¡Ay, Dios mío! Esto sí que es novela. Resulta que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) acaba de tener que darle la razón a una exfuncionaria que la echó hacía casi diez años. Y no solo eso, ¡le tocó soltarle una lana tremenda, hablamos de más de ¢400 millones, pudiendo llegar hasta los ¢700!
La jugada se remonta a 2017, cuando la CNFL, bajo otra administración, decidió mandar a volar a la señora. Según consta en el acta del Consejo de Administración, alegaron una ‘reestructuración’, pero parece que la cosa no salió tan redonda. Al parecer, la jefatura de Auditoría no manejó la reestructuración como debiera haber sido.
Lo más curioso de todo es que, durante esos diez años que estuvo fuera, la señora ni cotizó en la CCSS. Se puso a chambear como emprendedora, buscando cómo salir adelante, mientras tanto, la CNFL se lavaba las manos. ¡Pero la justicia tiene memoria, mae! Y ahora, la CNFL tuvo que meterle mano profunda al bolsillo.
Imagínense la escena: la pobre señora regresa a la empresa, al mismo puesto que tenía antes, después de una década lejos del brete. ¡Y encima tiene que cobrarle todo lo que no recibió durante esos años! ¿Se imaginan qué sensación debe haber sido para la gente que todavía trabaja allá?
La CNFL, tratando de ponerle paños fríos al asunto, dijo que esto no les afectó económicamente, pero la verdad es que pagarle semejante suma a alguien después de tanto tiempo, da que pensar. Además, se sorprenden, según el acta, de que la señora quisiera volver, considerando los cambios que ha sufrido la empresa. ¡Qué carga!, a veces dan ganas de irse al traste solamente de escuchar esas excusas.
Este caso ha levantado ampollas en la opinión pública, muchos cuestionándose si la CNFL está tomando las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones. Parece que la nueva administración está revisando los procesos de despido y buscando formas de protegerse de futuras demandas. ¡Menos mal que alguien está poniendo atención!
Las sentencias favorables a la empleada llegaron en primera y segunda instancia, haciendo prácticamente imposible revertir la situación en casación. Después de batallar durante años en los tribunales, la justicia finalmente le dio la razón a la señora, obligando a la CNFL a cumplir con el pago. ¡Un triunfo para la perseverancia, aunque doloroso para las arcas públicas!
Ahora, la gran pregunta queda abierta: ¿Creen ustedes que la CNFL debería haber llegado a un acuerdo extrajudicial con la exfuncionaria para evitar este costo millonario? ¿Es justo que los trabajadores tengan que recurrir a la vía judicial para defender sus derechos laborales, o debería haber mecanismos internos más efectivos para resolver estas disputas?
La jugada se remonta a 2017, cuando la CNFL, bajo otra administración, decidió mandar a volar a la señora. Según consta en el acta del Consejo de Administración, alegaron una ‘reestructuración’, pero parece que la cosa no salió tan redonda. Al parecer, la jefatura de Auditoría no manejó la reestructuración como debiera haber sido.
Lo más curioso de todo es que, durante esos diez años que estuvo fuera, la señora ni cotizó en la CCSS. Se puso a chambear como emprendedora, buscando cómo salir adelante, mientras tanto, la CNFL se lavaba las manos. ¡Pero la justicia tiene memoria, mae! Y ahora, la CNFL tuvo que meterle mano profunda al bolsillo.
Imagínense la escena: la pobre señora regresa a la empresa, al mismo puesto que tenía antes, después de una década lejos del brete. ¡Y encima tiene que cobrarle todo lo que no recibió durante esos años! ¿Se imaginan qué sensación debe haber sido para la gente que todavía trabaja allá?
La CNFL, tratando de ponerle paños fríos al asunto, dijo que esto no les afectó económicamente, pero la verdad es que pagarle semejante suma a alguien después de tanto tiempo, da que pensar. Además, se sorprenden, según el acta, de que la señora quisiera volver, considerando los cambios que ha sufrido la empresa. ¡Qué carga!, a veces dan ganas de irse al traste solamente de escuchar esas excusas.
Este caso ha levantado ampollas en la opinión pública, muchos cuestionándose si la CNFL está tomando las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones. Parece que la nueva administración está revisando los procesos de despido y buscando formas de protegerse de futuras demandas. ¡Menos mal que alguien está poniendo atención!
Las sentencias favorables a la empleada llegaron en primera y segunda instancia, haciendo prácticamente imposible revertir la situación en casación. Después de batallar durante años en los tribunales, la justicia finalmente le dio la razón a la señora, obligando a la CNFL a cumplir con el pago. ¡Un triunfo para la perseverancia, aunque doloroso para las arcas públicas!
Ahora, la gran pregunta queda abierta: ¿Creen ustedes que la CNFL debería haber llegado a un acuerdo extrajudicial con la exfuncionaria para evitar este costo millonario? ¿Es justo que los trabajadores tengan que recurrir a la vía judicial para defender sus derechos laborales, o debería haber mecanismos internos más efectivos para resolver estas disputas?
