¡Ay, Dios mío, qué lío! La Asamblea Legislativa se convirtió en un circo mediático el lunes pasado, cuando 25 diputados –entre verdengueros, amarillos y unos cuantos independientes– decidieron echarle presión a Fabricio Alvarado Muñoz para que se quite de encima la inmunidad parlamentaria. Una moción que venía prendidísima desde hace semanas y que, pa’ colmo, cuenta con el apoyo de una diputada del PUSC, ni más ni menos. Esto, amigos, no es un juego limpio.
Para quienes no estén al tanto, el asunto viene de atrás. Todo estalló a principios de octubre tras una publicación en ameliarueda.com donde salió a la luz una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de edad, supuestamente ocurrida en el 2006, cuando el ahora diputado era un jovencito de 32 años y la denunciante apenas contaba con 13. La dama, valiente, puso cara al caso en redes sociales, elevando el escándalo a niveles estratosféricos. De repente, todos querían opinar sobre la inocencia o culpabilidad del señor Alvarado, y la Asamblea no quiso quedarse fuera del cotarro.
La votación, como era de esperarse, dividió a la casa. Veinticinco diputados dijeron 'sí' a la moción, exigiendo que Fabricio se ponga las pilas y aclare la situación legal. El oficialismo, claro, se sumó a la presión, igual que sus compañeros de Nueva República, intentando mostrar cierta contundencia en la defensa de los valores republicanos. Pero ojo, porque no todos estaban convencidos. El PUSC, fiel a su estilo, también dio el visto bueno a la moción, aunque algunos murmullos sugieren que movieron sus fichas por conveniencia política, buscando capital electoral en medio del caos. Gilberth Jiménez y María Marta Padilla, dos independientes, decidieron ir a contramano, defendiendo que, hasta ahora, no hay acusación formal contra el diputado.
Y hablando de Fabricio, el tipo parece estar en otra onda. A pesar de la tormenta perfecta que lo rodea, se mantiene parco en declaraciones, delegando toda la comunicación a un encargado de prensa que repite como un disco rayado: “No voy a prestarme para el show político y mediático”. ¡Pero mael!, esto ya no es un show, esto afecta la imagen del país. Su reacción, o falta de ella, ha generado aún más polémica y críticas entre analistas políticos y ciudadanos preocupados. Algunos dicen que se esconde, otros que tiene la razón y simplemente prefiere esperar a que avance el proceso legal. Lo cierto es que su silencio grita mucho más que cualquier palabra.
Durante la presentación de la moción el 8 de octubre, Alvarado soltó unas frases que resonaron como bombas: “Veo bastante ignorancia en la carta...procedimentalmente hoy no puedo renunciar a la inmunidad”. Como si estuviera dando clases de derecho constitucional en medio del embate. Aseguró que pedirle la renuncia a la inmunidad era pura demagogia, argumentando que, al no existir acusación, no tenía sentido hacerlo. Insistió en que estaba atendiendo el proceso “en el estado que corresponde y en el lugar que corresponde, no en la prensa”. ¡Uy, qué sensible! Parece que el pobre Fabricio no quiere ver su cara en los periódicos...
Vemos cómo varios legisladores, como Pilar Cisneros y Daniela Rojas, han salido en defensa del diputado, argumentando que hasta que no haya una acusación formal, no se justifica solicitar la renuncia a la inmunidad. Al parecer, estos defensores creen firmemente en el principio de presunción de inocencia, o quizás tienen otras motivaciones ocultas. El caso sigue en manos del Ministerio Público, que se encuentra en la fase de investigación. Un proceso lento y burocrático que, por lo demás, es el esperado dentro de un Estado de Derecho… aunque a nosotros nos cuesta tener paciencia, diay.
La verdad es que este caso ha reavivado el debate sobre la inmunidad parlamentaria en Costa Rica. Muchos se preguntan si es justo que los diputados tengan este privilegio, especialmente cuando están involucrados en investigaciones penales. ¿No debería prevalecer el interés público sobre el supuesto derecho a la protección? Esta moción, independientemente del resultado final, pone sobre la mesa una reflexión necesaria sobre la ética pública y la responsabilidad de nuestros representantes. Además, deja en evidencia la polarización política que atraviesa nuestro país, donde incluso los temas más graves se convierten en botines electorales.
Ahora bien, compatriotas, me gustaría saber: ¿Creen que Fabricio Alvarado debería haber renunciado a su inmunidad inmediatamente, a pesar de no haber sido acusado formalmente? ¿O es correcto esperar a que avance la investigación y se determine su culpabilidad o inocencia? ¡Den sus opiniones en los comentarios y veamos qué dice el Foro!
Para quienes no estén al tanto, el asunto viene de atrás. Todo estalló a principios de octubre tras una publicación en ameliarueda.com donde salió a la luz una denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de edad, supuestamente ocurrida en el 2006, cuando el ahora diputado era un jovencito de 32 años y la denunciante apenas contaba con 13. La dama, valiente, puso cara al caso en redes sociales, elevando el escándalo a niveles estratosféricos. De repente, todos querían opinar sobre la inocencia o culpabilidad del señor Alvarado, y la Asamblea no quiso quedarse fuera del cotarro.
La votación, como era de esperarse, dividió a la casa. Veinticinco diputados dijeron 'sí' a la moción, exigiendo que Fabricio se ponga las pilas y aclare la situación legal. El oficialismo, claro, se sumó a la presión, igual que sus compañeros de Nueva República, intentando mostrar cierta contundencia en la defensa de los valores republicanos. Pero ojo, porque no todos estaban convencidos. El PUSC, fiel a su estilo, también dio el visto bueno a la moción, aunque algunos murmullos sugieren que movieron sus fichas por conveniencia política, buscando capital electoral en medio del caos. Gilberth Jiménez y María Marta Padilla, dos independientes, decidieron ir a contramano, defendiendo que, hasta ahora, no hay acusación formal contra el diputado.
Y hablando de Fabricio, el tipo parece estar en otra onda. A pesar de la tormenta perfecta que lo rodea, se mantiene parco en declaraciones, delegando toda la comunicación a un encargado de prensa que repite como un disco rayado: “No voy a prestarme para el show político y mediático”. ¡Pero mael!, esto ya no es un show, esto afecta la imagen del país. Su reacción, o falta de ella, ha generado aún más polémica y críticas entre analistas políticos y ciudadanos preocupados. Algunos dicen que se esconde, otros que tiene la razón y simplemente prefiere esperar a que avance el proceso legal. Lo cierto es que su silencio grita mucho más que cualquier palabra.
Durante la presentación de la moción el 8 de octubre, Alvarado soltó unas frases que resonaron como bombas: “Veo bastante ignorancia en la carta...procedimentalmente hoy no puedo renunciar a la inmunidad”. Como si estuviera dando clases de derecho constitucional en medio del embate. Aseguró que pedirle la renuncia a la inmunidad era pura demagogia, argumentando que, al no existir acusación, no tenía sentido hacerlo. Insistió en que estaba atendiendo el proceso “en el estado que corresponde y en el lugar que corresponde, no en la prensa”. ¡Uy, qué sensible! Parece que el pobre Fabricio no quiere ver su cara en los periódicos...
Vemos cómo varios legisladores, como Pilar Cisneros y Daniela Rojas, han salido en defensa del diputado, argumentando que hasta que no haya una acusación formal, no se justifica solicitar la renuncia a la inmunidad. Al parecer, estos defensores creen firmemente en el principio de presunción de inocencia, o quizás tienen otras motivaciones ocultas. El caso sigue en manos del Ministerio Público, que se encuentra en la fase de investigación. Un proceso lento y burocrático que, por lo demás, es el esperado dentro de un Estado de Derecho… aunque a nosotros nos cuesta tener paciencia, diay.
La verdad es que este caso ha reavivado el debate sobre la inmunidad parlamentaria en Costa Rica. Muchos se preguntan si es justo que los diputados tengan este privilegio, especialmente cuando están involucrados en investigaciones penales. ¿No debería prevalecer el interés público sobre el supuesto derecho a la protección? Esta moción, independientemente del resultado final, pone sobre la mesa una reflexión necesaria sobre la ética pública y la responsabilidad de nuestros representantes. Además, deja en evidencia la polarización política que atraviesa nuestro país, donde incluso los temas más graves se convierten en botines electorales.
Ahora bien, compatriotas, me gustaría saber: ¿Creen que Fabricio Alvarado debería haber renunciado a su inmunidad inmediatamente, a pesar de no haber sido acusado formalmente? ¿O es correcto esperar a que avance la investigación y se determine su culpabilidad o inocencia? ¡Den sus opiniones en los comentarios y veamos qué dice el Foro!
