Visa y Mastercard han centrado su mira en desmantelar los topes impuestos a las comisiones de tarjetas de crédito y débito en Costa Rica, estableciendo así un punto de fricción entre los intereses de las grandes corporaciones y los derechos de los consumidores costarricenses. La Ley de Comisiones Máximas, vigente desde noviembre de 2020, introdujo un límite del 2.5% a las comisiones de adquirencia por el uso de datáfonos, lo cual marcó un alivio considerable para los comercios y los consumidores, que venían soportando tasas que oscilaban entre el 3.5% y el 12%.
Desde su implementación, la ley ha propiciado un ahorro de más de ₡323.075 millones, según cifras del Banco Central. Además, ha generado un impacto económico positivo, disminuyendo costos para pequeños comerciantes y ofreciendo mejores precios para los consumidores. Sin embargo, Visa y Mastercard, junto con algunos bancos, han argumentado que los topes limitan la competitividad y desincentivan la inversión en nuevas tecnologías de pago, una afirmación que ha sido duramente criticada por economistas y defensores de los derechos del consumidor.
La propuesta de ley 24.026, en discusión en la Asamblea Legislativa, busca revertir estas regulaciones, especialmente en las transacciones transfronterizas, permitiendo que las casas emisoras de tarjetas puedan volver a imponer comisiones más altas. Esta medida ha sido señalada por el Banco Central como un peligroso retroceso en términos de justicia económica, pues podría resultar en una transferencia masiva de capital hacia el exterior, afectando negativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos y encareciendo el costo de vida.
Dicho intento de revertir las regulaciones ha sido catalogado por críticos como un intento estratégico de las grandes corporaciones para mantener su dominio en el mercado de pagos. En esta narrativa, se plantea que Visa y Mastercard buscan maximizar sus ganancias a expensas de los ciudadanos costarricenses, priorizando un modelo de negocio altamente rentable que margina a los pequeños y medianos comerciantes, quienes son los más afectados por las comisiones elevadas. Esta estructura tarifaria desigual crea una dependencia del pequeño comerciante respecto a las casas de tarjetas, las cuales imponen condiciones draconianas en un mercado que ya de por sí es asimétrico.
Un aspecto central de la discusión radica en que los defensores de la ley sostienen que esta reguladora ha generado un mercado financiero más justo y ha permitido una distribución de ingresos más equitativa. Al fijar un límite en las comisiones, se busca impedir que los consumidores y comerciantes sean quienes financien los altísimos márgenes de ganancia de las emisoras de tarjetas y los bancos. La economía costarricense ha sido capaz de prosperar con estos límites, lo que sugiere que las restricciones no representan un freno a la inversión o al desarrollo tecnológico, como aseguran los detractores.
Sin embargo, más allá del debate técnico-económico, este conflicto revela una cuestión más profunda: la lucha por el control del mercado de pagos en un contexto de creciente digitalización financiera. Visa y Mastercard han logrado crear una percepción de inevitabilidad, convenciendo a comerciantes y consumidores de que sus servicios son imprescindibles para la modernización económica. Esta narrativa ha facilitado que las casas emisoras impongan tarifas que, en muchos casos, resultan excesivas y abusivas, principalmente para los pequeños comercios que no tienen el músculo financiero para negociar términos más favorables.
Es en este contexto donde las autoridades y la sociedad civil deben tomar una postura firme frente a la embestida de estas grandes corporaciones. No se trata solo de proteger un límite numérico en las comisiones, sino de defender el principio de justicia económica y equidad de mercado. Ceder ante las presiones de Visa y Mastercard implicaría abrir una puerta peligrosa hacia una regresión en la política de regulación de servicios financieros, lo cual podría afectar negativamente a millones de costarricenses que ya enfrentan un entorno económico difícil.
Además, aprobar la desregulación podría desencadenar un efecto cascada en el costo de bienes y servicios. Los pequeños comerciantes, que ya operan con márgenes reducidos, no tendrían más opción que trasladar los costos adicionales a los precios de venta. Este fenómeno afectaría de forma más dura a los sectores de menores ingresos, agravando la desigualdad y la precariedad económica.
Por otro lado, la narrativa de las casas emisoras se sostiene sobre una lógica que, si se analiza con detenimiento, resulta engañosa. Argumentan que los topes desincentivan la innovación, pero la realidad ha demostrado que Costa Rica ha sido capaz de adaptarse e implementar nuevas tecnologías de pago sin necesidad de cargar al consumidor con altas comisiones. Es un hecho comprobado que el país ha logrado modernizar sus sistemas de pago y aumentar la adopción de pagos electrónicos sin renunciar a los principios de justicia económica.
En definitiva, la discusión sobre los topes a comisiones de tarjetas de crédito y débito va más allá de un mero debate económico. Es una cuestión de poder, control y justicia social. Visa y Mastercard han mostrado su intención de imponer sus términos sin tomar en cuenta las repercusiones sociales y económicas para Costa Rica. La presión que ejercen revela su temor a perder el dominio de un mercado que han controlado durante décadas con políticas que priorizan sus intereses corporativos.
La respuesta de la sociedad costarricense y de sus instituciones debe ser contundente. Es necesario mantener las regulaciones y resistir las presiones de las corporaciones internacionales, pues ceder implicaría retroceder en la lucha por una economía más justa y equitativa. Los topes a las comisiones de tarjetas de crédito son una herramienta crucial para proteger los intereses de los ciudadanos y salvaguardar un mercado más balanceado. Mantener esta ley significa, en última instancia, defender el derecho de cada costarricense a una vida más digna y menos condicionada por los caprichos de las grandes corporaciones financieras.
Desde su implementación, la ley ha propiciado un ahorro de más de ₡323.075 millones, según cifras del Banco Central. Además, ha generado un impacto económico positivo, disminuyendo costos para pequeños comerciantes y ofreciendo mejores precios para los consumidores. Sin embargo, Visa y Mastercard, junto con algunos bancos, han argumentado que los topes limitan la competitividad y desincentivan la inversión en nuevas tecnologías de pago, una afirmación que ha sido duramente criticada por economistas y defensores de los derechos del consumidor.
La propuesta de ley 24.026, en discusión en la Asamblea Legislativa, busca revertir estas regulaciones, especialmente en las transacciones transfronterizas, permitiendo que las casas emisoras de tarjetas puedan volver a imponer comisiones más altas. Esta medida ha sido señalada por el Banco Central como un peligroso retroceso en términos de justicia económica, pues podría resultar en una transferencia masiva de capital hacia el exterior, afectando negativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos y encareciendo el costo de vida.
Dicho intento de revertir las regulaciones ha sido catalogado por críticos como un intento estratégico de las grandes corporaciones para mantener su dominio en el mercado de pagos. En esta narrativa, se plantea que Visa y Mastercard buscan maximizar sus ganancias a expensas de los ciudadanos costarricenses, priorizando un modelo de negocio altamente rentable que margina a los pequeños y medianos comerciantes, quienes son los más afectados por las comisiones elevadas. Esta estructura tarifaria desigual crea una dependencia del pequeño comerciante respecto a las casas de tarjetas, las cuales imponen condiciones draconianas en un mercado que ya de por sí es asimétrico.
Un aspecto central de la discusión radica en que los defensores de la ley sostienen que esta reguladora ha generado un mercado financiero más justo y ha permitido una distribución de ingresos más equitativa. Al fijar un límite en las comisiones, se busca impedir que los consumidores y comerciantes sean quienes financien los altísimos márgenes de ganancia de las emisoras de tarjetas y los bancos. La economía costarricense ha sido capaz de prosperar con estos límites, lo que sugiere que las restricciones no representan un freno a la inversión o al desarrollo tecnológico, como aseguran los detractores.
Sin embargo, más allá del debate técnico-económico, este conflicto revela una cuestión más profunda: la lucha por el control del mercado de pagos en un contexto de creciente digitalización financiera. Visa y Mastercard han logrado crear una percepción de inevitabilidad, convenciendo a comerciantes y consumidores de que sus servicios son imprescindibles para la modernización económica. Esta narrativa ha facilitado que las casas emisoras impongan tarifas que, en muchos casos, resultan excesivas y abusivas, principalmente para los pequeños comercios que no tienen el músculo financiero para negociar términos más favorables.
Es en este contexto donde las autoridades y la sociedad civil deben tomar una postura firme frente a la embestida de estas grandes corporaciones. No se trata solo de proteger un límite numérico en las comisiones, sino de defender el principio de justicia económica y equidad de mercado. Ceder ante las presiones de Visa y Mastercard implicaría abrir una puerta peligrosa hacia una regresión en la política de regulación de servicios financieros, lo cual podría afectar negativamente a millones de costarricenses que ya enfrentan un entorno económico difícil.
Además, aprobar la desregulación podría desencadenar un efecto cascada en el costo de bienes y servicios. Los pequeños comerciantes, que ya operan con márgenes reducidos, no tendrían más opción que trasladar los costos adicionales a los precios de venta. Este fenómeno afectaría de forma más dura a los sectores de menores ingresos, agravando la desigualdad y la precariedad económica.
Por otro lado, la narrativa de las casas emisoras se sostiene sobre una lógica que, si se analiza con detenimiento, resulta engañosa. Argumentan que los topes desincentivan la innovación, pero la realidad ha demostrado que Costa Rica ha sido capaz de adaptarse e implementar nuevas tecnologías de pago sin necesidad de cargar al consumidor con altas comisiones. Es un hecho comprobado que el país ha logrado modernizar sus sistemas de pago y aumentar la adopción de pagos electrónicos sin renunciar a los principios de justicia económica.
En definitiva, la discusión sobre los topes a comisiones de tarjetas de crédito y débito va más allá de un mero debate económico. Es una cuestión de poder, control y justicia social. Visa y Mastercard han mostrado su intención de imponer sus términos sin tomar en cuenta las repercusiones sociales y económicas para Costa Rica. La presión que ejercen revela su temor a perder el dominio de un mercado que han controlado durante décadas con políticas que priorizan sus intereses corporativos.
La respuesta de la sociedad costarricense y de sus instituciones debe ser contundente. Es necesario mantener las regulaciones y resistir las presiones de las corporaciones internacionales, pues ceder implicaría retroceder en la lucha por una economía más justa y equitativa. Los topes a las comisiones de tarjetas de crédito son una herramienta crucial para proteger los intereses de los ciudadanos y salvaguardar un mercado más balanceado. Mantener esta ley significa, en última instancia, defender el derecho de cada costarricense a una vida más digna y menos condicionada por los caprichos de las grandes corporaciones financieras.
