¡Ay, Dios mío! Resulta que la bronca del Parque del Pacífico, esa que nos sacó de quicio hace un año, sigue dando tela. Descubrimos que, mientras tanto, han estado haciendo unas obras raras, sin permisos, justo donde el BCR metió una lana considerable. La Fiscalía anda picoteando el caso y parece que hay movidas turbias detrás de toda esta historia. ¡Qué fiaco!
Todo empezó con la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte del BCR SAFI, allá por el 2024. Se pagaron 70 palos verdes por el terrenito, pero unos avalúos posteriores demostraron que valía nomás 28 millones. ¡Imagínate la diferencia! Un buen golpe de $42 millones más de lo debido. Ya pinta feo, ¿verdad?
Y colorín colorado, el caso se complica aún más cuando la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) empezó a moverle. Sacaron órdenes de allanamiento y encontraron pruebas de levantamientos de edificaciones y otras construcciones que nadie había autorizado. Parece que alguien se quiso lucrar a costa del banco estatal, ¡y encima sin respetar las leyes!
Según la investigación, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del BCR compró esta propiedad a empresas ligadas al exdiputado Humberto Vargas Corrales, un político que pasó por la Asamblea Legislativa representando al PUSC. Él, su hijo, unos cuantos socios y exfuncionarios del BCR ahora están en la mira de la justicia, acusados de una serie de compras irregulares por valor de $92 millones. ¡Una estafa descomunal!
Lo curioso de todo esto es que, según declaraciones ante la Fiscalía, varios funcionarios del BCR visitaron el parque antes de la compra y sintieron “cierta presión” para cerrarla rápido. Uno de los gerentes financieros, Laureano Verzola Sancho, contó que se fue del país preocupado por lo que veía. Cuando regresó, le dijeron que todo estaba solucionado, pero resulta que... ¡era mentira!
Rosnnie Díaz, gerente de la SAFI en ese entonces, le aseguró a Verzola que el proyecto estaba terminado y que la jefatura de proyectos enviaría un informe. Pero el informe decía que casi el 95% del proyecto ya estaba finalizado. ¡Pero ojo!, luego se descubrió que esas “finalizaciones” eran pura invención. Había construcciones a medio hacer, sin permisos y a pedido de los futuros inquilinos. ¡Tremendo desmadre!
Después, empezaron a aparecer problemas de morosidad en las bodegas del parque, dejando al BCR SAFI sin recibir los pagos esperados. Se mandaron a investigar y vieron que había construcciones ilegales, naves sin terminar y terrenos que parecían estar más en construcción que otra cosa. ¡Un verdadero brete para el banco!
Verzola Sancho, ahora colaborador judicial, confesó que vio todo eso y hasta le pareció extraño comprar el parque en ese estado. Dijo que parecía tierra sin compactar, lista para construir, ¡pero no apta para ser vendida como si estuviera terminada! Y claro, para colmo, lo echaron del BCR justo después de denunciar todo esto. Ahora, la ciudadanía se pregunta: ¿Quiénes serán los responsables reales de este embrollo y cómo se hará justicia? ¿Creen que el BCR debería demandar a las empresas involucradas para recuperar aunque sea una parte de las pérdidas?
Todo empezó con la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte del BCR SAFI, allá por el 2024. Se pagaron 70 palos verdes por el terrenito, pero unos avalúos posteriores demostraron que valía nomás 28 millones. ¡Imagínate la diferencia! Un buen golpe de $42 millones más de lo debido. Ya pinta feo, ¿verdad?
Y colorín colorado, el caso se complica aún más cuando la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) empezó a moverle. Sacaron órdenes de allanamiento y encontraron pruebas de levantamientos de edificaciones y otras construcciones que nadie había autorizado. Parece que alguien se quiso lucrar a costa del banco estatal, ¡y encima sin respetar las leyes!
Según la investigación, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del BCR compró esta propiedad a empresas ligadas al exdiputado Humberto Vargas Corrales, un político que pasó por la Asamblea Legislativa representando al PUSC. Él, su hijo, unos cuantos socios y exfuncionarios del BCR ahora están en la mira de la justicia, acusados de una serie de compras irregulares por valor de $92 millones. ¡Una estafa descomunal!
Lo curioso de todo esto es que, según declaraciones ante la Fiscalía, varios funcionarios del BCR visitaron el parque antes de la compra y sintieron “cierta presión” para cerrarla rápido. Uno de los gerentes financieros, Laureano Verzola Sancho, contó que se fue del país preocupado por lo que veía. Cuando regresó, le dijeron que todo estaba solucionado, pero resulta que... ¡era mentira!
Rosnnie Díaz, gerente de la SAFI en ese entonces, le aseguró a Verzola que el proyecto estaba terminado y que la jefatura de proyectos enviaría un informe. Pero el informe decía que casi el 95% del proyecto ya estaba finalizado. ¡Pero ojo!, luego se descubrió que esas “finalizaciones” eran pura invención. Había construcciones a medio hacer, sin permisos y a pedido de los futuros inquilinos. ¡Tremendo desmadre!
Después, empezaron a aparecer problemas de morosidad en las bodegas del parque, dejando al BCR SAFI sin recibir los pagos esperados. Se mandaron a investigar y vieron que había construcciones ilegales, naves sin terminar y terrenos que parecían estar más en construcción que otra cosa. ¡Un verdadero brete para el banco!
Verzola Sancho, ahora colaborador judicial, confesó que vio todo eso y hasta le pareció extraño comprar el parque en ese estado. Dijo que parecía tierra sin compactar, lista para construir, ¡pero no apta para ser vendida como si estuviera terminada! Y claro, para colmo, lo echaron del BCR justo después de denunciar todo esto. Ahora, la ciudadanía se pregunta: ¿Quiénes serán los responsables reales de este embrollo y cómo se hará justicia? ¿Creen que el BCR debería demandar a las empresas involucradas para recuperar aunque sea una parte de las pérdidas?
