¡Ay, Dios mío! Parece que seguimos teniendo que andar con los ojos abiertos acá en Costa Rica. Ya quedó demostrado que no basta con trabajar duro para ganarnos la vida, también hay que estar pendientes de que nadie se aproveche de nosotros. Últimamente, los fraudes registrales han ido en aumento, dejando a muchísimas familias sin su casa, su carro… ¡todo! Un verdadero golpe bajo.
Las estadísticas son escalofriantes: desde 2014 hasta ahora, el OIJ ha recibido alrededor de 540 denuncias por este tipo de delitos. ¡Eso da para llenar varios bretes! Y pa’ qué les cuento, la mayoría de la gente ni siquiera sabe cómo funciona esto ni qué precauciones tomar. Muchos piensan que ‘mientras pague mis impuestos y esté al día, todo bien’, pero eso no es suficiente, mi pana. Hay gente ahí afuera, dispuesta a aprovecharse de la buena fe ajena.
Lo más preocupante es que el problema parece haber empeorado considerablemente en los últimos años. Entre 2021 y 2023, se registraron 228 casos, ¡una cifra récord en los últimos diez años! Esto nos indica que los estafadores están volviéndose más sofisticados y organizados. Y peor aún, pareciera que los mecanismos de control no están funcionando como deberían. ¿Quién se hace responsable por esto?
Según datos oficiales, 148 denuncias corresponden a ventas fraudulentas de propiedades y 132 a vehículos. Imagínate el dolor de cabeza y el daño económico que esto le causa a las víctimas. También hay casos de manipulación de hipotecas, alteraciones en registros… ¡un verdadero quilombo! No cabe duda de que estamos frente a un problema grave que requiere atención urgente.
El caso de “Madre Patria” puso el dedo en la llaga, mostrando cómo notarios –personas que justamente deberían garantizar la legalidad de los trámites– estaban siendo utilizados para cometer estos fraudes. Con la fe pública que ostentan, podían validar traspasos de propiedades sin que los dueños se dieran cuenta. ¡Un escándalo tremendo! Que alguien abuse de esa confianza es una verdadera decepción, ¿verdad?
Y aquí viene el meollo del asunto: solo siete fiscales están encargados de supervisar la labor de los casi nueve mil seiscientos notarios activos en el país. ¡Siete! ¡Parece broma! Eso significa que la vigilancia es prácticamente nula, dejando un espacio enorme para la corrupción y el abuso. Necesitamos más recursos, más fiscales capacitados y controles más estrictos. ¡Esto no puede seguir así!
Pero ojo, no todo está perdido. Existe una herramienta digital que podría ayudarnos a protegernos: la aplicación “Alerta Registral” del Registro Nacional. Esta app te avisa por correo electrónico si alguien intenta hacerle movimientos a tus bienes. Cuesta unos pocos colones al año, como ¢7.500, pero puede ahorrarte un buen susto y proteger tu patrimonio. ¡Más vale prevenir que lamentar, dicen por ahí!
Ahora, cuéntenme, ¿ustedes ya revisaron el estado de sus propiedades recientemente? ¿Están utilizando la aplicación Alerta Registral? ¿Qué otras medidas creen que se podrían implementar para combatir este flagelo y evitar que más compatriotas sean víctimas de estos estafadores? ¡Compartan sus opiniones y experiencias en el foro!
Las estadísticas son escalofriantes: desde 2014 hasta ahora, el OIJ ha recibido alrededor de 540 denuncias por este tipo de delitos. ¡Eso da para llenar varios bretes! Y pa’ qué les cuento, la mayoría de la gente ni siquiera sabe cómo funciona esto ni qué precauciones tomar. Muchos piensan que ‘mientras pague mis impuestos y esté al día, todo bien’, pero eso no es suficiente, mi pana. Hay gente ahí afuera, dispuesta a aprovecharse de la buena fe ajena.
Lo más preocupante es que el problema parece haber empeorado considerablemente en los últimos años. Entre 2021 y 2023, se registraron 228 casos, ¡una cifra récord en los últimos diez años! Esto nos indica que los estafadores están volviéndose más sofisticados y organizados. Y peor aún, pareciera que los mecanismos de control no están funcionando como deberían. ¿Quién se hace responsable por esto?
Según datos oficiales, 148 denuncias corresponden a ventas fraudulentas de propiedades y 132 a vehículos. Imagínate el dolor de cabeza y el daño económico que esto le causa a las víctimas. También hay casos de manipulación de hipotecas, alteraciones en registros… ¡un verdadero quilombo! No cabe duda de que estamos frente a un problema grave que requiere atención urgente.
El caso de “Madre Patria” puso el dedo en la llaga, mostrando cómo notarios –personas que justamente deberían garantizar la legalidad de los trámites– estaban siendo utilizados para cometer estos fraudes. Con la fe pública que ostentan, podían validar traspasos de propiedades sin que los dueños se dieran cuenta. ¡Un escándalo tremendo! Que alguien abuse de esa confianza es una verdadera decepción, ¿verdad?
Y aquí viene el meollo del asunto: solo siete fiscales están encargados de supervisar la labor de los casi nueve mil seiscientos notarios activos en el país. ¡Siete! ¡Parece broma! Eso significa que la vigilancia es prácticamente nula, dejando un espacio enorme para la corrupción y el abuso. Necesitamos más recursos, más fiscales capacitados y controles más estrictos. ¡Esto no puede seguir así!
Pero ojo, no todo está perdido. Existe una herramienta digital que podría ayudarnos a protegernos: la aplicación “Alerta Registral” del Registro Nacional. Esta app te avisa por correo electrónico si alguien intenta hacerle movimientos a tus bienes. Cuesta unos pocos colones al año, como ¢7.500, pero puede ahorrarte un buen susto y proteger tu patrimonio. ¡Más vale prevenir que lamentar, dicen por ahí!
Ahora, cuéntenme, ¿ustedes ya revisaron el estado de sus propiedades recientemente? ¿Están utilizando la aplicación Alerta Registral? ¿Qué otras medidas creen que se podrían implementar para combatir este flagelo y evitar que más compatriotas sean víctimas de estos estafadores? ¡Compartan sus opiniones y experiencias en el foro!
