¡Ay, Dios mío! Qué despiche la que estamos viviendo en la Fiscalía. Resulta que, por andar apretándole al clavo, no pueden ni contratar suplentes cuando alguien se enferma o se toma unas merecidas vacaciones. Imagínate la bronca, ¡el papeleo acumulándose y los casos postergándose!
Como bien sabemos, el Ministerio Público siempre ha andado con el agua al cuello, tratando de dar batalla al creciente flagelo de la delincuencia en el país. Pero, con este panorama, la cosa se pone todavía más cuesta arriba. Según fuentes internas, la situación ya había golpeado duro el año pasado y se repite este 2025, dejando a los fiscales trabajando bajo una presión descomunal.
La raíz del problema, según explican desde la institución, radica en la gestión de los recursos. Parece que, aunque el Poder Judicial intentó meterle mano a Hacienda para liberar unos fondos extra, la respuesta llegó demasiado tarde. Una lata, porque mientras tanto, la pileta de los funcionarios se agota y el trabajo se acumula como churros.
El Fiscal General, Díaz, no se anda con rodeos: “De momento, hemos acatado las medidas que sugirió la Dirección de Gestión Humana, pero esto definitivamente va a afectar el servicio público”. Unas palabras duras, pero que reflejan la realidad que vivimos. Quién iba a decir que por falta de unos cuantos colones se podía poner en peligro la impartición de justicia en Costa Rica, diay.
Y como si fuera poco, el Gobierno de Chaves se niega a mover un dedo y desbloquear los ¢6.000 millones que estaban presupuestados para reforzar la Fiscalía y el OIJ. ¡Imagínate la cara! Con tanta delincuencia rampante y con los fiscales hasta arriba de trabajo, él ahí, agarrándole las patas y haciéndole esperar. Un verdadero brete.
Desde la Asamblea Legislativa, hay quienes intentan echarle un empujón a la situación con una enmienda que busca reasignar fondos para el próximo año. Se habla de nuevas plazas, infraestructura y equipo para la policía judicial... Pero bueno, ya saben cómo son las cosas por acá: que pase, que se vea. Mientras tanto, los fiscales siguen sudando la gota gorda y los ciudadanos viendo cómo se atrasan los procesos judiciales.
Pero no todo está perdido. Como dice el dicho, “cuando la tormenta aprieta, los pobres se abrazan”. Desde la Fiscalía esperan que esta crisis sirva para encender las alarmas y obligar al Gobierno a tomar cartas en el asunto. Porque, al final del día, una justicia lenta y deficiente no beneficia a nadie. Ninguno, eh.
Entonces, mi pregunta para ustedes, queridos lectores del Foro: ¿creen que el Gobierno realmente priorizará la seguridad pública y destinará los recursos necesarios para fortalecer la Fiscalía, o seguiremos viendo cómo la delincuencia se aprovecha de nuestra pasividad? ¿Es hora de exigir a nuestros representantes que cumplan con su deber de proteger a los ciudadanos o simplemente nos resignaremos a vivir con esta incertidumbre?
Como bien sabemos, el Ministerio Público siempre ha andado con el agua al cuello, tratando de dar batalla al creciente flagelo de la delincuencia en el país. Pero, con este panorama, la cosa se pone todavía más cuesta arriba. Según fuentes internas, la situación ya había golpeado duro el año pasado y se repite este 2025, dejando a los fiscales trabajando bajo una presión descomunal.
La raíz del problema, según explican desde la institución, radica en la gestión de los recursos. Parece que, aunque el Poder Judicial intentó meterle mano a Hacienda para liberar unos fondos extra, la respuesta llegó demasiado tarde. Una lata, porque mientras tanto, la pileta de los funcionarios se agota y el trabajo se acumula como churros.
El Fiscal General, Díaz, no se anda con rodeos: “De momento, hemos acatado las medidas que sugirió la Dirección de Gestión Humana, pero esto definitivamente va a afectar el servicio público”. Unas palabras duras, pero que reflejan la realidad que vivimos. Quién iba a decir que por falta de unos cuantos colones se podía poner en peligro la impartición de justicia en Costa Rica, diay.
Y como si fuera poco, el Gobierno de Chaves se niega a mover un dedo y desbloquear los ¢6.000 millones que estaban presupuestados para reforzar la Fiscalía y el OIJ. ¡Imagínate la cara! Con tanta delincuencia rampante y con los fiscales hasta arriba de trabajo, él ahí, agarrándole las patas y haciéndole esperar. Un verdadero brete.
Desde la Asamblea Legislativa, hay quienes intentan echarle un empujón a la situación con una enmienda que busca reasignar fondos para el próximo año. Se habla de nuevas plazas, infraestructura y equipo para la policía judicial... Pero bueno, ya saben cómo son las cosas por acá: que pase, que se vea. Mientras tanto, los fiscales siguen sudando la gota gorda y los ciudadanos viendo cómo se atrasan los procesos judiciales.
Pero no todo está perdido. Como dice el dicho, “cuando la tormenta aprieta, los pobres se abrazan”. Desde la Fiscalía esperan que esta crisis sirva para encender las alarmas y obligar al Gobierno a tomar cartas en el asunto. Porque, al final del día, una justicia lenta y deficiente no beneficia a nadie. Ninguno, eh.
Entonces, mi pregunta para ustedes, queridos lectores del Foro: ¿creen que el Gobierno realmente priorizará la seguridad pública y destinará los recursos necesarios para fortalecer la Fiscalía, o seguiremos viendo cómo la delincuencia se aprovecha de nuestra pasividad? ¿Es hora de exigir a nuestros representantes que cumplan con su deber de proteger a los ciudadanos o simplemente nos resignaremos a vivir con esta incertidumbre?
