Mae, a veces la política tica parece un guion de Netflix, y el último capítulo es un despiche de proporciones épicas. Si creían que el caso de Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith ya no podía enredarse más, agarren palomitas. Resulta que el exfiscal general, Francisco Dall'Anese, que ahora está de abogado defensor de Smith, se paró en la corte y soltó una bomba: según él, toda esta vara del tráfico de influencias fue un caso “fabricado”. Así como lo leen, un montaje orquestado desde la propia Fiscalía General para bajarse a medio mundo.
La tesis de Dall'Anese es que, allá por 2017, la Fiscalía, bajo el mando de Emilia Navas, se jaló una torta monumental y malintencionada. El abogado afirma que le dieron información falsa a un medio de comunicación para que publicara que Johnny Araya aparecía como imputado en una causa. Lo más loco del asunto, según él, es el timing. La noticia que supuestamente destapó el escándalo salió un 13 de noviembre, pero Dall'Anese asegura que en la Fiscalía ya tenían el expediente donde se exculpaba a Araya desde el 8 de noviembre. O sea, nos quieren vender el cuento de que una noticia prendió la mecha, cuando el supuesto incendio ya lo tenían controlado (y escondido) cinco días antes. Diay, como que las cuentas no dan, ¿verdad?
Pero, ¿para qué armar semejante enredo? Aquí es donde la trama se pone buena. Dall'Anese tira tres líneas de ataque. Primero, pegarle a Celso Gamboa, que en ese momento ya estaba hasta el cuello con el escándalo del Cementazo y cualquier cosa nueva era un clavo más para su ataúd político. Segundo, y aquí está el meollo de su defensa, sacarse del camino a su clienta, Berenice Smith. Para ese entonces, ella era la segunda al mando del Ministerio Público, la “heredera natural” al puesto de Fiscala General. Según esta teoría, había que mancharla para que no llegara al poder. Y de paso, el tercer objetivo: torpedear las aspiraciones de Johnny Araya para la alcaldía, intentando que el juicio le estallara justo antes de las elecciones. ¡Qué torta!
Y para que el despiche sea todavía más grande, ahora el propio Ministerio Público, el mismo que los acusó, está pidiendo que los absuelvan a todos. Es como si el árbitro que pitó el penal, después de años de bronca, ahora dijera que siempre no, que sigan jugando. Mientras tanto, la Procuraduría (los abogados del Estado) sí quiere verlos condenados y pagando ₡42 millones. Esta contradicción es el reflejo perfecto del caos que ha sido este proceso desde el día uno, que ya va por su segundo round después de que anularan una primera sentencia absolutoria.
Al final del día, la pregunta del millón queda en el aire y nos deja con dos escenarios. Por un lado, tenemos a un exfiscal general, un mae que conoce el monstruo por dentro, denunciando lo que sería una de las manipulaciones más graves de nuestro sistema judicial, un chanchullo orquestado desde las altas esferas para mover fichas políticas. Por otro lado, podría ser simplemente una jugada maestra de un abogado defensor brillante y colmilludo que sabe exactamente qué decir para sembrar la duda y salvar a sus clientes. Una estrategia de "el mejor ataque es una buena defensa" llevada al extremo.
La tesis de Dall'Anese es que, allá por 2017, la Fiscalía, bajo el mando de Emilia Navas, se jaló una torta monumental y malintencionada. El abogado afirma que le dieron información falsa a un medio de comunicación para que publicara que Johnny Araya aparecía como imputado en una causa. Lo más loco del asunto, según él, es el timing. La noticia que supuestamente destapó el escándalo salió un 13 de noviembre, pero Dall'Anese asegura que en la Fiscalía ya tenían el expediente donde se exculpaba a Araya desde el 8 de noviembre. O sea, nos quieren vender el cuento de que una noticia prendió la mecha, cuando el supuesto incendio ya lo tenían controlado (y escondido) cinco días antes. Diay, como que las cuentas no dan, ¿verdad?
Pero, ¿para qué armar semejante enredo? Aquí es donde la trama se pone buena. Dall'Anese tira tres líneas de ataque. Primero, pegarle a Celso Gamboa, que en ese momento ya estaba hasta el cuello con el escándalo del Cementazo y cualquier cosa nueva era un clavo más para su ataúd político. Segundo, y aquí está el meollo de su defensa, sacarse del camino a su clienta, Berenice Smith. Para ese entonces, ella era la segunda al mando del Ministerio Público, la “heredera natural” al puesto de Fiscala General. Según esta teoría, había que mancharla para que no llegara al poder. Y de paso, el tercer objetivo: torpedear las aspiraciones de Johnny Araya para la alcaldía, intentando que el juicio le estallara justo antes de las elecciones. ¡Qué torta!
Y para que el despiche sea todavía más grande, ahora el propio Ministerio Público, el mismo que los acusó, está pidiendo que los absuelvan a todos. Es como si el árbitro que pitó el penal, después de años de bronca, ahora dijera que siempre no, que sigan jugando. Mientras tanto, la Procuraduría (los abogados del Estado) sí quiere verlos condenados y pagando ₡42 millones. Esta contradicción es el reflejo perfecto del caos que ha sido este proceso desde el día uno, que ya va por su segundo round después de que anularan una primera sentencia absolutoria.
Al final del día, la pregunta del millón queda en el aire y nos deja con dos escenarios. Por un lado, tenemos a un exfiscal general, un mae que conoce el monstruo por dentro, denunciando lo que sería una de las manipulaciones más graves de nuestro sistema judicial, un chanchullo orquestado desde las altas esferas para mover fichas políticas. Por otro lado, podría ser simplemente una jugada maestra de un abogado defensor brillante y colmilludo que sabe exactamente qué decir para sembrar la duda y salvar a sus clientes. Una estrategia de "el mejor ataque es una buena defensa" llevada al extremo.
