Diay, maes. Hay chereques en este país que duran más que un matrimonio, que una carrera universitaria y que la paciencia de un santo. Y luego, está el juicio contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez por el caso Reaseguros. Esta vara es de otra categoría. Es un fósil judicial, una leyenda urbana que se materializa cada ciertos años en los tribunales para recordarnos que el tiempo, en Costa Rica, es un concepto... flexible. Veinticuatro años, casi veinticinco. Piénsenlo un toque. Hay toda una generación de ticos que nació, fue al kínder, a la escuela, al cole y probablemente ya hasta está pagando marchamo, y este despiche legal sigue ahí, en el mismo punto de partida.
Para los que estaban muy güilas o no habían nacido, el resumen rápido es este: la Fiscalía acusa al exmandatario y a un montón de exfuncionarios de un presunto peculado. La historia, en sencillo, es que supuestamente se repartió un queque millonario para favorecer a unas empresas reaseguradoras gringas e inglesas (PWS, Guy Carpenter, Willis Re) con contratos del INS. Se habla de un pago de más de $2 millones y, para ponerle la cereza al pastel, hasta del supuesto pago de una tarjeta de crédito de Rodríguez por casi $50,000 con plata de una de esas compañías. Básicamente, la acusación es que se usó la función pública para beneficiar a terceros y, de paso, a ellos mismos. Un clásico que, lamentablemente, no pasa de moda.
Pero el meollo del asunto no es tanto el "qué", sino el "cuándo". Y el "cuándo" ha sido un chiste que se cuenta solo. Este proceso es la definición gráfica de "jalarse una torta" a nivel sistema judicial. Empezó en 2001. En 2005 un fiscal pidió desestimarlo y un juzgado le hizo caso. ¡Pum! Caso cerrado. Pero, ¡sorpresa!, en 2006 lo reabrieron. De ahí en adelante, ha sido un vía crucis de suspensiones, apelaciones, recusaciones, gente que se enferma, gente que lamentablemente fallece, una pandemia, y excusas que van desde lo comprensible hasta lo francamente ridículo. El expediente parece una de esas series de Netflix que estiran con temporadas innecesarias. Se declaró de "tramitación compleja" (¡diay, no me diga!), se mandó a juicio en 2015, se devolvió, se volvió a mandar en 2017... y aquí estamos, en 2025, viendo si ahora sí arranca.
Lo más irónico, y hasta triste, es leer que un propio juez, hace años, pegó el grito al cielo diciendo que era un abuso que el caso llevara 14 años en ese entonces, cuando lo razonable eran 18 meses. ¡Y todavía faltaba una década más de vueltas! El tiempo ha sido tan implacable que el propio expediente ha tenido que ajustarse a la biología: una acusada quedó fuera por problemas psicológicos, otro por temas médicos y una tercera falleció. La justicia, o la falta de ella, literalmente los sobrevivió. Esto demuestra que la famosa frase "justicia pronta y cumplida" en algunos casos de alto perfil se fue completamente al traste. Se convirtió en un laberinto burocrático donde la verdad parece ser la última de las prioridades.
Al final del día, este reinicio del juicio se siente como una formalidad agridulce. ¿Qué significa una condena después de un cuarto de siglo? ¿Y qué significa una absolutoria? El impacto social, el mensaje contra la impunidad, todo eso se diluyó en un mar de legajos y suspensiones. Ya no se siente como una búsqueda de la verdad, sino como el último capítulo de un culebrón que todos sabemos cómo termina: con un país más cínico y con menos fe en sus instituciones. Es el ejemplo perfecto de cómo el sistema puede colapsar bajo su propio peso, dejando un sabor a impunidad sin importar cuál sea el veredicto final. Ahora, la pelota vuelve a rodar en los tribunales, y a nosotros solo nos queda ver este nuevo intento, con más escepticismo que esperanza.
Para los que estaban muy güilas o no habían nacido, el resumen rápido es este: la Fiscalía acusa al exmandatario y a un montón de exfuncionarios de un presunto peculado. La historia, en sencillo, es que supuestamente se repartió un queque millonario para favorecer a unas empresas reaseguradoras gringas e inglesas (PWS, Guy Carpenter, Willis Re) con contratos del INS. Se habla de un pago de más de $2 millones y, para ponerle la cereza al pastel, hasta del supuesto pago de una tarjeta de crédito de Rodríguez por casi $50,000 con plata de una de esas compañías. Básicamente, la acusación es que se usó la función pública para beneficiar a terceros y, de paso, a ellos mismos. Un clásico que, lamentablemente, no pasa de moda.
Pero el meollo del asunto no es tanto el "qué", sino el "cuándo". Y el "cuándo" ha sido un chiste que se cuenta solo. Este proceso es la definición gráfica de "jalarse una torta" a nivel sistema judicial. Empezó en 2001. En 2005 un fiscal pidió desestimarlo y un juzgado le hizo caso. ¡Pum! Caso cerrado. Pero, ¡sorpresa!, en 2006 lo reabrieron. De ahí en adelante, ha sido un vía crucis de suspensiones, apelaciones, recusaciones, gente que se enferma, gente que lamentablemente fallece, una pandemia, y excusas que van desde lo comprensible hasta lo francamente ridículo. El expediente parece una de esas series de Netflix que estiran con temporadas innecesarias. Se declaró de "tramitación compleja" (¡diay, no me diga!), se mandó a juicio en 2015, se devolvió, se volvió a mandar en 2017... y aquí estamos, en 2025, viendo si ahora sí arranca.
Lo más irónico, y hasta triste, es leer que un propio juez, hace años, pegó el grito al cielo diciendo que era un abuso que el caso llevara 14 años en ese entonces, cuando lo razonable eran 18 meses. ¡Y todavía faltaba una década más de vueltas! El tiempo ha sido tan implacable que el propio expediente ha tenido que ajustarse a la biología: una acusada quedó fuera por problemas psicológicos, otro por temas médicos y una tercera falleció. La justicia, o la falta de ella, literalmente los sobrevivió. Esto demuestra que la famosa frase "justicia pronta y cumplida" en algunos casos de alto perfil se fue completamente al traste. Se convirtió en un laberinto burocrático donde la verdad parece ser la última de las prioridades.
Al final del día, este reinicio del juicio se siente como una formalidad agridulce. ¿Qué significa una condena después de un cuarto de siglo? ¿Y qué significa una absolutoria? El impacto social, el mensaje contra la impunidad, todo eso se diluyó en un mar de legajos y suspensiones. Ya no se siente como una búsqueda de la verdad, sino como el último capítulo de un culebrón que todos sabemos cómo termina: con un país más cínico y con menos fe en sus instituciones. Es el ejemplo perfecto de cómo el sistema puede colapsar bajo su propio peso, dejando un sabor a impunidad sin importar cuál sea el veredicto final. Ahora, la pelota vuelve a rodar en los tribunales, y a nosotros solo nos queda ver este nuevo intento, con más escepticismo que esperanza.
