Costa Rica enfrenta un reto creciente con un mercado negro que prospera en las sombras, inmerso en el humo de los cigarrillos de contrabando que constituyen el 40% del consumo nacional. Un estudio reciente de Total Research Network revela que casi la mitad de los cigarrillos consumidos en el país son ilegales, eludiendo las estrictas regulaciones y los impuestos que deberían apoyar la salud pública y las arcas estatales.
Pero, ¿qué implica realmente este panorama?
En las calles de ciudades como Puntarenas, Cartago y Heredia, donde el comercio ilícito alcanza sus picos más altos, se puede percibir un aire de desafío a la ley. Cifras del estudio señalan que en Puntarenas el 57,5% de los cigarrillos son de contrabando, seguido de Cartago con un 49,2% y Heredia con un 43,3%.
La marca más consumida ilegalmente es Gold City, dominando un 24,4% del mercado total de cigarrillos en Costa Rica.
Además de la evidente pérdida económica, estimada en cerca de 26 millones de dólares anuales por Cid Gallup Latinoamérica, está el costo humano. Los cigarrillos de contrabando suelen estar hechos con ingredientes de dudosa procedencia y en condiciones insalubres, lo que incrementa significativamente el riesgo de enfermedades graves como cáncer, problemas pulmonares y cardiovasculares. Todo esto, mientras el Estado deja de recibir ingresos cruciales para programas de salud y educación debido a la evasión de impuestos.
Este fenómeno no solo afecta a Costa Rica; el Banco Mundial señala que el comercio ilícito de cigarrillos representa entre un 10% y un 12% del mercado global, resultando en una pérdida de entre 40 y 50 mil millones de dólares anuales en impuestos. La situación local es un reflejo de un problema global que demanda una solución concertada entre naciones y políticas más efectivas de control y prevención.
El Gobierno costarricense, desde la aprobación de la Ley General de Control del Tabaco en 2012, ha intentado frenar este mercado con un impuesto específico de 20 colones por cigarrillo. Sin embargo, la creciente prevalencia del contrabando, que ha aumentado un 16% desde entonces, sugiere que las medidas actuales son insuficientes.
Es tiempo de mirar más allá del humo, hacia políticas que no solo castiguen el contrabando, sino que también ofrezcan alternativas legales accesibles y educación sobre los riesgos del tabaquismo.
Pero, ¿qué implica realmente este panorama?
En las calles de ciudades como Puntarenas, Cartago y Heredia, donde el comercio ilícito alcanza sus picos más altos, se puede percibir un aire de desafío a la ley. Cifras del estudio señalan que en Puntarenas el 57,5% de los cigarrillos son de contrabando, seguido de Cartago con un 49,2% y Heredia con un 43,3%.
La marca más consumida ilegalmente es Gold City, dominando un 24,4% del mercado total de cigarrillos en Costa Rica.
Además de la evidente pérdida económica, estimada en cerca de 26 millones de dólares anuales por Cid Gallup Latinoamérica, está el costo humano. Los cigarrillos de contrabando suelen estar hechos con ingredientes de dudosa procedencia y en condiciones insalubres, lo que incrementa significativamente el riesgo de enfermedades graves como cáncer, problemas pulmonares y cardiovasculares. Todo esto, mientras el Estado deja de recibir ingresos cruciales para programas de salud y educación debido a la evasión de impuestos.
Este fenómeno no solo afecta a Costa Rica; el Banco Mundial señala que el comercio ilícito de cigarrillos representa entre un 10% y un 12% del mercado global, resultando en una pérdida de entre 40 y 50 mil millones de dólares anuales en impuestos. La situación local es un reflejo de un problema global que demanda una solución concertada entre naciones y políticas más efectivas de control y prevención.
El Gobierno costarricense, desde la aprobación de la Ley General de Control del Tabaco en 2012, ha intentado frenar este mercado con un impuesto específico de 20 colones por cigarrillo. Sin embargo, la creciente prevalencia del contrabando, que ha aumentado un 16% desde entonces, sugiere que las medidas actuales son insuficientes.
Es tiempo de mirar más allá del humo, hacia políticas que no solo castiguen el contrabando, sino que también ofrezcan alternativas legales accesibles y educación sobre los riesgos del tabaquismo.
