¡Ay, Dios mío! El Banco Central de Costa Rica sigue metido en movidas turbias, y esta vez involucra un supuesto amaño de informes para justificar la compra del Parque del Pacífico. La Fiscalía anda revolucionada con este caso que promete sacudirle el polvo a muchos pelones en el gobierno y en el banco.
La bronca viene de allá atrás, cuando el FIND del BCR se fajó a comprar el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por unos 70 millones de dólares. Desde un principio, la jugada olía raro, porque pronto salió a relucir que el verdadero valor de la propiedad rondaba los 28 millones. ¡Una diferencia abismal!
Ahora resulta que Álvaro Jiménez Villegas, el abogado que le daba soporte legal a BCR SAFI, estaría coludido para manipular los informes técnicos y hacer ver que la compra era un negocio redondo. Según la Fiscalía, él habría “acomodao” los papeles pa’ que todo el mundo apruebe la transacción sin hacer preguntas, jugando sucio con la confianza pública. Imagínate el chayote que eso representa, mae… ¡Un sobreprecio de casi 42 millones!
El problema es que al fondo, los inversionistas perdieron más de 22 millones de colones en menos de dos años. A esto súmale que empresas como GeoInn Geospatial Innovations demostraron que, ¡en septiembre y octubre de 2019, casi no había estructuras levantadas en el terreno! ¿Cómo demonios se pudo tasar esa tierra en 70 palos si parecía un baldío?
Y aquí vienen más nombres pesados. Resulta que Marco Carbajal Soto, Luis Carlos Gutiérrez Chaves y Natalia Garro Acuña, todos figuras clave dentro de la SAFI, serían responsables directos de haber evaluado el proyecto a un costo inflado, sabiendo perfectamente que estaban mintiendo. ¡Qué sal! Pensé que esto sólo pasaba en telenovelas, pero parece que algunos funcionarios del Estado viven en otra realidad.
Pero la trama no termina ahí. Esta compra del Parque del Pacífico está íntimamente relacionada con otras operaciones sospechosas lideradas por el exdiputado Humberto Vargas Corrales y su pandilla. Se habla de hasta 92 millones de dólares en movimientos irregulares, involucrando a familiares, socios y exfuncionarios del BCR. ¡Parece una novela de Pablo Escobar, pero acá en Costa Rica!
Al final, todo este escándalo pone en entredicho la transparencia y la integridad del sistema financiero nacional. ¿Cómo es posible que un banco estatal, encargado de administrar el dinero de todos los costarricenses, pueda verse envuelto en semejantes situaciones? Tenemos que exigir respuestas claras y castigos ejemplares para los culpables de esta estafa. Dejemos claro, esto no es ningún juego, es el dinero de nuestros impuestos que se ha ido cuesta abajo.
Entre tanto revuelo y acusaciones, me pregunto: ¿Crees que este caso abrirá realmente una puerta a una mayor rendición de cuentas en las instituciones públicas o simplemente será más humo y espejos para distraernos de la corrupción enquistada en nuestro país?
La bronca viene de allá atrás, cuando el FIND del BCR se fajó a comprar el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por unos 70 millones de dólares. Desde un principio, la jugada olía raro, porque pronto salió a relucir que el verdadero valor de la propiedad rondaba los 28 millones. ¡Una diferencia abismal!
Ahora resulta que Álvaro Jiménez Villegas, el abogado que le daba soporte legal a BCR SAFI, estaría coludido para manipular los informes técnicos y hacer ver que la compra era un negocio redondo. Según la Fiscalía, él habría “acomodao” los papeles pa’ que todo el mundo apruebe la transacción sin hacer preguntas, jugando sucio con la confianza pública. Imagínate el chayote que eso representa, mae… ¡Un sobreprecio de casi 42 millones!
El problema es que al fondo, los inversionistas perdieron más de 22 millones de colones en menos de dos años. A esto súmale que empresas como GeoInn Geospatial Innovations demostraron que, ¡en septiembre y octubre de 2019, casi no había estructuras levantadas en el terreno! ¿Cómo demonios se pudo tasar esa tierra en 70 palos si parecía un baldío?
Y aquí vienen más nombres pesados. Resulta que Marco Carbajal Soto, Luis Carlos Gutiérrez Chaves y Natalia Garro Acuña, todos figuras clave dentro de la SAFI, serían responsables directos de haber evaluado el proyecto a un costo inflado, sabiendo perfectamente que estaban mintiendo. ¡Qué sal! Pensé que esto sólo pasaba en telenovelas, pero parece que algunos funcionarios del Estado viven en otra realidad.
Pero la trama no termina ahí. Esta compra del Parque del Pacífico está íntimamente relacionada con otras operaciones sospechosas lideradas por el exdiputado Humberto Vargas Corrales y su pandilla. Se habla de hasta 92 millones de dólares en movimientos irregulares, involucrando a familiares, socios y exfuncionarios del BCR. ¡Parece una novela de Pablo Escobar, pero acá en Costa Rica!
Al final, todo este escándalo pone en entredicho la transparencia y la integridad del sistema financiero nacional. ¿Cómo es posible que un banco estatal, encargado de administrar el dinero de todos los costarricenses, pueda verse envuelto en semejantes situaciones? Tenemos que exigir respuestas claras y castigos ejemplares para los culpables de esta estafa. Dejemos claro, esto no es ningún juego, es el dinero de nuestros impuestos que se ha ido cuesta abajo.
Entre tanto revuelo y acusaciones, me pregunto: ¿Crees que este caso abrirá realmente una puerta a una mayor rendición de cuentas en las instituciones públicas o simplemente será más humo y espejos para distraernos de la corrupción enquistada en nuestro país?
