Mae, el pleito con la norma técnica del aborto está más enredado que un cable de audífonos viejos y parece que acaba de subir de nivel. Resulta que varias organizaciones pro-vida, de esas que uno siempre ve en la Asamblea, le están cayendo con todo al Gobierno de Rodrigo Chaves y a la ministra de Salud, Mary Munive. ¿La razón? Sienten que les metieron un golazo, que la promesa de defender "las dos vidas" se quedó en puras palabras y que, a la hora de la verdad, la administración actual está jugando para el otro equipo. Se armó un despiche de los buenos, y parece que nadie sabe bien para dónde va a patear la bola.
La vara es que la gente de "Crece por mi País" y la "Asociación Médicos por la Vida" no se andan por las ramas. La presidenta del primer grupo, la Dra. Ileana Flores, tiró un bombazo al recordar que este Gobierno se llenó la boca en 2022 diciendo que era "pro-vida". Pero, según ella, una cosa es lo que dicen en campaña y otra muy distinta el brete que hacen desde la silla presidencial. Acusan al Ejecutivo de no solo hacerse de la vista gorda, sino de apoyar activamente la norma técnica que viene de la administración Alvarado, pidiéndole a la Sala IV que rechace las acciones de inconstitucionalidad. O sea, para ellos, la promesa de campaña se fue al traste, y feo.
Y si uno creía que el asunto era solo ideológico, diay, espérese a oír a los doctores. El Dr. Norbel Román, de Médicos por la Vida, calificó la norma de "innecesaria y peligrosa". Su argumento es de puro sentido común médico: los protocolos clínicos están para curar, para salvar vidas, no para terminarlas. Según él, el aborto nunca puede ser terapéutico, y lo más grave es que la norma —en su artículo 6.4— hasta dejaría por fuera las emergencias obstétricas reales, donde la vida de la mamá sí corre peligro inminente. La frase con la que cerró fue durísima: "Esta norma procura la gestión de un delito: matar al bebé en gestación".
Para terminar de echarle leña al fuego, hasta la Iglesia Católica se metió en la discusión, como era de esperarse. Monseñor Mario Enrique Quirós, el Obispo de Cartago, aprovechó la famosa homilía del 2 de agosto para mandar un mensaje clarísimo y sin filtros. Dijo, palabras más, palabras menos, que ninguna "norma técnica" humana puede justificar el poner en riesgo a un inocente y que Costa Rica tiene que dejar de lado la "cultura de la muerte". Con la Iglesia en la jugada, el tema deja de ser un simple pleito político y se convierte en un debate de valores que cala hondo en una buena parte del país.
Al final, lo que queda es una sensación de caos y un "vacío jurídico" que, según los críticos, deja la puerta abierta para cualquier cosa. El Gobierno se encuentra en una encrucijada: por un lado, tiene a una base que lo eligió creyendo en su discurso pro-vida y que ahora se siente traicionada; por el otro, tiene una norma técnica que, legalmente, está vigente y que parece no tener intenciones de tocar. La pregunta que queda en el aire es inevitable y se la tiro al foro para ver qué piensan. ¿Estamos ante una simple falta de coherencia del Gobierno, o hay una estrategia más profunda que no estamos viendo? ¿Se puede ser "pro-vida" de palabra y al mismo tiempo defender, en la práctica, una norma como esta? Los leo, maes.
La vara es que la gente de "Crece por mi País" y la "Asociación Médicos por la Vida" no se andan por las ramas. La presidenta del primer grupo, la Dra. Ileana Flores, tiró un bombazo al recordar que este Gobierno se llenó la boca en 2022 diciendo que era "pro-vida". Pero, según ella, una cosa es lo que dicen en campaña y otra muy distinta el brete que hacen desde la silla presidencial. Acusan al Ejecutivo de no solo hacerse de la vista gorda, sino de apoyar activamente la norma técnica que viene de la administración Alvarado, pidiéndole a la Sala IV que rechace las acciones de inconstitucionalidad. O sea, para ellos, la promesa de campaña se fue al traste, y feo.
Y si uno creía que el asunto era solo ideológico, diay, espérese a oír a los doctores. El Dr. Norbel Román, de Médicos por la Vida, calificó la norma de "innecesaria y peligrosa". Su argumento es de puro sentido común médico: los protocolos clínicos están para curar, para salvar vidas, no para terminarlas. Según él, el aborto nunca puede ser terapéutico, y lo más grave es que la norma —en su artículo 6.4— hasta dejaría por fuera las emergencias obstétricas reales, donde la vida de la mamá sí corre peligro inminente. La frase con la que cerró fue durísima: "Esta norma procura la gestión de un delito: matar al bebé en gestación".
Para terminar de echarle leña al fuego, hasta la Iglesia Católica se metió en la discusión, como era de esperarse. Monseñor Mario Enrique Quirós, el Obispo de Cartago, aprovechó la famosa homilía del 2 de agosto para mandar un mensaje clarísimo y sin filtros. Dijo, palabras más, palabras menos, que ninguna "norma técnica" humana puede justificar el poner en riesgo a un inocente y que Costa Rica tiene que dejar de lado la "cultura de la muerte". Con la Iglesia en la jugada, el tema deja de ser un simple pleito político y se convierte en un debate de valores que cala hondo en una buena parte del país.
Al final, lo que queda es una sensación de caos y un "vacío jurídico" que, según los críticos, deja la puerta abierta para cualquier cosa. El Gobierno se encuentra en una encrucijada: por un lado, tiene a una base que lo eligió creyendo en su discurso pro-vida y que ahora se siente traicionada; por el otro, tiene una norma técnica que, legalmente, está vigente y que parece no tener intenciones de tocar. La pregunta que queda en el aire es inevitable y se la tiro al foro para ver qué piensan. ¿Estamos ante una simple falta de coherencia del Gobierno, o hay una estrategia más profunda que no estamos viendo? ¿Se puede ser "pro-vida" de palabra y al mismo tiempo defender, en la práctica, una norma como esta? Los leo, maes.
