Costa Rica ha anunciado junto a Colombia la creación de un fondo para proteger el Chocó Biogeográfico, una región que abarca desde la costa pacífica de Panamá hasta Perú. Esta iniciativa conjunta se presentó en el marco de la COP16 en Cali, donde los cancilleres de ambos países subrayaron la importancia de esta zona por su alta biodiversidad y endemismo. Además, el fondo busca beneficiar a comunidades indígenas, negras y campesinas de la región, a quienes se considera guardianes culturales de la biodiversidad.
Sin embargo, llama la atención que Costa Rica, un país conocido por su liderazgo en conservación, no haya priorizado recursos similares para sus propios ecosistemas vulnerables.
¿Por qué este movimiento de apoyar a otro país en lugar de enfocarse en sus propios problemas?
Mientras Costa Rica hace gala de su solidaridad ambiental con el vecino, pareciera que en casa se descuidan temas tan críticos como la protección de sus zonas marítimas o la conservación de sus selvas primarias, que también enfrentan amenazas graves como la deforestación o la extracción minera ilegal.
El anuncio del fondo llega justo cuando la crisis migratoria a través de la peligrosa selva del Darién sigue escalando, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de un enfoque integral en las conversaciones bilaterales. Aunque se ha hablado de la colaboración entre ambos países para regular y ordenar las migraciones en esta zona, la realidad es que muchos problemas ambientales y sociales siguen sin ser abordados de forma efectiva.
Por otro lado, el canciller costarricense Arnoldo André sugirió la participación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la administración de los recursos, destacando que esperan movilizar “grandes sumas” para esta causa.
No obstante, este fondo suscita preguntas incómodas:
Aún más, se anunciaron conversaciones sobre turismo ecológico y comunitario como parte de la agenda de la COP16, un tema en el que Costa Rica tiene amplia experiencia, pero que ha sido criticado por algunos sectores debido a la explotación y sobrecarga de ciertas áreas protegidas. Esta acción conjunta con Colombia, un país que ha visto históricamente como su biodiversidad se ha visto comprometida por la explotación minera y conflictos sociales, plantea un debate sobre las prioridades y el verdadero compromiso de los países en la defensa de su naturaleza y sus comunidades.
La paradoja es que, mientras Costa Rica gana puntos en la arena internacional por colaborar en la protección de los ecosistemas de un país vecino, muchos cuestionan la falta de medidas contundentes para fortalecer la conservación dentro de sus propias fronteras. Costa Rica no es ajena a los desafíos ambientales, con áreas críticas en Guanacaste, la Península de Osa o incluso la zona marítima del Pacífico que requieren de financiamiento urgente y políticas más estrictas.
En definitiva, aunque el fondo para el Chocó Biogeográfico representa una oportunidad valiosa para la cooperación regional, es un recordatorio de la necesidad de cuestionar y examinar críticamente dónde y cómo se están invirtiendo los recursos.
La pregunta clave es:
¿Hasta qué punto estas iniciativas responden a un interés real de conservación o si se trata, en cambio, de una jugada política que busca mejorar la imagen a nivel internacional?
Costa Rica ha demostrado su capacidad de liderazgo en temas ambientales en muchas ocasiones, pero quizás este sea el momento de mirar hacia adentro y preguntarse si no hay rincones dentro de sus propias fronteras que también necesiten urgente atención y recursos.
Sin embargo, llama la atención que Costa Rica, un país conocido por su liderazgo en conservación, no haya priorizado recursos similares para sus propios ecosistemas vulnerables.
¿Por qué este movimiento de apoyar a otro país en lugar de enfocarse en sus propios problemas?
Mientras Costa Rica hace gala de su solidaridad ambiental con el vecino, pareciera que en casa se descuidan temas tan críticos como la protección de sus zonas marítimas o la conservación de sus selvas primarias, que también enfrentan amenazas graves como la deforestación o la extracción minera ilegal.
El anuncio del fondo llega justo cuando la crisis migratoria a través de la peligrosa selva del Darién sigue escalando, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de un enfoque integral en las conversaciones bilaterales. Aunque se ha hablado de la colaboración entre ambos países para regular y ordenar las migraciones en esta zona, la realidad es que muchos problemas ambientales y sociales siguen sin ser abordados de forma efectiva.
Por otro lado, el canciller costarricense Arnoldo André sugirió la participación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la administración de los recursos, destacando que esperan movilizar “grandes sumas” para esta causa.
No obstante, este fondo suscita preguntas incómodas:
- ¿Es esta una movida estratégica de Costa Rica para aumentar su influencia diplomática y ambiental en la región?
- ¿O quizás una distracción ante las propias dificultades en gestión ambiental y social que enfrenta el país?
Aún más, se anunciaron conversaciones sobre turismo ecológico y comunitario como parte de la agenda de la COP16, un tema en el que Costa Rica tiene amplia experiencia, pero que ha sido criticado por algunos sectores debido a la explotación y sobrecarga de ciertas áreas protegidas. Esta acción conjunta con Colombia, un país que ha visto históricamente como su biodiversidad se ha visto comprometida por la explotación minera y conflictos sociales, plantea un debate sobre las prioridades y el verdadero compromiso de los países en la defensa de su naturaleza y sus comunidades.
La paradoja es que, mientras Costa Rica gana puntos en la arena internacional por colaborar en la protección de los ecosistemas de un país vecino, muchos cuestionan la falta de medidas contundentes para fortalecer la conservación dentro de sus propias fronteras. Costa Rica no es ajena a los desafíos ambientales, con áreas críticas en Guanacaste, la Península de Osa o incluso la zona marítima del Pacífico que requieren de financiamiento urgente y políticas más estrictas.
En definitiva, aunque el fondo para el Chocó Biogeográfico representa una oportunidad valiosa para la cooperación regional, es un recordatorio de la necesidad de cuestionar y examinar críticamente dónde y cómo se están invirtiendo los recursos.
La pregunta clave es:
¿Hasta qué punto estas iniciativas responden a un interés real de conservación o si se trata, en cambio, de una jugada política que busca mejorar la imagen a nivel internacional?
Costa Rica ha demostrado su capacidad de liderazgo en temas ambientales en muchas ocasiones, pero quizás este sea el momento de mirar hacia adentro y preguntarse si no hay rincones dentro de sus propias fronteras que también necesiten urgente atención y recursos.
