¡Ay, Dios mío! El tranvía sigue dando de qué hablar, pero ahora no es por llegar tarde, sino por un buen bronco legal que se armó con el CTP y el Consorcio Operativo del Este (Coesa). Resulta que le quitaron la concesión a cinco empresas autobuseras del grupo, acusándolas de tener deudas, pero Coesa dice que hay un buen mamarracho en medio y ya se fueron al juzgado buscando justicia.
Pa’ ponerlos al día, Coesa es uno de los jueguitos más grandes del transporte público en el área metropolitana, moviendo gente de Zapote, Tres Ríos, San Pedro y Curridabat. Ahora, el Consejo de Transporte Público (CTP) les cayó con todo, sacándoles los permisos a esas cinco empresas bajo el pretexto de deudas pendientes con la CCSS y el Fodesaf. Pero ahí no acabó la historia, porque Coesa salió con las garras afuera defendiéndose como gato hilado.
Según el CTP, esas empresas acumulan un fleco de ¡¢785 millones! Una suma considerable, diay. Pero Coesa, con toda la calma del mundo, dice que eso es pura mentada de olla y que la CCSS se equivocó de volá. Afirman que ellos sí tienen una deuda, pero mucho más chiquita, alrededor de ¡¢237 millones, y que ya hasta pagaron la prima pa' arreglarlo todo. Parece que hubo un cruce de cables importante.
¿Y cuál es el problema, mae? Pues que la CCSS está pretendiendo hacernos responsables de unas facturas médicas que no nos dicen a quién pertenecen, ni cuándo ni dónde se atendieron. ¡Un verdadero dolor de cabeza! Según Coesa, esto es como querer cobrarle el pelo al vecino, cuando ni siquiera sabes si él tiene perro. Un verdadero chinchorreo jurídico, vamos.
Pero la cosa se puso aún más interesante cuando Coesa acudió al Tribunal Contencioso Administrativo, donde les dieron una medida cautelar que frena la ejecución de la decisión del CTP. Eso quiere decir que, por el momento, las empresas pueden seguir manejando y transportando gente sin problemas, mientras se resuelve el pleito. Es como darle un respiro pa’ ver cómo sale el paso.
Ahora, el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, dice que están al tanto de la medida cautelar, pero todavía no saben si el CTP ya recibió la notificación formal. Todo esto parece un circo, la verdad. Se pide explicar de dónde salen esos montos, ya que, sin información clara, nadie puede validar pagos fantasmas. ¡Parece novela!
Este proceso va tomando forma poco a poco, y según lo que cuentan, el procedimiento sumario tarda aproximadamente un mes en resolverse, aunque eso podría alargarse si empiezan a haber impugnaciones. Mientras tanto, Coesa insiste en que van a demostrar que están al día con sus obligaciones y que la CCSS se equivocó de lleno. Y como dice el dicho, “pa’ presumir toca sudar”, así que allá van con todo.
En fin, este rollo del transporte público nunca termina de calmarse. Entre aumentos de tarifas, rutas cambiantes y ahora este lío judicial, uno se queda pensando: ¿cuándo tendremos un sistema de transporte digno y eficiente para todos los ticos? ¿Ustedes creen que este proceso terminará en paz, o veremos más batallas legales en el futuro?
Pa’ ponerlos al día, Coesa es uno de los jueguitos más grandes del transporte público en el área metropolitana, moviendo gente de Zapote, Tres Ríos, San Pedro y Curridabat. Ahora, el Consejo de Transporte Público (CTP) les cayó con todo, sacándoles los permisos a esas cinco empresas bajo el pretexto de deudas pendientes con la CCSS y el Fodesaf. Pero ahí no acabó la historia, porque Coesa salió con las garras afuera defendiéndose como gato hilado.
Según el CTP, esas empresas acumulan un fleco de ¡¢785 millones! Una suma considerable, diay. Pero Coesa, con toda la calma del mundo, dice que eso es pura mentada de olla y que la CCSS se equivocó de volá. Afirman que ellos sí tienen una deuda, pero mucho más chiquita, alrededor de ¡¢237 millones, y que ya hasta pagaron la prima pa' arreglarlo todo. Parece que hubo un cruce de cables importante.
¿Y cuál es el problema, mae? Pues que la CCSS está pretendiendo hacernos responsables de unas facturas médicas que no nos dicen a quién pertenecen, ni cuándo ni dónde se atendieron. ¡Un verdadero dolor de cabeza! Según Coesa, esto es como querer cobrarle el pelo al vecino, cuando ni siquiera sabes si él tiene perro. Un verdadero chinchorreo jurídico, vamos.
Pero la cosa se puso aún más interesante cuando Coesa acudió al Tribunal Contencioso Administrativo, donde les dieron una medida cautelar que frena la ejecución de la decisión del CTP. Eso quiere decir que, por el momento, las empresas pueden seguir manejando y transportando gente sin problemas, mientras se resuelve el pleito. Es como darle un respiro pa’ ver cómo sale el paso.
Ahora, el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, dice que están al tanto de la medida cautelar, pero todavía no saben si el CTP ya recibió la notificación formal. Todo esto parece un circo, la verdad. Se pide explicar de dónde salen esos montos, ya que, sin información clara, nadie puede validar pagos fantasmas. ¡Parece novela!
Este proceso va tomando forma poco a poco, y según lo que cuentan, el procedimiento sumario tarda aproximadamente un mes en resolverse, aunque eso podría alargarse si empiezan a haber impugnaciones. Mientras tanto, Coesa insiste en que van a demostrar que están al día con sus obligaciones y que la CCSS se equivocó de lleno. Y como dice el dicho, “pa’ presumir toca sudar”, así que allá van con todo.
En fin, este rollo del transporte público nunca termina de calmarse. Entre aumentos de tarifas, rutas cambiantes y ahora este lío judicial, uno se queda pensando: ¿cuándo tendremos un sistema de transporte digno y eficiente para todos los ticos? ¿Ustedes creen que este proceso terminará en paz, o veremos más batallas legales en el futuro?
