¡Ay, Dios mío! Esto del país va de cartón, mijos. Resulta que la tranquilidad en nuestros campus universitarios parece ser cosa del pasado. Esta semana, la Universidad de Costa Rica (UCR) tuvo que soltar la bomba de que una directora de programa de posgrado recibió una visita bien desagradable: un par de tipos armados que querían que cambie los requisitos de admisión. ¡Imagínate la bronca! Aparentemente, los vándalos eso estaban buscando flexionar su voluntad para meter a quien se les dé la gana, sin importar si cumplen con el perfil.
Y ni hablar, que esto no cayó en cámara lenta. Según la información que nos llegó, la directora estaba caminando tranquila, haciendo sus cosas fuera de la UCR, cuando estos personajes se le fueron encima con la intención de intimidarla. La presión iba en aumento: si no cambiaba los criterios de admisión, iban a pasarle factura a ella y a su familia. ¡Un verdadero chinchorreo! La universidad obviamente condenó el acto, calificándolo de inaceptable y contrario a los valores democráticos del país. Ya saben, esos valores que tanto pregonamos, pero que a veces parecen más bien una bonita fachada.
Pero aquí lo más peludo es que esto no es la primera vez que se presenta una situación así. En las últimas semanas, varias facultades de la UCR y otras universidades públicas han tenido que activar los protocolos de emergencia porque aparecen llamadas anónimas o mensajes amenazantes de posibles tiroteos. Imagínense la angustia de los estudiantes, de los profes, de todo el personal administrativo… ¡todo el mundo andaba con el corazón en la boca! Se han tenido que hacer evacuaciones repentinas, causar zozobra generalizada. Parece que estamos viviendo en una película de acción, pero lamentablemente, esto está pasando aquí mismo, en nuestro querido Costa Rica.
Ahora, las autoridades académicas están pensando en unir fuerzas y crear un protocolo único de seguridad para todas las universidades públicas. Dicen que entre más coordinados estén, mejor podrán responder ante cualquier eventualidad. La idea es buena, pero me da la impresión que la solución pasa por atacar la raíz del problema, que es la violencia social y la impunidad que impera en nuestro país. Porque si la gente siente que puede actuar con total libertad y que no hay consecuencias por sus actos, pues claro que van a seguir generando problemas.
Por supuesto, la UCR no quiere andar dando detalles sobre quién es la directora amenazada, por motivos de seguridad. Lo que sí confirmaron es que ya pusieron el caso en manos de la Fiscalía. La pobre mujer ya presentó la denuncia correspondiente y ahora toca esperar a ver qué hacen las autoridades judiciales. Esperemos que agarren rápido a estos delincuentes y les caiga toda la ley. Porque así no se puede vivir, mijos. Con miedo constante, sintiéndose vulnerables. Además, pinta feo que tengamos que vivir pendientes de si nos van a hacer daño por defender principios académicos, como la meritocracia y la igualdad de oportunidades.
Este episodio, sin duda, deja un sabor amargo en nuestra boca. Nos recuerda que la educación, que debería ser un espacio seguro y propicio para el aprendizaje, también puede ser blanco de ataques y presiones externas. No podemos permitir que intereses oscuros manipulen los procesos académicos ni intimiden a quienes defienden la integridad universitaria. Tenemos que estar alertas y denunciar cualquier intento de corrupción o manipulación. Defender la calidad de nuestra educación es responsabilidad de todos, no solamente de las autoridades universitarias.
Esta maraña de situaciones plantea un interrogante crucial: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger la autonomía de nuestras universidades y garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores? Parece que estamos entrando en una espiral de violencia y amenazas que pone en riesgo la estabilidad de nuestras instituciones educativas. Necesitamos soluciones urgentes y efectivas para frenar esta tendencia y recuperar la confianza en nuestras universidades. Pero, ¿cómo lograrlo en un país donde la polarización política y la desigualdad social son tan profundas?
Y hablando en serio, mijos, ¿ustedes creen que la UCR necesita contratar guardaespaldas personales para todas las directoras? ¿O sería más efectivo invertir en programas sociales que aborden las causas fundamentales de la violencia y la desigualdad en el país? Déjenme saber qué piensan en los comentarios, ¡quiero leer sus opiniones!
Y ni hablar, que esto no cayó en cámara lenta. Según la información que nos llegó, la directora estaba caminando tranquila, haciendo sus cosas fuera de la UCR, cuando estos personajes se le fueron encima con la intención de intimidarla. La presión iba en aumento: si no cambiaba los criterios de admisión, iban a pasarle factura a ella y a su familia. ¡Un verdadero chinchorreo! La universidad obviamente condenó el acto, calificándolo de inaceptable y contrario a los valores democráticos del país. Ya saben, esos valores que tanto pregonamos, pero que a veces parecen más bien una bonita fachada.
Pero aquí lo más peludo es que esto no es la primera vez que se presenta una situación así. En las últimas semanas, varias facultades de la UCR y otras universidades públicas han tenido que activar los protocolos de emergencia porque aparecen llamadas anónimas o mensajes amenazantes de posibles tiroteos. Imagínense la angustia de los estudiantes, de los profes, de todo el personal administrativo… ¡todo el mundo andaba con el corazón en la boca! Se han tenido que hacer evacuaciones repentinas, causar zozobra generalizada. Parece que estamos viviendo en una película de acción, pero lamentablemente, esto está pasando aquí mismo, en nuestro querido Costa Rica.
Ahora, las autoridades académicas están pensando en unir fuerzas y crear un protocolo único de seguridad para todas las universidades públicas. Dicen que entre más coordinados estén, mejor podrán responder ante cualquier eventualidad. La idea es buena, pero me da la impresión que la solución pasa por atacar la raíz del problema, que es la violencia social y la impunidad que impera en nuestro país. Porque si la gente siente que puede actuar con total libertad y que no hay consecuencias por sus actos, pues claro que van a seguir generando problemas.
Por supuesto, la UCR no quiere andar dando detalles sobre quién es la directora amenazada, por motivos de seguridad. Lo que sí confirmaron es que ya pusieron el caso en manos de la Fiscalía. La pobre mujer ya presentó la denuncia correspondiente y ahora toca esperar a ver qué hacen las autoridades judiciales. Esperemos que agarren rápido a estos delincuentes y les caiga toda la ley. Porque así no se puede vivir, mijos. Con miedo constante, sintiéndose vulnerables. Además, pinta feo que tengamos que vivir pendientes de si nos van a hacer daño por defender principios académicos, como la meritocracia y la igualdad de oportunidades.
Este episodio, sin duda, deja un sabor amargo en nuestra boca. Nos recuerda que la educación, que debería ser un espacio seguro y propicio para el aprendizaje, también puede ser blanco de ataques y presiones externas. No podemos permitir que intereses oscuros manipulen los procesos académicos ni intimiden a quienes defienden la integridad universitaria. Tenemos que estar alertas y denunciar cualquier intento de corrupción o manipulación. Defender la calidad de nuestra educación es responsabilidad de todos, no solamente de las autoridades universitarias.
Esta maraña de situaciones plantea un interrogante crucial: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger la autonomía de nuestras universidades y garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores? Parece que estamos entrando en una espiral de violencia y amenazas que pone en riesgo la estabilidad de nuestras instituciones educativas. Necesitamos soluciones urgentes y efectivas para frenar esta tendencia y recuperar la confianza en nuestras universidades. Pero, ¿cómo lograrlo en un país donde la polarización política y la desigualdad social son tan profundas?
Y hablando en serio, mijos, ¿ustedes creen que la UCR necesita contratar guardaespaldas personales para todas las directoras? ¿O sería más efectivo invertir en programas sociales que aborden las causas fundamentales de la violencia y la desigualdad en el país? Déjenme saber qué piensan en los comentarios, ¡quiero leer sus opiniones!
