Maes, pónganle atención a esto porque el despiche que se nos viene encima no es jugando. Imagínense la escena: en unas semanas, las bolsas de basura se empiezan a acumular en las aceras del GAM, el olor es insoportable y no hay a dónde llevarse los desechos. Suena a película de terror, pero es el futuro que nos espera si nadie pone orden en este caos. Catorce municipalidades del Gran Área Metropolitana, incluyendo las más grandes como Chepe, Desampa y Alajuelita, pegaron el grito al cielo. Le están exigiendo al Gobierno que eche para atrás un decreto que, según ellas, es un completo sin sentido: prohibir que la basura viaje más de 80 kilómetros. Una medida que suena bonita en el papel, pero que en la práctica amenaza con paralizar todo el sistema.
El argumento de los alcaldes es simple y directo: la vara no es oponerse al cambio, sino que las políticas se hagan con los pies en la tierra. Señalan que el decreto del Ministerio de Salud se escribió sin entender la realidad del país, violando la autonomía de las munis para encargarse de su propio brete y, para colmo, sin darles un cinco de presupuesto o ayuda técnica para resolver el chicharrón que les están heredando. En resumen, les tiran la bronca, pero los dejan solos para ver cómo la solucionan. El pronunciamiento lo firman desde San José hasta Montes de Oca, dejando claro que el problema es generalizado. Si el Gobierno no cede, cantones enteros se van a quedar sin un lugar legal a dónde mandar sus residuos. No hay que ser un genio, mae, para saber que eso termina en una crisis sanitaria y ambiental de libro.
Y por si el pleito entre munis y Gobierno no fuera suficiente, tenemos otro frente de batalla que le echa más leña al fuego. La empresa canadiense EBI, que maneja casi el 65% de todo el chunche que desechamos en el país, acaba de demandar al Estado tico por $125 millones en un arbitraje internacional. ¿La razón? Dicen que las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro les han puesto un freno de mano a sus nuevos proyectos con una campaña "sesgada y perpetua". EBI asegura que tiene todos los permisos habidos y por haber para construir nuevos centros de tratamiento, pero que por "decisiones arbitrarias" de esas dos munis, todo su plan de inversión se fue al traste. Un plan que, según ellos, era clave para evitar el colapso que ahora parece inminente.
Diay, entonces, ¿cuál es el panorama? Hagamos cuentas. Tenemos un decreto gubernamental que pone en jaque la logística de la basura. Tenemos a la principal empresa del sector, EBI, con las manos atadas y enfrascada en una guerra legal contra el país. Y como cereza del pastel, tenemos el cierre anunciado del relleno de La Uruka para finales de este año. Es la tormenta perfecta. Es como si todas las piezas del dominó estuvieran puestas para caer al mismo tiempo y dejarnos literalmente hasta el cuello de basura. Con este enredo, parece que todos quedamos salados, porque mientras los de arriba se pelean, la crisis sanitaria deja de ser una "posibilidad" y se convierte en una cuenta regresiva.
Aquí es donde la cosa se pone fea. Esto ya no es un problema técnico de ingenieros o un debate legal de abogados. Esta es una torta monumental que amenaza con explotarnos en la cara a todos los que vivimos aquí. La pregunta del millón es ¿quién se jaló la torta más grande? ¿Fue el Gobierno, con un decreto bien intencionado pero totalmente desconectado de la realidad? ¿Fueron las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro, por bloquear a la única empresa con capacidad para manejar el volumen de residuos? ¿O fueron las otras 14 municipalidades, por no tener un plan B desde hace años, sabiendo que La Uruka tenía fecha de vencimiento? Es un desastre con muchos padres. Y como siempre, los platos rotos nos tocará pagarlos a nosotros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién tiene la mayor culpa en este despiche y, más importante aún, hay alguna salida antes de que nos ahoguemos en nuestra propia basura? ¡Abro debate, maes!
El argumento de los alcaldes es simple y directo: la vara no es oponerse al cambio, sino que las políticas se hagan con los pies en la tierra. Señalan que el decreto del Ministerio de Salud se escribió sin entender la realidad del país, violando la autonomía de las munis para encargarse de su propio brete y, para colmo, sin darles un cinco de presupuesto o ayuda técnica para resolver el chicharrón que les están heredando. En resumen, les tiran la bronca, pero los dejan solos para ver cómo la solucionan. El pronunciamiento lo firman desde San José hasta Montes de Oca, dejando claro que el problema es generalizado. Si el Gobierno no cede, cantones enteros se van a quedar sin un lugar legal a dónde mandar sus residuos. No hay que ser un genio, mae, para saber que eso termina en una crisis sanitaria y ambiental de libro.
Y por si el pleito entre munis y Gobierno no fuera suficiente, tenemos otro frente de batalla que le echa más leña al fuego. La empresa canadiense EBI, que maneja casi el 65% de todo el chunche que desechamos en el país, acaba de demandar al Estado tico por $125 millones en un arbitraje internacional. ¿La razón? Dicen que las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro les han puesto un freno de mano a sus nuevos proyectos con una campaña "sesgada y perpetua". EBI asegura que tiene todos los permisos habidos y por haber para construir nuevos centros de tratamiento, pero que por "decisiones arbitrarias" de esas dos munis, todo su plan de inversión se fue al traste. Un plan que, según ellos, era clave para evitar el colapso que ahora parece inminente.
Diay, entonces, ¿cuál es el panorama? Hagamos cuentas. Tenemos un decreto gubernamental que pone en jaque la logística de la basura. Tenemos a la principal empresa del sector, EBI, con las manos atadas y enfrascada en una guerra legal contra el país. Y como cereza del pastel, tenemos el cierre anunciado del relleno de La Uruka para finales de este año. Es la tormenta perfecta. Es como si todas las piezas del dominó estuvieran puestas para caer al mismo tiempo y dejarnos literalmente hasta el cuello de basura. Con este enredo, parece que todos quedamos salados, porque mientras los de arriba se pelean, la crisis sanitaria deja de ser una "posibilidad" y se convierte en una cuenta regresiva.
Aquí es donde la cosa se pone fea. Esto ya no es un problema técnico de ingenieros o un debate legal de abogados. Esta es una torta monumental que amenaza con explotarnos en la cara a todos los que vivimos aquí. La pregunta del millón es ¿quién se jaló la torta más grande? ¿Fue el Gobierno, con un decreto bien intencionado pero totalmente desconectado de la realidad? ¿Fueron las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro, por bloquear a la única empresa con capacidad para manejar el volumen de residuos? ¿O fueron las otras 14 municipalidades, por no tener un plan B desde hace años, sabiendo que La Uruka tenía fecha de vencimiento? Es un desastre con muchos padres. Y como siempre, los platos rotos nos tocará pagarlos a nosotros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién tiene la mayor culpa en este despiche y, más importante aún, hay alguna salida antes de que nos ahoguemos en nuestra propia basura? ¡Abro debate, maes!
