A veces parece que en este país, para que te paguen lo que te deben, hay que hacer un escándalo. Y si no, que se lo pregunten a los representantes de la APSE, que este lunes se fueron a plantar frente al Ministerio de Hacienda. La vara no es nueva, pero la paciencia, como todo en esta vida, tiene un límite. La procesión va por dentro para un montón de profes que, después de dedicarle una vida entera al brete, ahora tienen que ver cómo el Gobierno les queda mal con una plata que, por ley, es de ellos.
Aquí es donde la cosa se pone color de hormiga y uno dice: ¡qué torta! El despiche se origina por el pago del ajuste por costo de vida para todos los educadores que se acogieron a su jubilación a partir del año 2020. Estamos hablando de gente que colgó la tiza justo cuando el mundo se paralizaba y el Gobierno, con la excusa de la emergencia nacional, decidió congelar los aumentos salariales. Una medida que en su momento se entendió, pero que generó un enredo administrativo que, años después, sigue sin resolverse del todo.
A ver, maes, para no perdernos en el arroz con mango de decretos ejecutivos. La vara es así de simple: en 2022, el Gobierno dijo "no hay aumento para nadie". Pero en mayo de este año, publicaron otro decreto (el 44459, para los más nerds) donde básicamente admitían la torta y decían: "Ok, a los servidores que se jubilaron durante ese periodo de congelamiento, sí hay que reconocerles ese aumento y calcularlo en sus prestaciones". O sea, el mismo Gobierno puso en papel que la deuda existe y que hay que pagarla. El problema, como siempre, es pasar del dicho al hecho.
Y aquí es donde a uno se le arruga el corazón. No estamos hablando de un número en una hoja de cálculo, estamos hablando de personas. Profesores y profesoras que planificaron su retiro contando con un ingreso digno, basado en los últimos salarios y los ajustes correspondientes. Gente que le metió el hombro por décadas a la educación de este país, muchas veces en condiciones complicadas, y que ahora se topa con que su jubilación no refleja lo que legalmente debería. Diay, qué salado, ¿verdad? Esperar tu plata después de toda una vida de trabajo y que la respuesta sea el silencio administrativo.
Así que la gente de la APSE, liderada por Vivian Chaves, se cansó del peloteo. Se fueron a Hacienda no a pedir un favor, sino a exigir lo que es justo: una audiencia con el ministro Rudolf Lucke para que les dé la cara y, más importante aún, una fecha. Quieren saber cuándo y cómo se va a materializar ese pago. Como era de esperarse, les dieron la clásica respuesta para patear la bola: "en los próximos días les damos una respuesta". Una frase que en el diccionario de la burocracia tica puede significar cualquier cosa, desde "mañana" hasta "en el año del nispero".
Al final, este sainete deja una sensación amarga. Demuestra, una vez más, que los derechos en el papel son muy bonitos, pero sin voluntad política y eficiencia administrativa, no son más que tinta. No se trata de si el Gobierno tiene o no la razón; ellos mismos firmaron el decreto que reconoce la deuda. Se trata de la lentitud, de la aparente indiferencia y del laberinto burocrático en el que meten a ciudadanos que solo piden lo que les corresponde. Esto ya no es un tema de plata, es un tema de respeto.
Maes, la pregunta del millón es: ¿Creen que esto es pura burocracia y un despiche de coordinación, o hay una intención de fondo de patear la bola para no soltar la plata? ¿Se resolverá rápido o esto va para largo? Los leo.
Aquí es donde la cosa se pone color de hormiga y uno dice: ¡qué torta! El despiche se origina por el pago del ajuste por costo de vida para todos los educadores que se acogieron a su jubilación a partir del año 2020. Estamos hablando de gente que colgó la tiza justo cuando el mundo se paralizaba y el Gobierno, con la excusa de la emergencia nacional, decidió congelar los aumentos salariales. Una medida que en su momento se entendió, pero que generó un enredo administrativo que, años después, sigue sin resolverse del todo.
A ver, maes, para no perdernos en el arroz con mango de decretos ejecutivos. La vara es así de simple: en 2022, el Gobierno dijo "no hay aumento para nadie". Pero en mayo de este año, publicaron otro decreto (el 44459, para los más nerds) donde básicamente admitían la torta y decían: "Ok, a los servidores que se jubilaron durante ese periodo de congelamiento, sí hay que reconocerles ese aumento y calcularlo en sus prestaciones". O sea, el mismo Gobierno puso en papel que la deuda existe y que hay que pagarla. El problema, como siempre, es pasar del dicho al hecho.
Y aquí es donde a uno se le arruga el corazón. No estamos hablando de un número en una hoja de cálculo, estamos hablando de personas. Profesores y profesoras que planificaron su retiro contando con un ingreso digno, basado en los últimos salarios y los ajustes correspondientes. Gente que le metió el hombro por décadas a la educación de este país, muchas veces en condiciones complicadas, y que ahora se topa con que su jubilación no refleja lo que legalmente debería. Diay, qué salado, ¿verdad? Esperar tu plata después de toda una vida de trabajo y que la respuesta sea el silencio administrativo.
Así que la gente de la APSE, liderada por Vivian Chaves, se cansó del peloteo. Se fueron a Hacienda no a pedir un favor, sino a exigir lo que es justo: una audiencia con el ministro Rudolf Lucke para que les dé la cara y, más importante aún, una fecha. Quieren saber cuándo y cómo se va a materializar ese pago. Como era de esperarse, les dieron la clásica respuesta para patear la bola: "en los próximos días les damos una respuesta". Una frase que en el diccionario de la burocracia tica puede significar cualquier cosa, desde "mañana" hasta "en el año del nispero".
Al final, este sainete deja una sensación amarga. Demuestra, una vez más, que los derechos en el papel son muy bonitos, pero sin voluntad política y eficiencia administrativa, no son más que tinta. No se trata de si el Gobierno tiene o no la razón; ellos mismos firmaron el decreto que reconoce la deuda. Se trata de la lentitud, de la aparente indiferencia y del laberinto burocrático en el que meten a ciudadanos que solo piden lo que les corresponde. Esto ya no es un tema de plata, es un tema de respeto.
Maes, la pregunta del millón es: ¿Creen que esto es pura burocracia y un despiche de coordinación, o hay una intención de fondo de patear la bola para no soltar la plata? ¿Se resolverá rápido o esto va para largo? Los leo.
