¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez, con el ministro Rudolf Lücke metiendo las manos donde no le corresponden. Resulta que el tipo, pa’lante, le dijo al Poder Judicial “¡No, gracias!” a ocho mil setecientos millones de colones destinados a reforzar al OIJ y a la Fiscalía. ¡Una torta tremenda, mae! Justo cuando necesitamos toda la ayuda posible para darle duro al hampa que anda sembrando el miedo por todos lados.
La jugada es simple: esos fajos estaban presupuestados y aprobados por la Asamblea, buscando crear 176 nuevos puestos en la policía judicial y otros 99 en la Fiscalía. Además, se buscaba cubrir costos de arriendo y comprar transportes nuevos, cosas básicas para poder trabajar bien. Pero a don Rudolf, parece que no le gustó la idea de invertir en seguridad, alegando que necesitaba los billetes pa’ pagar intereses de la deuda pública… ¡pero a quién engañamos, mae!
Lo curioso es que esto no es novedad. Durante todo el 2025, el gobierno de Chaves le hizo la macana a estas instituciones, negándose a liberar los recursos necesarios para contratar más gente. Entonces, el Congreso tuvo que meterle pata blanca y reasignar fondos pa’ mejorar la infraestructura y equipamiento tanto de la policía judicial como de la Fiscalía. Ahora, parece que quieren repetir la historia, poniendo en peligro investigaciones clave contra el narcotráfico, la corrupción y la violencia de género.
Y encima, mire usted, el mismo presidente Chaves está reclamando que la Fiscalía se mueva rápido en la investigación de unas amenazas de muerte que él recibió. ¡Pero claro!, cuando le toca ponerle plata al Poder Judicial, ahí sí se le seca la garganta. Un doble rasero que da pena ajena, ¡qué carga! Parece que prefiere que el crimen siga creciendo mientras él se pasea dando discursos bonitos.
Orlando Aguirre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se quedó callado. Le escribió una carta a Lücke, diciéndole que la decisión era una “bofetada” al trabajo del OIJ y la Fiscalía. El magistrado destacó que estos recursos son vitales para enfrentar la inseguridad, la entrada del narcotráfico y la escalada de homicidios que estamos viviendo. Ya van más de tres mil personas muertas durante el mandato de Chaves, una cifra alarmante que debería preocuparle a cualquiera.
Para rematar, resulta que este martes, Jorge Torres, el jefe de la DIS, denunció amenazas contra Rodrigo Chaves. Claro, ahora sí hay que mover cielo y tierra para investigar… pero solo cuando le conviene al gobierno. ¡Es increíble cómo cambian las prioridades cuando se trata de proteger a los altos mandos! Lo peor es que las investigaciones ahora estarán a cargo de un despacho de la Fiscalía, con pocos recursos y personal limitado.
Todo este asunto nos recuerda que la lucha contra el crimen requiere de una inversión seria y constante. No puede ser que estemos jugando con la seguridad de la población, recortando presupuestos y obstaculizando el trabajo de las autoridades. ¡Al final, quien paga caro somos nosotros, los ciudadanos!
Con todo este panorama, me pregunto: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el gobierno politice la seguridad nacional y juegue con nuestras vidas? ¿Cree usted que la presión ciudadana podrá obligar al Ministro Lücke a reconsiderar su decisión y liberar estos recursos urgentes para el OIJ y la Fiscalía?
La jugada es simple: esos fajos estaban presupuestados y aprobados por la Asamblea, buscando crear 176 nuevos puestos en la policía judicial y otros 99 en la Fiscalía. Además, se buscaba cubrir costos de arriendo y comprar transportes nuevos, cosas básicas para poder trabajar bien. Pero a don Rudolf, parece que no le gustó la idea de invertir en seguridad, alegando que necesitaba los billetes pa’ pagar intereses de la deuda pública… ¡pero a quién engañamos, mae!
Lo curioso es que esto no es novedad. Durante todo el 2025, el gobierno de Chaves le hizo la macana a estas instituciones, negándose a liberar los recursos necesarios para contratar más gente. Entonces, el Congreso tuvo que meterle pata blanca y reasignar fondos pa’ mejorar la infraestructura y equipamiento tanto de la policía judicial como de la Fiscalía. Ahora, parece que quieren repetir la historia, poniendo en peligro investigaciones clave contra el narcotráfico, la corrupción y la violencia de género.
Y encima, mire usted, el mismo presidente Chaves está reclamando que la Fiscalía se mueva rápido en la investigación de unas amenazas de muerte que él recibió. ¡Pero claro!, cuando le toca ponerle plata al Poder Judicial, ahí sí se le seca la garganta. Un doble rasero que da pena ajena, ¡qué carga! Parece que prefiere que el crimen siga creciendo mientras él se pasea dando discursos bonitos.
Orlando Aguirre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no se quedó callado. Le escribió una carta a Lücke, diciéndole que la decisión era una “bofetada” al trabajo del OIJ y la Fiscalía. El magistrado destacó que estos recursos son vitales para enfrentar la inseguridad, la entrada del narcotráfico y la escalada de homicidios que estamos viviendo. Ya van más de tres mil personas muertas durante el mandato de Chaves, una cifra alarmante que debería preocuparle a cualquiera.
Para rematar, resulta que este martes, Jorge Torres, el jefe de la DIS, denunció amenazas contra Rodrigo Chaves. Claro, ahora sí hay que mover cielo y tierra para investigar… pero solo cuando le conviene al gobierno. ¡Es increíble cómo cambian las prioridades cuando se trata de proteger a los altos mandos! Lo peor es que las investigaciones ahora estarán a cargo de un despacho de la Fiscalía, con pocos recursos y personal limitado.
Todo este asunto nos recuerda que la lucha contra el crimen requiere de una inversión seria y constante. No puede ser que estemos jugando con la seguridad de la población, recortando presupuestos y obstaculizando el trabajo de las autoridades. ¡Al final, quien paga caro somos nosotros, los ciudadanos!
Con todo este panorama, me pregunto: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el gobierno politice la seguridad nacional y juegue con nuestras vidas? ¿Cree usted que la presión ciudadana podrá obligar al Ministro Lücke a reconsiderar su decisión y liberar estos recursos urgentes para el OIJ y la Fiscalía?