Maes, agárrense porque la vara en Colombia se puso… mística, por no decir otra cosa. Imagínense que usted llega un día al brete y su compa le dice: “Mae, no puedo ir a la mejenga el sábado, tengo un rito de santería que es parte de mi religión oficial”. Diay, suena como un chiste, ¿verdad? Pues en Colombia están a un par de debates de que esa sea una realidad. Resulta que un grupo de congresistas del Pacto Histórico, la coalición del gobierno, tiró sobre la mesa un par de proyectos de ley que tienen a medio país con los pelos de punta y al otro medio sacando las palomitas. La idea central: que la brujería, la hechicería y otras prácticas “ancestrales” sean reconocidas por el Estado como libertad religiosa, con todo y cédula jurídica.
El despiche está en que quieren meterle mano a una ley viejísima, la 133 de 1994, que básicamente decía: “Todo tuanis con las religiones, pero suave un toque, el satanismo, la brujería y las varas mágicas no juegan en esta liga”. La ley actual los excluye explícitamente. Los nuevos proyectos (el 057 y 058) proponen volar esa parte del texto para, según ellos, “evitar cualquier tipo de discriminación”. O sea, que si su vecino le pone un trabajito con un muñeco vudú, ya no sería una práctica clandestina, sino el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de culto. ¡Qué nivel de enredo! Esto ha puesto a los grupos evangélicos y a otras iglesias tradicionales a pegar el grito al cielo, diciendo que una cosa es la fe y otra muy distinta es legitimar prácticas que, según ellos, a menudo buscan hacerle el mal a la gente.
Y es que ahí está el meollo del asunto. Un pastor, de apellido Róvira, lo puso en palabras sencillas para el periódico El Colombiano. Él decía que estas prácticas ya existen, que están en las comunidades, pero al ser clandestinas, no tienen el respaldo del Estado. Pero si se aprueba la ley, de repente el hechicero del barrio podría tener personería jurídica, y los “amarres” o los rituales para que al vecino le vaya mal podrían ser considerados actos religiosos protegidos por la ley. “Incluso, hay personas que consultan eso para hacerle daño a otras, para que a otro le vaya mal o para que muera”, dijo el mae. Y viéndolo así, uno entiende la preocupación. Una cosa es la libertad de creer en lo que a uno le dé la gana y otra es darle un marco legal a algo que, en muchos casos, tiene intenciones bastante oscuras.
Para terminar de amarrar el tamal, el otro proyecto de ley propone crear mecanismos de inspección y control del Estado sobre TODAS las entidades religiosas. O sea, que el Ministerio del Interior podría meter las narices en la contabilidad, los beneficios tributarios y hasta cancelar personerías jurídicas si algo no les cuadra. ¡Qué torta! Esto, por supuesto, fue la gota que derramó el vaso para muchas iglesias, que lo ven como una intromisión directa en su autonomía. Ante semejante caos, al Ministro del Interior, Armando Benedetti, no le quedó más que salir a apagar el incendio. Se reunió con más de 30 líderes religiosos y dijo, básicamente, que el gobierno se lavaba las manos y no apoyaba esas iniciativas, porque la fe es un derecho y no algo que el Estado deba controlar.
Al final, la situación queda en un limbo rarísimo. Por un lado, una propuesta que busca, en teoría, la inclusión y el fin de la discriminación a prácticas espirituales no tradicionales. Por otro, el temor legítimo de que se abra una puerta para legalizar actividades con intenciones dañinas y, de paso, aumentar el control del gobierno sobre todas las religiones. Es un debate que va más allá de si uno cree o no en estas varas; toca la fibra de lo que definimos como religión y hasta dónde deben llegar las libertades individuales cuando podrían afectar a otros. La discusión en el congreso colombiano sigue, así que esta novela apenas comienza.
Maes, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de esta vara? ¿Es un avance necesario en derechos humanos para evitar la persecución de creencias minoritarias o se les fue completamente la mano y ahora cualquier chunche va a poder ser catalogado como religión? ¿Dónde se debería pintar la raya?
El despiche está en que quieren meterle mano a una ley viejísima, la 133 de 1994, que básicamente decía: “Todo tuanis con las religiones, pero suave un toque, el satanismo, la brujería y las varas mágicas no juegan en esta liga”. La ley actual los excluye explícitamente. Los nuevos proyectos (el 057 y 058) proponen volar esa parte del texto para, según ellos, “evitar cualquier tipo de discriminación”. O sea, que si su vecino le pone un trabajito con un muñeco vudú, ya no sería una práctica clandestina, sino el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de culto. ¡Qué nivel de enredo! Esto ha puesto a los grupos evangélicos y a otras iglesias tradicionales a pegar el grito al cielo, diciendo que una cosa es la fe y otra muy distinta es legitimar prácticas que, según ellos, a menudo buscan hacerle el mal a la gente.
Y es que ahí está el meollo del asunto. Un pastor, de apellido Róvira, lo puso en palabras sencillas para el periódico El Colombiano. Él decía que estas prácticas ya existen, que están en las comunidades, pero al ser clandestinas, no tienen el respaldo del Estado. Pero si se aprueba la ley, de repente el hechicero del barrio podría tener personería jurídica, y los “amarres” o los rituales para que al vecino le vaya mal podrían ser considerados actos religiosos protegidos por la ley. “Incluso, hay personas que consultan eso para hacerle daño a otras, para que a otro le vaya mal o para que muera”, dijo el mae. Y viéndolo así, uno entiende la preocupación. Una cosa es la libertad de creer en lo que a uno le dé la gana y otra es darle un marco legal a algo que, en muchos casos, tiene intenciones bastante oscuras.
Para terminar de amarrar el tamal, el otro proyecto de ley propone crear mecanismos de inspección y control del Estado sobre TODAS las entidades religiosas. O sea, que el Ministerio del Interior podría meter las narices en la contabilidad, los beneficios tributarios y hasta cancelar personerías jurídicas si algo no les cuadra. ¡Qué torta! Esto, por supuesto, fue la gota que derramó el vaso para muchas iglesias, que lo ven como una intromisión directa en su autonomía. Ante semejante caos, al Ministro del Interior, Armando Benedetti, no le quedó más que salir a apagar el incendio. Se reunió con más de 30 líderes religiosos y dijo, básicamente, que el gobierno se lavaba las manos y no apoyaba esas iniciativas, porque la fe es un derecho y no algo que el Estado deba controlar.
Al final, la situación queda en un limbo rarísimo. Por un lado, una propuesta que busca, en teoría, la inclusión y el fin de la discriminación a prácticas espirituales no tradicionales. Por otro, el temor legítimo de que se abra una puerta para legalizar actividades con intenciones dañinas y, de paso, aumentar el control del gobierno sobre todas las religiones. Es un debate que va más allá de si uno cree o no en estas varas; toca la fibra de lo que definimos como religión y hasta dónde deben llegar las libertades individuales cuando podrían afectar a otros. La discusión en el congreso colombiano sigue, así que esta novela apenas comienza.
Maes, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de esta vara? ¿Es un avance necesario en derechos humanos para evitar la persecución de creencias minoritarias o se les fue completamente la mano y ahora cualquier chunche va a poder ser catalogado como religión? ¿Dónde se debería pintar la raya?
