¡Aguántense!, porque el tema del sicariato se puso aún más complicado. Resulta que luego de que el martes pasado la Asamblea Legislativa le dio luz verde en primer debate a ese proyecto que quiere meterle 40 años de candela a los sicarios, un grupito de 14 diputados decidió mandar el asunto a la Sala Constitucional para que le echen ojo. ¡Imagínate la torta!
Esto significó que se suspendió la votación final que estaba programada para el jueves, y ahora tendremos que esperar pacientemente la respuesta de los magistrados. Parece que este tema va a arrastrar más que el río Tirimbina después de un buen aguacero. En el debate inicial, 38 diputados estuvieron a favor de endurecer las penas, mientras que solo Gloria Navas y Vanessa Castro levantaron la mano en contra. Ya ven, siempre hay alguien que anda con el rollo diferente.
Y precisamente la diputada Navas está liderando el bando de los que pidieron la consulta a la Sala. Se sumaron a ella varios diputados de diferentes partidos políticos, incluyendo liberacionistas como Danny Vargas, Luis Fernando Mendoza, Pedro Rojas, Francisco Nicolás y Paulina Ramírez. También tenemos a Jonathan Acuña, Priscilla Vindas y Rocío Alfaro del Frente Amplio, así como Luz Mary Alpízar de Progreso, la socialcristiana Castro, y las independientes Kattia Cambronero, Johana Obando y Cynthia Córdoba. ¡Un montón de gente metida en esto!
La idea central del proyecto es tipificar el sicariato como un agravante al homicidio, estableciendo penas que van desde los 20 hasta los 40 años de cárcel – ¡más que el homicidio calificado! Modifican el artículo 112 bis del Código Penal, para dejar claro que matar a alguien por encargo ya no va a quedar barato. El texto propone decir textualmente: “Se impondrá pena de prisión de veinte a cuarenta años a quien, en razón de la pertenencia o participación en una organización criminal, cause la muerte de otra persona por encargo, acuerdo, remuneración económica o promesa remuneratoria”.
Al principio, los de Nueva República querían llegar hasta los 50 años de prisión, pero después de tanta conversación y negociación, tuvieron que bajar un poco las expectativas y aceptar los 40 años. Al parecer, algunos diputados no estaban muy convencidos con esa idea. Precisamente, la diputada Navas expresó su desacuerdo y votó en contra, alegando que la propuesta era demasiado radical. ¡Claramente, ahí hubo un choque de ideas!
Pero la consulta a la Sala Constitucional plantea algunas dudas importantes. Según explican los firmantes, la redacción actual del proyecto no define claramente qué es exactamente el sicariato, mezclándolo con otras conductas ya tipificadas en el Código Penal. Dicen que la propuesta es “una norma de carácter abierto, que obliga a aplicar la analogía a todos los escenarios para determinar si existe una ‘estructura de crimen organizado’ o si la muerte fue resultado de un ‘encargo’ o ‘acuerdo’”. Básicamente, argumentan que la definición es demasiado vaga y deja mucho margen para la interpretación.
Para aclarar estas dudas, la Sala Constitucional tendrá que responder a dos preguntas clave: ¿existe una duplicidad de acciones típicas en el Código Penal?, y ¿el proyecto de ley vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política? Dado que estamos cerca de fin de año y los magistrados suelen tomarse unas merecidas vacaciones, la resolución podría tardar bastante, posiblemente hasta febrero del próximo año. ¡Así que paciencia, mae!
Definitivamente, este tema está generando mucha controversia y división en la Asamblea. Con toda esta incertidumbre legal, me pregunto: ¿cree usted que endurecer las penas para los sicarios realmente disuadirá a las personas de cometer estos crímenes, o simplemente estaremos creando leyes que serán difíciles de aplicar y podrían violar los derechos de los acusados? ¡Déjeme sus opiniones en los comentarios!
Esto significó que se suspendió la votación final que estaba programada para el jueves, y ahora tendremos que esperar pacientemente la respuesta de los magistrados. Parece que este tema va a arrastrar más que el río Tirimbina después de un buen aguacero. En el debate inicial, 38 diputados estuvieron a favor de endurecer las penas, mientras que solo Gloria Navas y Vanessa Castro levantaron la mano en contra. Ya ven, siempre hay alguien que anda con el rollo diferente.
Y precisamente la diputada Navas está liderando el bando de los que pidieron la consulta a la Sala. Se sumaron a ella varios diputados de diferentes partidos políticos, incluyendo liberacionistas como Danny Vargas, Luis Fernando Mendoza, Pedro Rojas, Francisco Nicolás y Paulina Ramírez. También tenemos a Jonathan Acuña, Priscilla Vindas y Rocío Alfaro del Frente Amplio, así como Luz Mary Alpízar de Progreso, la socialcristiana Castro, y las independientes Kattia Cambronero, Johana Obando y Cynthia Córdoba. ¡Un montón de gente metida en esto!
La idea central del proyecto es tipificar el sicariato como un agravante al homicidio, estableciendo penas que van desde los 20 hasta los 40 años de cárcel – ¡más que el homicidio calificado! Modifican el artículo 112 bis del Código Penal, para dejar claro que matar a alguien por encargo ya no va a quedar barato. El texto propone decir textualmente: “Se impondrá pena de prisión de veinte a cuarenta años a quien, en razón de la pertenencia o participación en una organización criminal, cause la muerte de otra persona por encargo, acuerdo, remuneración económica o promesa remuneratoria”.
Al principio, los de Nueva República querían llegar hasta los 50 años de prisión, pero después de tanta conversación y negociación, tuvieron que bajar un poco las expectativas y aceptar los 40 años. Al parecer, algunos diputados no estaban muy convencidos con esa idea. Precisamente, la diputada Navas expresó su desacuerdo y votó en contra, alegando que la propuesta era demasiado radical. ¡Claramente, ahí hubo un choque de ideas!
Pero la consulta a la Sala Constitucional plantea algunas dudas importantes. Según explican los firmantes, la redacción actual del proyecto no define claramente qué es exactamente el sicariato, mezclándolo con otras conductas ya tipificadas en el Código Penal. Dicen que la propuesta es “una norma de carácter abierto, que obliga a aplicar la analogía a todos los escenarios para determinar si existe una ‘estructura de crimen organizado’ o si la muerte fue resultado de un ‘encargo’ o ‘acuerdo’”. Básicamente, argumentan que la definición es demasiado vaga y deja mucho margen para la interpretación.
Para aclarar estas dudas, la Sala Constitucional tendrá que responder a dos preguntas clave: ¿existe una duplicidad de acciones típicas en el Código Penal?, y ¿el proyecto de ley vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política? Dado que estamos cerca de fin de año y los magistrados suelen tomarse unas merecidas vacaciones, la resolución podría tardar bastante, posiblemente hasta febrero del próximo año. ¡Así que paciencia, mae!
Definitivamente, este tema está generando mucha controversia y división en la Asamblea. Con toda esta incertidumbre legal, me pregunto: ¿cree usted que endurecer las penas para los sicarios realmente disuadirá a las personas de cometer estos crímenes, o simplemente estaremos creando leyes que serán difíciles de aplicar y podrían violar los derechos de los acusados? ¡Déjeme sus opiniones en los comentarios!
