Amenazas - OPINIÓN - La Nación
Laurita va de mal en pior en este rubro.
No sé ni por donde empezar con respecto a las faltas en las que incurre el gobierno con estas salidas.
Aunque técnicamente podrían tener amparo constitucional.
Del mismo modo, me parece que un católico que crea en las instituciones democráticas estaría en contra de las flagrantes violaciones de la separación iglesia-estado en que incurre este gobierno, y ¡a cada rato!
La Conferencia Episcopal de Costa Rica anuncia, en su página web, un acontecimiento organizado por la Universidad Juan Pablo II: la “Semana social por la vida y la familia”. La clausura del evento estará a cargo de la presidenta Laura Chinchilla. Participarán, también, el ministro de Bienestar Social y Familia, y una diputada. El coloquio contará, en parte, con el patrocinio del IMAS, esto es, con el apoyo de una institución pública.
El objetivo, reza la invitación, es “reflexionar acerca de las amenazas que sufre hoy en día la familia como institución natural”, pero también proponer “líneas de acción”, es decir, contribuir a diseñar un proyecto político a ese respecto.
Ese discurso suena, en efecto, harto familiar. La supuesta amenaza a la familia es el principal motivo por el cual grupos religiosos y civiles se oponen a la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo. Bajo el estandarte del respeto a la familia natural (sic), el ‘Observatorio ciudadano por la vida y la familia’ y otros grupos afines intentaron someter a referendo los derechos de una minoría históricamente discriminada, hace pocos meses.
En este coloquio, después de las plegarias iniciales y de las palabras de apertura a cargo de distintos obispos, se hablará, por ejemplo, de la homosexualidad desde un punto de vista católico; un licenciado en teología moral expondrá sobre la “familia natural” y el “matrimonio natural”; otros expositores hablarán del “inicio y el fin de la vida” y de la “ideología de género”.
Al lector advertido no se le habrá escapado: la agenda de exposiciones se vincula directamente con temas que han levantado polémica durante los últimos meses, y sobre los cuales la Iglesia Católica mantiene una oposición férrea, tales como las uniones entre personas homosexuales y la fecundación in vitro.
La participación de personalidades políticas no sería motivo de honda preocupación si ello no constituyera un apoyo simbólico a un discurso y a una estrategia política cuyo principal objetivo ha sido impedir el acceso a derechos civiles, para los homosexuales, y para las parejas que sufren de infertilidad.
Una vez más, se hace manifiesta la que ha sido una constante de la gestión de la presidenta Chinchilla: la tendencia a mezclar los asuntos de Dios con los del César. La presidenta de la República no solo demuestra tener muy poca autonomía con respecto a las presiones de la Iglesia Católica, sino que parece contribuir activamente a la intromisión de las autoridades eclesiásticas en asuntos que deberían tratarse exclusivamente en un marco político laico.
Para reflexionar. Si entre los objetivos del coloquio está reflexionar sobre las amenazas a la familia, quizá quieran considerar estos pocos elementos de reflexión:
Discriminar a una persona por su orientación sexual, negándole el derecho de heredar sus bienes a su pareja, o de tener acceso a información sobre su salud, en caso de enfermedad, en el hospital, ¿no es una amenaza a las familias?
Calificar la unión de personas, en razón de su orientación sexual, como una amenaza a la familia, ¿no es una amenaza a las familias?
Impedir totalmente el acceso a una técnica de reproducción a parejas que sufren de infertilidad, ¿no es una amenaza a las familias?
¿No son la discriminación y la intolerancia las verdaderas amenazas para las personas que forman, hoy, la compleja y cambiante realidad de las familias costarricenses?
Ser cómplices, desde el poder político, de discursos que se nutren de prejuicios en contra de las personas homosexuales, que muchas veces culminan, trágicamente, en agresiones, o en suicidios, ¿no es una amenaza a las familias?
¿No es la tendencia a legislar sobre la base de una visión religiosa particular, impidiendo el acceso a derechos civiles, una auténtica amenaza para la democracia costarricense?
Laurita va de mal en pior en este rubro.
No sé ni por donde empezar con respecto a las faltas en las que incurre el gobierno con estas salidas.
Aunque técnicamente podrían tener amparo constitucional.
Del mismo modo, me parece que un católico que crea en las instituciones democráticas estaría en contra de las flagrantes violaciones de la separación iglesia-estado en que incurre este gobierno, y ¡a cada rato!
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