¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con el tema de los remedios y sus precios que nos sacan vueltas. La diputada Carballo, de la PUSC, anduvo moviéndose como chancleta tratando de convencer a la Sala Constitucional de que sí, que el proyecto 23.234 va a ayudar a aliviar la carga a los bolsillos de nosotros los ticos. Resulta que unos cuantos diputados, incluyendo Feinziag y Campos, le pusieron el lupa al asunto, alegando que el proyecto puede tener algún fallo legal. ¡Un despiche!
Para refrescarle la memoria al que esté medio perdido, este proyecto lleva tiempo dando vueltas. Básicamente, busca ponerle freno a los precios altísimos de algunos medicamentos en el país. Ya había pasado por el debate inicial en la Asamblea, pero como siempre, surgieron objeciones y consultas que lo mandaron a parar a la Sala Constitucional. Ahí es donde los magistrados revisan si todo está bien con la ley, si no hay nada raro que pueda ir contra la Constitución.
Carballo, apoyada por treinta diputados – ¡una buena manada! – entregó un documento largo y técnico a los magistrados. Según el PUSC, este documento está lleno de argumentos sólidos que explican cómo funciona el proyecto y cómo no se afecta la industria farmacéutica. Dicen que es pa' que los jueces entiendan bien qué se busca: bajar los precios de las medicinas, simple y sencillito. ¡Qué carga!
Pero miren, la cosa no pinta fácil. Mientras el proyecto está en consulta en la Sala, la Asamblea Legislativa está en periodo de sesiones extraordinarias. Eso significa que el gobierno está manejando la agenda, decidiendo qué temas se discuten y cuáles se dejan pa’ otro día. Entonces, aunque Carballo haya hecho todo lo posible por defender el proyecto, no hay garantía de que vuelva a ser discutido pronto. ¡Quién sabe cuándo tendremos novedades!
Ahora, hablando del proyecto en sí, tiene algunas ideas interesantes. Por ejemplo, plantea definir un precio de entrada para los medicamentos basado en varios factores como su valor terapéutico y los precios en otros países. También propone crear un observatorio de precios para que podamos comparar precios entre farmacias y evitar que nos estafen. Además, quieren facilitar la importación paralela, que es como romper el monopolio de algunas empresas farmacéuticas, para que tengamos más opciones y mejores precios. ¡A cachete!
Y no se crean que esto solo pasa aquí. Según el PUSC, en países como Alemania, Colombia y Brasil han logrado reducir los precios de los medicamentos hasta en un 80% usando mecanismos parecidos. Claro, cada país tiene su realidad, pero eso da esperanzas, ¿no les parece? Lo importante es buscar soluciones creativas para que todos podamos acceder a los medicamentos que necesitamos sin tener que vender un riñón.
De todas maneras, hay quienes dicen que este proyecto es demasiado ambicioso y que podría afectar negativamente la inversión extranjera en el sector farmacéutico. Otros argumentan que es complicado regular los precios porque muchas veces dependen de investigaciones costosas y patentes complejas. ¡Un brete encontrar el punto justo!
En fin, la pelota está en el tejado de la Sala Constitucional. Esperemos que tomen una decisión pronta y justa, pensando en el bienestar de todos los costarricenses. Pero ahora me pregunto, teniendo en cuenta las complejidades legales y económicas, ¿creen ustedes que este proyecto realmente podrá cumplir su promesa de bajar significativamente los precios de los medicamentos en Costa Rica, o se quedará como otra buena intención que se fue al traste?
Para refrescarle la memoria al que esté medio perdido, este proyecto lleva tiempo dando vueltas. Básicamente, busca ponerle freno a los precios altísimos de algunos medicamentos en el país. Ya había pasado por el debate inicial en la Asamblea, pero como siempre, surgieron objeciones y consultas que lo mandaron a parar a la Sala Constitucional. Ahí es donde los magistrados revisan si todo está bien con la ley, si no hay nada raro que pueda ir contra la Constitución.
Carballo, apoyada por treinta diputados – ¡una buena manada! – entregó un documento largo y técnico a los magistrados. Según el PUSC, este documento está lleno de argumentos sólidos que explican cómo funciona el proyecto y cómo no se afecta la industria farmacéutica. Dicen que es pa' que los jueces entiendan bien qué se busca: bajar los precios de las medicinas, simple y sencillito. ¡Qué carga!
Pero miren, la cosa no pinta fácil. Mientras el proyecto está en consulta en la Sala, la Asamblea Legislativa está en periodo de sesiones extraordinarias. Eso significa que el gobierno está manejando la agenda, decidiendo qué temas se discuten y cuáles se dejan pa’ otro día. Entonces, aunque Carballo haya hecho todo lo posible por defender el proyecto, no hay garantía de que vuelva a ser discutido pronto. ¡Quién sabe cuándo tendremos novedades!
Ahora, hablando del proyecto en sí, tiene algunas ideas interesantes. Por ejemplo, plantea definir un precio de entrada para los medicamentos basado en varios factores como su valor terapéutico y los precios en otros países. También propone crear un observatorio de precios para que podamos comparar precios entre farmacias y evitar que nos estafen. Además, quieren facilitar la importación paralela, que es como romper el monopolio de algunas empresas farmacéuticas, para que tengamos más opciones y mejores precios. ¡A cachete!
Y no se crean que esto solo pasa aquí. Según el PUSC, en países como Alemania, Colombia y Brasil han logrado reducir los precios de los medicamentos hasta en un 80% usando mecanismos parecidos. Claro, cada país tiene su realidad, pero eso da esperanzas, ¿no les parece? Lo importante es buscar soluciones creativas para que todos podamos acceder a los medicamentos que necesitamos sin tener que vender un riñón.
De todas maneras, hay quienes dicen que este proyecto es demasiado ambicioso y que podría afectar negativamente la inversión extranjera en el sector farmacéutico. Otros argumentan que es complicado regular los precios porque muchas veces dependen de investigaciones costosas y patentes complejas. ¡Un brete encontrar el punto justo!
En fin, la pelota está en el tejado de la Sala Constitucional. Esperemos que tomen una decisión pronta y justa, pensando en el bienestar de todos los costarricenses. Pero ahora me pregunto, teniendo en cuenta las complejidades legales y económicas, ¿creen ustedes que este proyecto realmente podrá cumplir su promesa de bajar significativamente los precios de los medicamentos en Costa Rica, o se quedará como otra buena intención que se fue al traste?
