¡Ay, Dios mío! Esto se puso feo, bien feo. Parece que en la Asamblea Legislativa se armó un bronca tremendo entre los diputados y el gobierno por cómo se andan manejando las cárceles. Al final, parece que nadie quiere ceder terreno y la situación está más caliente que gallina pochada.
Como venimos viendo hace rato, el tema de las cárceles en Costa Rica ha sido un dolor de cabeza constante. Las denuncias de corrupción, la superpoblación, la falta de recursos... ¡una lista larga! Ahora, con este nuevo choque entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, la cosa se complica aún más. Se analizaron dos proyectos de ley, uno impulsado por el Gobierno y otro por el Poder Judicial, y ninguno de los dos parece dispuesto a tragarse el sapo.
El Viceministro de Justicia, Nils Ching, salió con toda a defender la postura del gobierno, argumentando que la propuesta de ley que ellos presentaron es más completa y abarcadora que la del Poder Judicial. Según Ching, los jueces de ejecución de la pena se han estado pasando de listos, tomando decisiones que, según ellos, afectan la administración del sistema penitenciario. ¡Imagínate! Quiere decir que los jueces, que deberían estar velando por los derechos de los presos, ahora también quieren meterle mano a la forma en que se manejan las cárceles.
Ching insistió en que es fundamental tener una única rectoría en materia de prisiones y que esa rectoría debería recaer exclusivamente en el Ministerio de Justicia y Paz. Según él, desde la cartera tienen los conocimientos técnicos necesarios para tomar las mejores decisiones para controlar las cárceles, incluyendo las medidas de seguridad extremas que se aplican en La Reforma. “Importante que haya una única rectoría, en este caso estamos solicitando y planteando que pase únicamente por el Ministerio de Justicia y Paz”, declaró Ching con cara de pocos amigos ante la comisión.
Pero los diputados no se quedaron callados. Les dio el visto bueno al proyecto impulsado por el Poder Judicial, conocido como “Ejecución de la Pena”, que busca regular la ejecución de las penas y promover la reinserción social de los condenados. Este proyecto, aparentemente, les pareció a los legisladores más completo y sensato que el del gobierno. Consultaron a Ching si estaban dispuestos a buscar puntos medios entre ambas propuestas, pero el viceministro se negó rotundamente, demostrando que no hay reconciliación a la vista.
Y ahí radica el problema, ¿no creen? En lugar de trabajar juntos para mejorar la situación, parece que ambos lados están más preocupados por aferrarse a sus posiciones y ganar la batalla política. Mientras tanto, los verdaderos afectados, los internos de las cárceles y la sociedad en general, siguen pagando la factura de esta disputa.
Algunos expertos señalan que la clave podría estar en encontrar un punto intermedio que combine la experiencia técnica del Ministerio de Justicia con la independencia judicial necesaria para garantizar el debido proceso. Pero eso requiere diálogo, flexibilidad y, sobre todo, voluntad política, cosas que parecen escasas en estos momentos. Recordemos que este no es el primer intento fallido de reformar el sistema penitenciario; hemos visto pasar varios gobiernos con diferentes propuestas, pero ninguna ha logrado solucionar los problemas estructurales que aquejan a nuestras cárceles.
En fin, la verdad es que esto me da unas ganas de agarrarme la cabeza. Ver tanta pelea y tan poco progreso mientras la situación en las cárceles sigue siendo crítica… ¡qué despache! ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el gobierno o el Poder Judicial tiene razón en este conflicto, o sería mejor buscar una solución que beneficie a todos y realmente mejore la seguridad y la rehabilitación de los reclusos?
Como venimos viendo hace rato, el tema de las cárceles en Costa Rica ha sido un dolor de cabeza constante. Las denuncias de corrupción, la superpoblación, la falta de recursos... ¡una lista larga! Ahora, con este nuevo choque entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, la cosa se complica aún más. Se analizaron dos proyectos de ley, uno impulsado por el Gobierno y otro por el Poder Judicial, y ninguno de los dos parece dispuesto a tragarse el sapo.
El Viceministro de Justicia, Nils Ching, salió con toda a defender la postura del gobierno, argumentando que la propuesta de ley que ellos presentaron es más completa y abarcadora que la del Poder Judicial. Según Ching, los jueces de ejecución de la pena se han estado pasando de listos, tomando decisiones que, según ellos, afectan la administración del sistema penitenciario. ¡Imagínate! Quiere decir que los jueces, que deberían estar velando por los derechos de los presos, ahora también quieren meterle mano a la forma en que se manejan las cárceles.
Ching insistió en que es fundamental tener una única rectoría en materia de prisiones y que esa rectoría debería recaer exclusivamente en el Ministerio de Justicia y Paz. Según él, desde la cartera tienen los conocimientos técnicos necesarios para tomar las mejores decisiones para controlar las cárceles, incluyendo las medidas de seguridad extremas que se aplican en La Reforma. “Importante que haya una única rectoría, en este caso estamos solicitando y planteando que pase únicamente por el Ministerio de Justicia y Paz”, declaró Ching con cara de pocos amigos ante la comisión.
Pero los diputados no se quedaron callados. Les dio el visto bueno al proyecto impulsado por el Poder Judicial, conocido como “Ejecución de la Pena”, que busca regular la ejecución de las penas y promover la reinserción social de los condenados. Este proyecto, aparentemente, les pareció a los legisladores más completo y sensato que el del gobierno. Consultaron a Ching si estaban dispuestos a buscar puntos medios entre ambas propuestas, pero el viceministro se negó rotundamente, demostrando que no hay reconciliación a la vista.
Y ahí radica el problema, ¿no creen? En lugar de trabajar juntos para mejorar la situación, parece que ambos lados están más preocupados por aferrarse a sus posiciones y ganar la batalla política. Mientras tanto, los verdaderos afectados, los internos de las cárceles y la sociedad en general, siguen pagando la factura de esta disputa.
Algunos expertos señalan que la clave podría estar en encontrar un punto intermedio que combine la experiencia técnica del Ministerio de Justicia con la independencia judicial necesaria para garantizar el debido proceso. Pero eso requiere diálogo, flexibilidad y, sobre todo, voluntad política, cosas que parecen escasas en estos momentos. Recordemos que este no es el primer intento fallido de reformar el sistema penitenciario; hemos visto pasar varios gobiernos con diferentes propuestas, pero ninguna ha logrado solucionar los problemas estructurales que aquejan a nuestras cárceles.
En fin, la verdad es que esto me da unas ganas de agarrarme la cabeza. Ver tanta pelea y tan poco progreso mientras la situación en las cárceles sigue siendo crítica… ¡qué despache! ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el gobierno o el Poder Judicial tiene razón en este conflicto, o sería mejor buscar una solución que beneficie a todos y realmente mejore la seguridad y la rehabilitación de los reclusos?
