica sigue ofreciendo solo 1 servicio de movilidad dentro de las instalaciones (mafia de taxis) y obliga a agarrar buses y uber en la parada externa donde todo puede pasar.

Therealking · 28 May 2025

Algo lamentable

Seguridad en cercanías del Aeropuerto Juan Santamaría se convierte en Alerta Internacional

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