Maes, agarren silla porque esta vara está para novela. Resulta que en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) decidieron que la transparencia es opcional y dejaron de publicar las actas de su Junta Directiva. ¿Desde cuándo? ¡Diay, casualmente desde la sesión más extraña y polémica del año! Hablo de la del 2 de julio, el día en que el Gobierno básicamente se adueñó de la sesión para matar de un solo tiro el concurso de la revisión técnica vehicular que llevaba meses cocinándose. ¡Qué torta se está armando en Cosevi y parece que no quieren que nadie se entere de los detalles!
Aquí es donde el asunto se pone color de hormiga. Imagínense la escena: la Junta Directiva de Cosevi tiene cinco miembros, ¿verdad? Bueno, para tomar una decisión tan masiva como descartar una licitación nacional, uno esperaría que estuvieran todos. Pues no. Ese día, los representantes habituales del MEP y de Salud no llegaron; en su lugar, se aparecieron los meros meros ministros: Mary Munive (Salud) y Leonardo Sánchez (MEP), junto al viceministro del MOPT, Carlos Ávila. O sea, el Poder Ejecutivo en pleno. Para más drama, la representante del CFIA no fue y la de la UNGL, que sí estaba al inicio, "se desconectó" convenientemente justo antes de la votación y no volvió a aparecer. Al final, solo tres personas —los tres del Gobierno— votaron para echar abajo todo el proceso. Un despiche en toda regla.
Y para ponerle la cereza al pastel de este enredo, un mes después de esa jugada, la decisión sigue en el aire. Cosevi le mandó un oficio a las empresas precalificadas (Applus y Tüv Rheinland) diciéndoles que hasta aquí llegaba la fiesta, pero legalmente, la cosa no está en firme. La mismísima Contraloría General de la República (CGR) ya les cantó la gallina y les dijo que el acto que sigue vigente es el de enero, donde esas mismas empresas fueron aprobadas. O sea, el Gobierno quiere que la decisión se tome por capricho, pero la CGR les recuerda que para cancelar una licitación así, tienen que declararla infructuosa o desierta, y con una justificación de peso, no porque al Presidente se le antojó. Todo el plan de descarte parece que se les está yendo al traste por no seguir las reglas.
Como en toda buena novela tica, no podía faltar el dedazo desde Zapote. Es un secreto a voces que el presidente Chaves estaba presionando para que esto pasara. Sus subalternos simplemente siguieron la orden, pero se jalaron una torta hasta en la excusa. De la nada, ese 2 de julio, la ministra Munive sacó un conejo del sombrero y dijo que descartaban el concurso por un "posible impedimento legal" con Applus. Lo más irónico es que los informes técnicos internos de Cosevi decían todo lo contrario: que no había ningún problema para continuar y que, más bien, cancelar el proceso podría traer consecuencias serias. Esto pondría en riesgo el famoso "precario" con el que opera Dekra, ese mismo que nos vendieron como una solución temporal hace ya casi tres años.
Al final del día, maes, los que pagamos los platos rotos de este desorden somos nosotros, los que andamos en la calle y necesitamos tener la revisión al día. Entre renuncias en la Junta Directiva, sesiones con miembros fantasma y decisiones que se toman pero no se oficializan, la incertidumbre es total. El Gobierno se metió hasta la cocina en un órgano que debería ser técnico, cambió las reglas a medio partido y ahora ni siquiera pueden (o quieren) publicar las actas para justificar su propio desmadre. La pregunta que queda en el aire es inevitable y nos la tenemos que hacer todos.
Maes, ¿qué creen que hay detrás de todo este enredo? ¿Pura improvisación y tortas, o hay algún interés oculto en que la vara de la revisión vehicular siga en este limbo? ¡Los leo en los comentarios!
Aquí es donde el asunto se pone color de hormiga. Imagínense la escena: la Junta Directiva de Cosevi tiene cinco miembros, ¿verdad? Bueno, para tomar una decisión tan masiva como descartar una licitación nacional, uno esperaría que estuvieran todos. Pues no. Ese día, los representantes habituales del MEP y de Salud no llegaron; en su lugar, se aparecieron los meros meros ministros: Mary Munive (Salud) y Leonardo Sánchez (MEP), junto al viceministro del MOPT, Carlos Ávila. O sea, el Poder Ejecutivo en pleno. Para más drama, la representante del CFIA no fue y la de la UNGL, que sí estaba al inicio, "se desconectó" convenientemente justo antes de la votación y no volvió a aparecer. Al final, solo tres personas —los tres del Gobierno— votaron para echar abajo todo el proceso. Un despiche en toda regla.
Y para ponerle la cereza al pastel de este enredo, un mes después de esa jugada, la decisión sigue en el aire. Cosevi le mandó un oficio a las empresas precalificadas (Applus y Tüv Rheinland) diciéndoles que hasta aquí llegaba la fiesta, pero legalmente, la cosa no está en firme. La mismísima Contraloría General de la República (CGR) ya les cantó la gallina y les dijo que el acto que sigue vigente es el de enero, donde esas mismas empresas fueron aprobadas. O sea, el Gobierno quiere que la decisión se tome por capricho, pero la CGR les recuerda que para cancelar una licitación así, tienen que declararla infructuosa o desierta, y con una justificación de peso, no porque al Presidente se le antojó. Todo el plan de descarte parece que se les está yendo al traste por no seguir las reglas.
Como en toda buena novela tica, no podía faltar el dedazo desde Zapote. Es un secreto a voces que el presidente Chaves estaba presionando para que esto pasara. Sus subalternos simplemente siguieron la orden, pero se jalaron una torta hasta en la excusa. De la nada, ese 2 de julio, la ministra Munive sacó un conejo del sombrero y dijo que descartaban el concurso por un "posible impedimento legal" con Applus. Lo más irónico es que los informes técnicos internos de Cosevi decían todo lo contrario: que no había ningún problema para continuar y que, más bien, cancelar el proceso podría traer consecuencias serias. Esto pondría en riesgo el famoso "precario" con el que opera Dekra, ese mismo que nos vendieron como una solución temporal hace ya casi tres años.
Al final del día, maes, los que pagamos los platos rotos de este desorden somos nosotros, los que andamos en la calle y necesitamos tener la revisión al día. Entre renuncias en la Junta Directiva, sesiones con miembros fantasma y decisiones que se toman pero no se oficializan, la incertidumbre es total. El Gobierno se metió hasta la cocina en un órgano que debería ser técnico, cambió las reglas a medio partido y ahora ni siquiera pueden (o quieren) publicar las actas para justificar su propio desmadre. La pregunta que queda en el aire es inevitable y nos la tenemos que hacer todos.
Maes, ¿qué creen que hay detrás de todo este enredo? ¿Pura improvisación y tortas, o hay algún interés oculto en que la vara de la revisión vehicular siga en este limbo? ¡Los leo en los comentarios!
