¡Aguántate, Diego! Consejo Municipal le da 15 días sin salario al alcalde de San José

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¡Ay, Dios mío! Quién lo diría… El alcalde Diego Miranda, hombre de buenas intenciones (dicen), acaba de recibir una sacudida considerable. El Concejo Municipal de San José, con una votación contundente de nueve a favor, le aplicó una suspensión de quince días sin goce de salario. Parece que el asunto de la probidad, esos temas tan áridos de la política, lo alcanzaron directo.

La jugada se originó hace casi un año, cuando Miranda declaró desierta la licitación para comprar dieciséis vehículos eléctricos para la municipalidad. Al parecer, algunos regidores vieron en esa decisión más que una simple gestión; sospecharon que ahí había algo turbio, una movida para favorecer a alguien. Las aguas se pusieron revueltas desde el momento en que la alcaldía decidió echar pa’ trás la compra, a pesar de que ya estaba todo aprobado. Un brete para el pobre alcalde, diay.

Después de meses de investigación, el órgano investigador del Concejo llegó a la conclusión de que Miranda había coqueteado peligrosamente con el “deber de probidad”. Y eso, mis amigos, es un pecado imperdonable en el mundo de la política. Una de las regidoras, Iztarú Alfaro, no tuvo pelos en la lengua al decir que su voto era “positivo” porque se basaba en criterios técnicos y jurídicos. Claramente, la situación se puso bien tensa, qué torta.

Pero el alcalde no se quedó cruzado de brazos. Desde Diario Extra, Miranda salió al frente, diciendo que el Concejo no tiene la potestad legal para sancionarlo. “Lo que tenemos que hacer es presentar un recurso para que lo resuelva el órgano jerárquico,” sentenció, mostrando que no piensa ceder fácilmente. Prometió ir directamente al Tribunal Contencioso Administrativo, donde espera que le den la razón. ¡Un mae peleón!

Y como si fuera poco, Miranda soltó la bomba: acusó a los regidores que votaron en su contra de tener “intereses particulares” y no velar por el bienestar de los josefinos. Según él, en lugar de gastar un millón de dólares en carros de lujo, han invertido en parques y calles. Un argumento que suena bien, pero también huele a campaña publicitaria. ¿Será que el alcalde está tratando de salvar la cara?

La controversia ha dividido a la opinión pública. Algunos lo ven como un ejemplo de cómo combatir la corrupción, mientras que otros creen que se trata de una persecución política. Los comentes en redes sociales andan que arden, con gente apoyando al alcalde y otros celebrando la sanción. Qué nivel de polarización, wey. Parece que esto no se va a solucionar rápido.

Ahora, Miranda tiene cinco días para apelar formalmente, aunque ya anunció que irá al Tribunal Contencioso Administrativo. Será interesante ver cómo termina este drama judicial. Mientras tanto, el alcalde tendrá tiempo libre para reflexionar, quizás organizar sus ideas... o simplemente disfrutar de unos días de descanso pagado. Aunque, siendo honestos, con tanta polémica, difícilmente podrá relajarse.

Esta situación nos lleva a preguntarnos: ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un funcionario público al tomar decisiones que involucran el gasto de dinero público? ¿Cree usted que la sanción al alcalde Miranda es justa, o se trata de una venganza política disfrazada? Déjeme saber su opinión en los comentarios, ¡quiero leer qué piensan mis compas!
 
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