¡Qué despiche nos cayó encima! Las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pintan un panorama bien oscuro para nuestros jóvenes. El cierre de 2025 dejó un saldo escalofriante de 50 menores de edad asesinados, superando cualquier registro previo y encendiendo todas las alarmas en el país. Esto significa que prácticamente cada semana, alguien nos arrancaba el corazón con una tragedia evitable.
Según datos oficiales del OIJ, desde 2021 se contabilizan ya 177 homicidios dolosos de personas menores de edad. La cifra es impactante y pone en evidencia una problemática compleja que va mucho más allá de la mera violencia urbana. Se trata de una convergencia de factores sociales, económicos y familiares que llevan a nuestros chicos a involucrarse en actividades ilícitas a edades peligrosamente tempranas, condenándolos a un destino fatal.
El director interino del OIJ, Michael Soto, no anduvo con rodeos al hablar sobre este fenómeno. Nos dijo que es lamentablemente común ver vidas cortas truncadas por el vínculo temprano con estructuras criminales. "Es el año que más personas menores de edad han muerto,” enfatizó Soto, subrayando que hablamos de adolescentes de apenas 14, 15 y 16 años, muchos de ellos ya investigados por la policía. ¡Qué carga tener que escuchar eso!
Y no es para menos, pues muchos de estos menores fallecidos ya tenían antecedentes penales relacionados con la venta de drogas o eran incluso principales sospechosos de otros homicidios. Un caso que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva ocurrió en agosto pasado, cuando un joven de 14 años perdió la vida en San Felipe de Alajuelita tras ser perseguido y baleado por varios metros. La información inicial apuntaba a su relación con la temida banda conocida como 'Los Lara'. Una barbaridad, simplemente.
Pero la realidad es que la franja etaria más vulnerable a los homicidios en nuestro país sigue siendo la de los 18 a 39 años, con un acumulado de 589 casos el año pasado. Según las autoridades, muchas de estas muertes responden a ajustes de cuentas dentro del mundo criminal, donde los jóvenes son vistos como elementos “desechables” por las organizaciones ilegales. ¡Qué sal que esto siga pasando así!
Soto nos soltó una frase que da bastante qué pensar: “Si una de estas personas muere o termina en la cárcel, van a buscar otro. Hay una fila, literalmente, esperando que les den oportunidad para ser parte de una estructura criminal porque es un tema lucrativo.” Esto demuestra la magnitud del problema y la urgencia de implementar medidas preventivas efectivas que alejen a los jóvenes de la tentación del dinero fácil y la violencia.
El país cerró el año con un total de 873 homicidios dolosos, perfilando principalmente a vendedores de droga y sicarios como los perfiles más comunes entre las víctimas. Este dato nos obliga a reflexionar sobre cómo hemos permitido que el narcotráfico y la delincuencia organizada arraiguen en nuestra sociedad, afectando especialmente a los sectores más vulnerables y poniendo en riesgo el futuro de nuestros jóvenes. Ya no podemos seguir viendo la cara atrás, necesitamos actuar ahora.
Ante este panorama desalentador, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué acciones concretas, además de las ya existentes, puede tomar el gobierno, las familias y la comunidad en general para romper este círculo vicioso de violencia y ofrecer a nuestros jóvenes una alternativa viable lejos de las estructuras criminales? ¿Cómo logramos construir un futuro más seguro y esperanzador para la próxima generación?
Según datos oficiales del OIJ, desde 2021 se contabilizan ya 177 homicidios dolosos de personas menores de edad. La cifra es impactante y pone en evidencia una problemática compleja que va mucho más allá de la mera violencia urbana. Se trata de una convergencia de factores sociales, económicos y familiares que llevan a nuestros chicos a involucrarse en actividades ilícitas a edades peligrosamente tempranas, condenándolos a un destino fatal.
El director interino del OIJ, Michael Soto, no anduvo con rodeos al hablar sobre este fenómeno. Nos dijo que es lamentablemente común ver vidas cortas truncadas por el vínculo temprano con estructuras criminales. "Es el año que más personas menores de edad han muerto,” enfatizó Soto, subrayando que hablamos de adolescentes de apenas 14, 15 y 16 años, muchos de ellos ya investigados por la policía. ¡Qué carga tener que escuchar eso!
Y no es para menos, pues muchos de estos menores fallecidos ya tenían antecedentes penales relacionados con la venta de drogas o eran incluso principales sospechosos de otros homicidios. Un caso que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva ocurrió en agosto pasado, cuando un joven de 14 años perdió la vida en San Felipe de Alajuelita tras ser perseguido y baleado por varios metros. La información inicial apuntaba a su relación con la temida banda conocida como 'Los Lara'. Una barbaridad, simplemente.
Pero la realidad es que la franja etaria más vulnerable a los homicidios en nuestro país sigue siendo la de los 18 a 39 años, con un acumulado de 589 casos el año pasado. Según las autoridades, muchas de estas muertes responden a ajustes de cuentas dentro del mundo criminal, donde los jóvenes son vistos como elementos “desechables” por las organizaciones ilegales. ¡Qué sal que esto siga pasando así!
Soto nos soltó una frase que da bastante qué pensar: “Si una de estas personas muere o termina en la cárcel, van a buscar otro. Hay una fila, literalmente, esperando que les den oportunidad para ser parte de una estructura criminal porque es un tema lucrativo.” Esto demuestra la magnitud del problema y la urgencia de implementar medidas preventivas efectivas que alejen a los jóvenes de la tentación del dinero fácil y la violencia.
El país cerró el año con un total de 873 homicidios dolosos, perfilando principalmente a vendedores de droga y sicarios como los perfiles más comunes entre las víctimas. Este dato nos obliga a reflexionar sobre cómo hemos permitido que el narcotráfico y la delincuencia organizada arraiguen en nuestra sociedad, afectando especialmente a los sectores más vulnerables y poniendo en riesgo el futuro de nuestros jóvenes. Ya no podemos seguir viendo la cara atrás, necesitamos actuar ahora.
Ante este panorama desalentador, la pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué acciones concretas, además de las ya existentes, puede tomar el gobierno, las familias y la comunidad en general para romper este círculo vicioso de violencia y ofrecer a nuestros jóvenes una alternativa viable lejos de las estructuras criminales? ¿Cómo logramos construir un futuro más seguro y esperanzador para la próxima generación?
