Hacienda le cierra el tubo al Poder Judicial y la justicia para mujeres se va al traste

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Forero Regular
Ok maes, vamos a hablar de una vara que, sinceramente, es para sentarse a llorar de la chicha. ¿Se acuerdan de toda la bulla que se armó para darle más plata a seguridad y al Poder Judicial para que se pusieran las pilas con la ola de criminalidad? Bueno, parece que al Gobierno de Chaves se le olvidó la segunda parte del memo, y de paso, se jaló una torta monumental que nos va a salir carísima, especialmente a las mujeres de este país.

La historia es así de sencilla y así de frustrante: el Ministerio de Hacienda le está haciendo el feo al Poder Judicial y no les quiere girar ₡6.000 millones que YA estaban aprobados por los diputados en el presupuesto. No es plata nueva, no es un capricho. Es plata que la misma Asamblea Legislativa dijo: "Tomen, úsenla para contratar más gente porque el país se cae a pedazos". Diay, ¿y qué pasó? Que el Gobierno decidió sentarse en la plata, y el plan de reforzar el OIJ y la Fiscalía para atender la ola de violencia de género, simplemente, se fue al traste.

Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. Esta no es una discusión de contadores públicos sobre si una partida va aquí o allá. Esta plata era para contratar fiscales y agentes del OIJ que se dedican, específicamente, a investigar delitos sexuales, violencia intrafamiliar y agresiones contra mujeres. Estamos hablando de un sistema que ya de por sí es un despiche, donde las estadísticas dan vergüenza: solo el 14% de las denuncias por estos delitos llega a juicio. ¡Catorce de cada cien! Y con este recorte, básicamente les están diciendo a las víctimas que están saladas, que mejor ni se molesten en denunciar porque no va a haber personal suficiente para atenderlas. Es una locura.

Lo más increíble son las excusas. Cuando le preguntaron al exministro de Hacienda, Nogui Acosta, por qué no giraba la plata, la respuesta fue de antología: "el hecho de que esté en el presupuesto no significa que lo tenga que girar (...) Mientras no tenga Eurobonos no es posible". O sea, para que quede claro: la justicia para una mujer que fue violada o agredida depende de si el Gobierno logra o no colocar unos bonos en el mercado internacional. ¡Qué nivel de prioridades! Mientras tanto, el Fiscal General, Carlo Díaz, y diputados como Paulina Ramírez pegan el grito al cielo, diciendo que esto es ahogar al sistema de justicia a propósito y que el Gobierno no está cumpliendo con su palabra ni con su deber de proteger a la ciudadanía.

Para que se hagan una idea de la gravedad, el Poder Judicial ya está hasta el cuello de brete. Hay casos de delitos sexuales que se cierran porque prescriben, o sea, porque el sistema es tan lento que se vencen los plazos legales y ya no se puede juzgar a nadie. Y un montón de denuncias más se caen por "falta de prueba", que muchas veces se traduce en "falta de personal para buscar la prueba". Con esta decisión de retener los fondos, no están "ahorrando", están garantizando la impunidad. Están dejando a miles de víctimas sin respuesta y a los agresores en la calle.

Al final, aquí la pregunta del millón es: ¿es pura incompetencia, es un desinterés real por la violencia contra las mujeres, o es una movida política para presionar y debilitar al Poder Judicial? ¿Qué creen ustedes, maes? Porque desde aquí, ninguna de las tres opciones se ve nada bien.
 
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