¡Ay, Dios mío! Esto sí que es novela. Resulta que el fiscal general, Carlo Díaz, soltó la bomba de que nuestro presidente, Don Rodrigo Chaves, estaría metiendo cuchara en el caso de Leonel Baruch. ¿Se imaginan eso, mis amigos? El mismísimo presidente, involucrado en un proceso penal, encima presionado pa’ que vaya más rápido… ¡Qué despiche!
Para ponerles en contexto, la movida viene de atrás. Baruch, como saben, es un empresaro famoso – algunos dirían polémico – propietario de CRHoy, accionista del BCT y envuelto en varias artimañas fiscales. Ya recuerdan el “megacaso de evasión fiscal” que Nogui Acosta presentó en el 2023, un asunto de ¡once mil millones de colones! Todo salió a la luz gracias a un video de TikTok, ¡sí, un TikTok!, lo que hizo que mucha gente se preguntara si esto era serio o una broma pesada.
Pero volviendo al tema central, Díaz afirma que Chaves le pidió directamente en dos ocasiones que acelerara la investigación contra Baruch, e incluso, según el fiscal, buscaba que el empresario fuera condenado. La primera vez fue en Casa Presidencial, la segunda en la propia Fiscalía. Unas reuniones, imagínense, para discutir un caso judicial... ¿No les suena raro?
El fiscal, bien firme, explicó que ellos no responden a presiones de nadie, ni siquiera del Presidente. Dice que estas acciones demuestran desconocimiento del cómo funciona el sistema judicial. Lo que quiere decir, vamos, que el Presidente parece no entender que los jueces e investigadores tienen que trabajar tranquilos, sin que nadie les diga qué hacer. Y hablando de tranquilo, la Fiscalía de Panamá también anda investigando a Baruch por otro tema: posible delito contra el orden económico relacionado con lavado de dinero. Vaya, que el hombre tiene problemas por todos lados.
Ahora, recordemos que Baruch no se quedó callado. Él también ha puesto denuncias contra el Presidente Chaves, acusándolo de injerencia en la custodia de sus hijos, producto de su divorcio. Además, presentó una demanda por la difusión de información sobre la investigación en Panamá. ¡Un tira y afloja digno de ver en televisión!
Como muchos recordarán, el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, cayó como nunca cuando se descubrió que la base del “megacaso” era precisamente ese video viral de TikTok. Resultó que el Ministerio de Hacienda tenía un informe interno desde octubre de 2022 que descartaba cualquier irregularidad, pero lo mantuvieron oculto. ¡Imagínense! Luego Acosta tuvo que reconocer que no había un informe técnico formal que respaldara la denuncia inicial. Parecía que todo estaba construido sobre arena movediza.
Esta situación plantea serias interrogantes sobre el accionar del gobierno y la independencia de la justicia. ¿Cómo puede un Presidente, quien juró defender la ley, estar involucrado en procesos penales de manera tan directa? ¿No es acaso una transgresión flagrante de su deber? Además, este caso pone en evidencia la fragilidad de algunas instituciones públicas y la facilidad con la que pueden ser manipuladas. Y no olvidemos que hablamos de un empresario poderoso con medios de comunicación a su disposición, lo que complica aún más el panorama.
Por último, ¿ustedes creen que este escándalo afectará la credibilidad del gobierno y dañará la confianza de los ciudadanos en las instituciones? ¿Debería haber alguna consecuencia legal para el Presidente Chaves si se comprueba que presionó a la Fiscalía? Déjenme saber su opinión en el foro, ¡quiero leer sus comentarios!
Para ponerles en contexto, la movida viene de atrás. Baruch, como saben, es un empresaro famoso – algunos dirían polémico – propietario de CRHoy, accionista del BCT y envuelto en varias artimañas fiscales. Ya recuerdan el “megacaso de evasión fiscal” que Nogui Acosta presentó en el 2023, un asunto de ¡once mil millones de colones! Todo salió a la luz gracias a un video de TikTok, ¡sí, un TikTok!, lo que hizo que mucha gente se preguntara si esto era serio o una broma pesada.
Pero volviendo al tema central, Díaz afirma que Chaves le pidió directamente en dos ocasiones que acelerara la investigación contra Baruch, e incluso, según el fiscal, buscaba que el empresario fuera condenado. La primera vez fue en Casa Presidencial, la segunda en la propia Fiscalía. Unas reuniones, imagínense, para discutir un caso judicial... ¿No les suena raro?
El fiscal, bien firme, explicó que ellos no responden a presiones de nadie, ni siquiera del Presidente. Dice que estas acciones demuestran desconocimiento del cómo funciona el sistema judicial. Lo que quiere decir, vamos, que el Presidente parece no entender que los jueces e investigadores tienen que trabajar tranquilos, sin que nadie les diga qué hacer. Y hablando de tranquilo, la Fiscalía de Panamá también anda investigando a Baruch por otro tema: posible delito contra el orden económico relacionado con lavado de dinero. Vaya, que el hombre tiene problemas por todos lados.
Ahora, recordemos que Baruch no se quedó callado. Él también ha puesto denuncias contra el Presidente Chaves, acusándolo de injerencia en la custodia de sus hijos, producto de su divorcio. Además, presentó una demanda por la difusión de información sobre la investigación en Panamá. ¡Un tira y afloja digno de ver en televisión!
Como muchos recordarán, el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, cayó como nunca cuando se descubrió que la base del “megacaso” era precisamente ese video viral de TikTok. Resultó que el Ministerio de Hacienda tenía un informe interno desde octubre de 2022 que descartaba cualquier irregularidad, pero lo mantuvieron oculto. ¡Imagínense! Luego Acosta tuvo que reconocer que no había un informe técnico formal que respaldara la denuncia inicial. Parecía que todo estaba construido sobre arena movediza.
Esta situación plantea serias interrogantes sobre el accionar del gobierno y la independencia de la justicia. ¿Cómo puede un Presidente, quien juró defender la ley, estar involucrado en procesos penales de manera tan directa? ¿No es acaso una transgresión flagrante de su deber? Además, este caso pone en evidencia la fragilidad de algunas instituciones públicas y la facilidad con la que pueden ser manipuladas. Y no olvidemos que hablamos de un empresario poderoso con medios de comunicación a su disposición, lo que complica aún más el panorama.
Por último, ¿ustedes creen que este escándalo afectará la credibilidad del gobierno y dañará la confianza de los ciudadanos en las instituciones? ¿Debería haber alguna consecuencia legal para el Presidente Chaves si se comprueba que presionó a la Fiscalía? Déjenme saber su opinión en el foro, ¡quiero leer sus comentarios!
