¡Ay, Dios mío! Parece que la Contraloría General de la República (CGR) le dio con todo a la Policía Penitenciaria, revelando un buen lote de cositas que andaban bizcas en sus procesos de contratación. La verdad, uno se queda pensando qué estará pasando allá adentro, porque parece que no han estado poniendo mucho empeño en hacer bien las cosas, y eso, cuando hablamos de cuidar nuestras cárceles, no es precisamente lo ideal.
La movida toda salió a raíz de un informe que revisó cómo están controlando los riesgos en el momento de reclutar y seleccionar gente para trabajar en las cárceles. El estudio es importante, pues estos oficiales son quienes tienen la responsabilidad de vigilar, mantener el orden y garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal, así que no es un brete menor, vamos. Uno esperaría que todo estuviera afinadísimo, pero… bueno, ahí tenemos el panorama.
Y vaya que encontraron varias varas que estaban dando lata. Según la CGR, el Ministerio de Justicia “incumple parcialmente”. Eso suena suave, ¿verdad? Pero la realidad es que hay carencias bastante serias. Lo peor de todo es que parece que no le están prestando atención a los riesgos, diseñando procesos deficientes y, como consecuencia, les cuesta encontrar gente calificada a tiempo. ¡Qué torta!
Para ponerle números a la cosa, la Contraloría reveló que entre 2023 y 2024, ¡nombraron a 419 agentes de policía penitenciaria sin siquiera hacer un análisis adecuado de riesgos! Esto significa que podrían haber entrado personas que no eran aptas para el puesto, y eso, en un ambiente tan delicado como una cárcel, puede tener consecuencias graves. Además, hicieron tres evaluaciones de riesgo separadas, como si fueran ajenas unas de otras, y en casi el 30% de los expedientes faltaba la documentación que demostraba que realmente evaluaron si los candidatos tenían las habilidades necesarias.
Pero la cosa no termina ahí. De las casi 4.800 plazas aprobadas para contratar gente, ¡más de mil están vacantes! Y lo más preocupante es que de las 4.362 destinadas a “agente de policía”, ¡casi 430 siguen sin ocupar! Imaginen la presión que deben estar sintiendo los oficiales que sí están trabajando, teniendo que cubrir turnos y responsabilidades extras. ¡Qué cargada!
Ante esta situación, la Contraloría no se quedó de brazos cruzados. Le pidió al Ministro de Justicia, Gerald Campos, que ponga manos a la obra y establezca controles más estrictos para asegurar que los procesos de selección cumplan con la ley. También sugirió diseñar procedimientos para identificar, analizar y gestionar los riesgos, capacitar al personal encargado de estas tareas y actualizar los manuales de funciones y requisitos para cada puesto. Parece que hay mucho por hacer, mae.
Es evidente que se necesita una revisión profunda del sistema de contratación de la Policía Penitenciaria. No basta con echarle la culpa a la falta de presupuesto; hay que mejorar la gestión interna, fortalecer los controles y asegurarse de que la gente que entra a trabajar en las cárceles esté preparada para enfrentar los desafíos que implica este trabajo. Porque al final del día, la seguridad de todos –internos, funcionarios y ciudadanos– depende de ello. Con tanta cosa que pasa en el mundo, no podemos permitirnos desliz en temas de seguridad nacional, ¿verdad?
Ahora bien, luego de esta buena dosis de información, me pregunto: ¿Ustedes creen que el gobierno tomará cartas en el asunto y realmente implementará las recomendaciones de la Contraloría, o esto se quedará en otra investigación más que termina olvidada en un cajón? ¡Déjennos sus opiniones en el foro!
La movida toda salió a raíz de un informe que revisó cómo están controlando los riesgos en el momento de reclutar y seleccionar gente para trabajar en las cárceles. El estudio es importante, pues estos oficiales son quienes tienen la responsabilidad de vigilar, mantener el orden y garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal, así que no es un brete menor, vamos. Uno esperaría que todo estuviera afinadísimo, pero… bueno, ahí tenemos el panorama.
Y vaya que encontraron varias varas que estaban dando lata. Según la CGR, el Ministerio de Justicia “incumple parcialmente”. Eso suena suave, ¿verdad? Pero la realidad es que hay carencias bastante serias. Lo peor de todo es que parece que no le están prestando atención a los riesgos, diseñando procesos deficientes y, como consecuencia, les cuesta encontrar gente calificada a tiempo. ¡Qué torta!
Para ponerle números a la cosa, la Contraloría reveló que entre 2023 y 2024, ¡nombraron a 419 agentes de policía penitenciaria sin siquiera hacer un análisis adecuado de riesgos! Esto significa que podrían haber entrado personas que no eran aptas para el puesto, y eso, en un ambiente tan delicado como una cárcel, puede tener consecuencias graves. Además, hicieron tres evaluaciones de riesgo separadas, como si fueran ajenas unas de otras, y en casi el 30% de los expedientes faltaba la documentación que demostraba que realmente evaluaron si los candidatos tenían las habilidades necesarias.
Pero la cosa no termina ahí. De las casi 4.800 plazas aprobadas para contratar gente, ¡más de mil están vacantes! Y lo más preocupante es que de las 4.362 destinadas a “agente de policía”, ¡casi 430 siguen sin ocupar! Imaginen la presión que deben estar sintiendo los oficiales que sí están trabajando, teniendo que cubrir turnos y responsabilidades extras. ¡Qué cargada!
Ante esta situación, la Contraloría no se quedó de brazos cruzados. Le pidió al Ministro de Justicia, Gerald Campos, que ponga manos a la obra y establezca controles más estrictos para asegurar que los procesos de selección cumplan con la ley. También sugirió diseñar procedimientos para identificar, analizar y gestionar los riesgos, capacitar al personal encargado de estas tareas y actualizar los manuales de funciones y requisitos para cada puesto. Parece que hay mucho por hacer, mae.
Es evidente que se necesita una revisión profunda del sistema de contratación de la Policía Penitenciaria. No basta con echarle la culpa a la falta de presupuesto; hay que mejorar la gestión interna, fortalecer los controles y asegurarse de que la gente que entra a trabajar en las cárceles esté preparada para enfrentar los desafíos que implica este trabajo. Porque al final del día, la seguridad de todos –internos, funcionarios y ciudadanos– depende de ello. Con tanta cosa que pasa en el mundo, no podemos permitirnos desliz en temas de seguridad nacional, ¿verdad?
Ahora bien, luego de esta buena dosis de información, me pregunto: ¿Ustedes creen que el gobierno tomará cartas en el asunto y realmente implementará las recomendaciones de la Contraloría, o esto se quedará en otra investigación más que termina olvidada en un cajón? ¡Déjennos sus opiniones en el foro!
