¡Ay, Dios mío! Se armó un bronca tremenda con las declaraciones de Douglas Caamaño sobre el pacto fiscal que se está cocinando. El exministro, en una entrevista exclusiva para Análisis Trece, soltó unas verdades que dejaron a muchos con la boca abierta y otros pensando qué pasará con los programas sociales si este acuerdo sale adelante. Parece que vamos a tener que apretarle el cinturón más de lo que ya estamos acostumbrados, mae.
Para ponerlos en el contexto, el pacto fiscal busca estabilizar las finanzas públicas, que andan medio patéticos tras los gastos acumulados durante la pandemia y algunos proyectos “ambiciosos” que terminaron siendo un churre. El gobierno argumenta que es indispensable para mantener la confianza de los inversionistas internacionales y evitar un escenario aún peor. Pero la oposición, claro, dice que se va a ir al traste el bienestar de los más necesitados, especialmente aquellos que dependen de programas como la canasta básica y ayudas para vivienda.
Caamaño, con su estilo directo y sin pelos en la lengua, apuntó directamente a la necesidad de recortar gastos en áreas consideradas “no prioritarias”. Según él, hay muchísima grasa que se puede quemar en la administración pública y algunos proyectos que simplemente no tienen justificación económica. De hecho, mencionó específicamente la ampliación del hospital Joaquín Machado en San José, diciendo que “esa vara estaba inflada desde el principio”. Esto generó un escándalo porque varios diputados y funcionarios públicos defienden a capa y espada ese proyecto.
Las reacciones no se hicieron esperar. Los sindicatos convocaron protestas, organizaciones sociales emitieron comunicados furiosos y hasta los influencers se sumaron al debate en redes sociales. En Twitter (#PactoFiscalCR se volvió trending topic en cuestión de minutos). Muchos ciudadanos expresaron preocupación por cómo estos recortes afectarán sus vidas diarias. Algunos temen perder empleos, mientras que otros simplemente no saben cómo van a llegar a fin de mes si los precios siguen subiendo y las ayudas disminuyen.
Por otro lado, también hay voces que apoyan el pacto fiscal, argumentando que es un mal menor ante la posibilidad de una crisis económica mayor. Estos defensores sostienen que el gobierno necesita demostrar responsabilidad fiscal para atraer inversión extranjera y generar empleo. Dicen que es hora de dejar atrás los populismos y enfrentar la realidad: el país anda endeudado hasta las cejas y necesitamos tomar medidas drásticas, aunque sean dolorosas. Un economista que prefirió mantenerse anónimo nos comentó que “a veces toca tragar sapos para avanzar”.
La propuesta del pacto fiscal incluye medidas como aumentar impuestos a empresas multinacionales, renegociar deuda externa y racionalizar el gasto público en diversas áreas. También se plantea reformar el sistema de pensiones, lo cual es otra vara que ha generado mucha controversia. Los jubilados y pensionados aseguran que ya están sufriendo bastante con la inflación y no pueden permitirse más sacrificios. Además, existe la sospecha de que estas reformas podrían beneficiar a ciertos grupos de interés a expensas de la mayoría.
Este debate tiene implicaciones profundas para el futuro de Costa Rica. No se trata solamente de números y porcentajes; se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos construir. ¿Una donde el Estado asume la responsabilidad de proteger a los más vulnerables, incluso a costa de un mayor endeudamiento? ¿O una donde la eficiencia económica y la atracción de inversión son prioridades absolutas, aunque eso implique sacrificar algunos programas sociales?
Con tanto revuelo alrededor de este pacto fiscal, me pregunto: ¿Creen ustedes que los recortes propuestos son realmente necesarios para salvar la economía nacional, o estaremos comprometiendo el bienestar social de las familias más necesitadas? ¡Déjenme saber su opinión en los comentarios!
Para ponerlos en el contexto, el pacto fiscal busca estabilizar las finanzas públicas, que andan medio patéticos tras los gastos acumulados durante la pandemia y algunos proyectos “ambiciosos” que terminaron siendo un churre. El gobierno argumenta que es indispensable para mantener la confianza de los inversionistas internacionales y evitar un escenario aún peor. Pero la oposición, claro, dice que se va a ir al traste el bienestar de los más necesitados, especialmente aquellos que dependen de programas como la canasta básica y ayudas para vivienda.
Caamaño, con su estilo directo y sin pelos en la lengua, apuntó directamente a la necesidad de recortar gastos en áreas consideradas “no prioritarias”. Según él, hay muchísima grasa que se puede quemar en la administración pública y algunos proyectos que simplemente no tienen justificación económica. De hecho, mencionó específicamente la ampliación del hospital Joaquín Machado en San José, diciendo que “esa vara estaba inflada desde el principio”. Esto generó un escándalo porque varios diputados y funcionarios públicos defienden a capa y espada ese proyecto.
Las reacciones no se hicieron esperar. Los sindicatos convocaron protestas, organizaciones sociales emitieron comunicados furiosos y hasta los influencers se sumaron al debate en redes sociales. En Twitter (#PactoFiscalCR se volvió trending topic en cuestión de minutos). Muchos ciudadanos expresaron preocupación por cómo estos recortes afectarán sus vidas diarias. Algunos temen perder empleos, mientras que otros simplemente no saben cómo van a llegar a fin de mes si los precios siguen subiendo y las ayudas disminuyen.
Por otro lado, también hay voces que apoyan el pacto fiscal, argumentando que es un mal menor ante la posibilidad de una crisis económica mayor. Estos defensores sostienen que el gobierno necesita demostrar responsabilidad fiscal para atraer inversión extranjera y generar empleo. Dicen que es hora de dejar atrás los populismos y enfrentar la realidad: el país anda endeudado hasta las cejas y necesitamos tomar medidas drásticas, aunque sean dolorosas. Un economista que prefirió mantenerse anónimo nos comentó que “a veces toca tragar sapos para avanzar”.
La propuesta del pacto fiscal incluye medidas como aumentar impuestos a empresas multinacionales, renegociar deuda externa y racionalizar el gasto público en diversas áreas. También se plantea reformar el sistema de pensiones, lo cual es otra vara que ha generado mucha controversia. Los jubilados y pensionados aseguran que ya están sufriendo bastante con la inflación y no pueden permitirse más sacrificios. Además, existe la sospecha de que estas reformas podrían beneficiar a ciertos grupos de interés a expensas de la mayoría.
Este debate tiene implicaciones profundas para el futuro de Costa Rica. No se trata solamente de números y porcentajes; se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos construir. ¿Una donde el Estado asume la responsabilidad de proteger a los más vulnerables, incluso a costa de un mayor endeudamiento? ¿O una donde la eficiencia económica y la atracción de inversión son prioridades absolutas, aunque eso implique sacrificar algunos programas sociales?
Con tanto revuelo alrededor de este pacto fiscal, me pregunto: ¿Creen ustedes que los recortes propuestos son realmente necesarios para salvar la economía nacional, o estaremos comprometiendo el bienestar social de las familias más necesitadas? ¡Déjenme saber su opinión en los comentarios!
