¡Ay, Dios mío! Aquí estamos otra vez con el Banco de Costa Rica metido en un brete gordo. Esta vez, la Fiscalía Anticorrupción llegó con todo, allanando 16 sedes buscando pruebas de cómo se fueron prácticamente 92 milloncitos en la compra de propiedades. ¡Una torta! Parece que alguien no anduvo jugando limpio, y ahora toca ver quién tuvo la mano larga.
Según el Ministerio Público, la movida tiene que ver con un presunto “sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública”. Básicamente, dicen que la Junta Directiva, el Comité de Inversión y demás mandamases de SAFI (la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión) podrían haber inflado los precios de algunas propiedades para beneficiar a unos cuantos. ¡Qué sal!
Y ojo, porque esto no es nuevo. Desde julio del año pasado, la Fiscalía Adjunta de Probidad ya estaba revisando la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en Caldera. Resulta que ahí apareció un exdiputado del PUSC, Humberto Vargas Corrales, con una jugosa ganancia. Se dice que compró la finca por unos 16 millones y la vendieron a SAFI por 70, ¡una diferencia de 54 millones! Ahí ya huele a chamaco quemado, diay.
Pero eso no es todo. La investigación también apunta a otras propiedades en Guadalupe, Santa Ana, La Uruca, Ciudad Colón y Pavas. Algunas estaban bajo fideicomisos complicadísimos, ¡parecía juego de niños! Además, el exdiputado Vargas, parece que su sombra aparece en varias de estas transacciones, generando aún más sospechas. Uno se pregunta si esto es pura coincidencia o si hay tela que cortar, chunches.
Ahora, el BCR dice que todo esto es un “secuestro de información” normal y que ellos siempre han colaborado con la justicia. Lo aseguran en un comunicado, diciendo que tenían toda la papelería lista para entregar. Pero bueno, con tanta polémica, cuesta creerles, ¿verdad? Aunque prometen que nadie va a estar afectado, la verdad es que la imagen del banco anda medio tiznada últimamente.
La Superintendencia General de Valores tampoco se queda atrás, ¡ya están tramitando procesos disciplinarios y regulatorios contra los involucrados! Al parecer, no solo la Fiscalía está metida en esto, sino que también buscan sancionar a quienes incumplieron las normas. Eso sí que es darle bola al asunto, mae. La cosa se está poniendo interesante y da gusto ver que las autoridades no se están echando para atrás.
Y hablando de las autoridades, recordemos que hace poco detuvieron a un médico sospechoso de amenazar con un arma de fuego al director de la UCR. ¡Qué nivel de estrés tenemos en el país! Entre eso y los temas del Parque Nacional Lorne Ross, el gobierno anda apagando fuegos por todos lados. Y ahora esto del BCR se suma a la lista. ¡Menuda carga!
Esta maraña de compras de propiedades con sobreprecios y posibles actos de corrupción nos deja pensando: ¿Hasta dónde llegará esta investigación y qué medidas tomará el gobierno para evitar que estas situaciones se repitan? ¿Deberían auditar exhaustivamente todas las inversiones hechas por el BCR en los últimos años para limpiar la sopa, o creen que enfocarse en los casos más flagrantes es suficiente?
Según el Ministerio Público, la movida tiene que ver con un presunto “sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública”. Básicamente, dicen que la Junta Directiva, el Comité de Inversión y demás mandamases de SAFI (la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión) podrían haber inflado los precios de algunas propiedades para beneficiar a unos cuantos. ¡Qué sal!
Y ojo, porque esto no es nuevo. Desde julio del año pasado, la Fiscalía Adjunta de Probidad ya estaba revisando la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en Caldera. Resulta que ahí apareció un exdiputado del PUSC, Humberto Vargas Corrales, con una jugosa ganancia. Se dice que compró la finca por unos 16 millones y la vendieron a SAFI por 70, ¡una diferencia de 54 millones! Ahí ya huele a chamaco quemado, diay.
Pero eso no es todo. La investigación también apunta a otras propiedades en Guadalupe, Santa Ana, La Uruca, Ciudad Colón y Pavas. Algunas estaban bajo fideicomisos complicadísimos, ¡parecía juego de niños! Además, el exdiputado Vargas, parece que su sombra aparece en varias de estas transacciones, generando aún más sospechas. Uno se pregunta si esto es pura coincidencia o si hay tela que cortar, chunches.
Ahora, el BCR dice que todo esto es un “secuestro de información” normal y que ellos siempre han colaborado con la justicia. Lo aseguran en un comunicado, diciendo que tenían toda la papelería lista para entregar. Pero bueno, con tanta polémica, cuesta creerles, ¿verdad? Aunque prometen que nadie va a estar afectado, la verdad es que la imagen del banco anda medio tiznada últimamente.
La Superintendencia General de Valores tampoco se queda atrás, ¡ya están tramitando procesos disciplinarios y regulatorios contra los involucrados! Al parecer, no solo la Fiscalía está metida en esto, sino que también buscan sancionar a quienes incumplieron las normas. Eso sí que es darle bola al asunto, mae. La cosa se está poniendo interesante y da gusto ver que las autoridades no se están echando para atrás.
Y hablando de las autoridades, recordemos que hace poco detuvieron a un médico sospechoso de amenazar con un arma de fuego al director de la UCR. ¡Qué nivel de estrés tenemos en el país! Entre eso y los temas del Parque Nacional Lorne Ross, el gobierno anda apagando fuegos por todos lados. Y ahora esto del BCR se suma a la lista. ¡Menuda carga!
Esta maraña de compras de propiedades con sobreprecios y posibles actos de corrupción nos deja pensando: ¿Hasta dónde llegará esta investigación y qué medidas tomará el gobierno para evitar que estas situaciones se repitan? ¿Deberían auditar exhaustivamente todas las inversiones hechas por el BCR en los últimos años para limpiar la sopa, o creen que enfocarse en los casos más flagrantes es suficiente?
