Mae, póngale atención a esta vara porque nos va a cambiar la rutina a todos. ¿Sabe ese microsegundo de pánico cuando el busero le dice “sencillo, porfa” y usted anda solo un billete de diez rojos? ¿O la búsqueda arqueológica en el fondo del bulto para encontrar los últimos cien colones? Bueno, parece que a ese ritual tan nuestro le quedan los días contados. La Asamblea Legislativa le acaba de dar el primer empujón a un proyecto que busca mandar al baúl de los recuerdos el pago en efectivo en los buses. Así como lo oye: en unos años, solo se podrá pagar con tarjeta.
La idea, presentada por un grupo de diputados, ya pasó el primer filtro en la Comisión de Asuntos Económicos. El plan es el siguiente: una vez que la ley se apruebe en el Plenario, las empresas de buses de la GAM tendrán tres años para deshacerse de las alcancías y aceptar solo pago electrónico. Para las zonas rurales, que siempre bailan con la más fea en estos temas de tecnología, el plazo se estira a cinco años. El objetivo es que todo funcione a través del Sinpe-TP, el sistema que ya se está probando en algunas rutas de bus y en el tren.
Ahora, seamos honestos. Sobre el papel, la vara suena tuanis. La diputada Vanessa Castro lo pinta bonito: menos riesgo de asaltos para los choferes (y para uno mismo), se acabaría la fila eterna mientras el de adelante cuenta hasta el último menudo y, de paso, Hacienda podría fiscalizar mejor la plata que mueven las autobuseras. Es la visión de un país moderno, más seguro y eficiente. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de reducir los asaltos o de agilizar el servicio. Es el tipo de promesa que uno quiere creerse, sin peros.
Pero, diay, como todo en Costa Rica, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. El proyecto reconoce que hay un “pequeño” detalle: casi medio millón de ticos no tienen cuenta bancaria. ¡Medio millón! Estamos hablando de un montón de adultos mayores, menores de edad y gente en condición de pobreza que se quedarían viendo para el ciprés. La diputada Olga Morera, una de las proponentes, admite que los abuelitos le tienen pánico a la idea de perder una tarjeta o la cédula y quedarse sin poder subirse al bus. Y tienen toda la razón. Si a uno se le pierde ese chunche, se le paraliza la vida. Ahí es donde los arquitectos de esta ley se pueden jalar una torta monumental si no lo manejan con cuidado.
Para calmar las aguas, desde el Banco Central aseguran que ya tienen en el horno la solución: una tarjeta prepago. La idea es que cualquiera pueda comprarla, recargarla en un supermercado o una pulpería y usarla sin necesidad de una cuenta. Un salvavidas de plástico. Sin embargo, queda la duda planteada por la diputada limonense Katherine Moreira: ¿y la conectividad? ¡Imagínese usted en una comunidad remota de Talamanca o Los Chiles, tratando de pagar con una tarjeta y que el datáfono del bus no tenga señal de internet! ¡Qué sal! Sería pasar de no tener sencillo a no tener sistema, que es básicamente el mismo problema con otro nombre.
Entonces, aquí estamos, en la encrucijada de siempre. Por un lado, el impulso innegable hacia la modernización, la seguridad y la eficiencia que todos queremos. Por otro, el riesgo real de dejar a una parte gigantesca de la población botada, creando un problema nuevo para solucionar uno viejo. El brete del Banco Central con esa tarjeta prepago va a ser clave, pero la infraestructura de telecomunicaciones en las zonas más olvidadas del país es el verdadero talón de Aquiles de este plan. Más allá de si es buena o mala idea, la pregunta del millón es: ¿Está lista Costa Rica para dar este brinco, o nos estamos metiendo en una bronca que después no vamos a saber cómo arreglar? ¿Ustedes qué dicen?
La idea, presentada por un grupo de diputados, ya pasó el primer filtro en la Comisión de Asuntos Económicos. El plan es el siguiente: una vez que la ley se apruebe en el Plenario, las empresas de buses de la GAM tendrán tres años para deshacerse de las alcancías y aceptar solo pago electrónico. Para las zonas rurales, que siempre bailan con la más fea en estos temas de tecnología, el plazo se estira a cinco años. El objetivo es que todo funcione a través del Sinpe-TP, el sistema que ya se está probando en algunas rutas de bus y en el tren.
Ahora, seamos honestos. Sobre el papel, la vara suena tuanis. La diputada Vanessa Castro lo pinta bonito: menos riesgo de asaltos para los choferes (y para uno mismo), se acabaría la fila eterna mientras el de adelante cuenta hasta el último menudo y, de paso, Hacienda podría fiscalizar mejor la plata que mueven las autobuseras. Es la visión de un país moderno, más seguro y eficiente. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de reducir los asaltos o de agilizar el servicio. Es el tipo de promesa que uno quiere creerse, sin peros.
Pero, diay, como todo en Costa Rica, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. El proyecto reconoce que hay un “pequeño” detalle: casi medio millón de ticos no tienen cuenta bancaria. ¡Medio millón! Estamos hablando de un montón de adultos mayores, menores de edad y gente en condición de pobreza que se quedarían viendo para el ciprés. La diputada Olga Morera, una de las proponentes, admite que los abuelitos le tienen pánico a la idea de perder una tarjeta o la cédula y quedarse sin poder subirse al bus. Y tienen toda la razón. Si a uno se le pierde ese chunche, se le paraliza la vida. Ahí es donde los arquitectos de esta ley se pueden jalar una torta monumental si no lo manejan con cuidado.
Para calmar las aguas, desde el Banco Central aseguran que ya tienen en el horno la solución: una tarjeta prepago. La idea es que cualquiera pueda comprarla, recargarla en un supermercado o una pulpería y usarla sin necesidad de una cuenta. Un salvavidas de plástico. Sin embargo, queda la duda planteada por la diputada limonense Katherine Moreira: ¿y la conectividad? ¡Imagínese usted en una comunidad remota de Talamanca o Los Chiles, tratando de pagar con una tarjeta y que el datáfono del bus no tenga señal de internet! ¡Qué sal! Sería pasar de no tener sencillo a no tener sistema, que es básicamente el mismo problema con otro nombre.
Entonces, aquí estamos, en la encrucijada de siempre. Por un lado, el impulso innegable hacia la modernización, la seguridad y la eficiencia que todos queremos. Por otro, el riesgo real de dejar a una parte gigantesca de la población botada, creando un problema nuevo para solucionar uno viejo. El brete del Banco Central con esa tarjeta prepago va a ser clave, pero la infraestructura de telecomunicaciones en las zonas más olvidadas del país es el verdadero talón de Aquiles de este plan. Más allá de si es buena o mala idea, la pregunta del millón es: ¿Está lista Costa Rica para dar este brinco, o nos estamos metiendo en una bronca que después no vamos a saber cómo arreglar? ¿Ustedes qué dicen?
