A ver, maes, para los que andan medio perdidos con el arroz con mango que es la política tica, hoy vamos a hablar de una vara que suena súper seria: la "beligerancia política". En español de a pie, es la regla de oro del brete público: si usted es funcionario y recibe su salario de los impuestos de todos, tiene prohibido andar haciendo campaña o metido en la politiquería de un partido. Punto. La idea es que sirva al país, no a una bandera específica. Y parece que a varios se les olvidó el memo, porque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) acaba de pasar la escoba y dejó a tres figuras conocidas fuera de juego por un buen rato.
El plato fuerte de este despiche es, sin duda, Patricia Mora Castellanos, la exdiputada y exministra. ¿Se acuerdan de ella? Figura clave en el gobierno de Carlos Alvarado por el PAC y luego fundadora del Frente Amplio. Pues resulta que, mientras era la mera mera del INAMU y Ministra de la Condición de la Mujer, se fue a una Asamblea Nacional del Frente Amplio en 2019 y se mandó un discurso defendiendo su participación en el gobierno de aquel entonces. El TSE consideró que cruzar esa línea mientras se ostenta un cargo de ese calibre era inaceptable. ¡Qué torta! El resultado: cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Como ya está pensionada, no la pueden destituir de ningún puesto, pero el mensaje político es clarísimo y contundente.
Pero la sanción para Mora no viene sola. La guillotina del TSE tenía filo para más. A Kendall Viales Cruz, que estaba en una Junta de Crédito del Banco Popular allá en Santa Cruz, lo pescaron con las manos en la masa: participando en una asamblea del PLN y postulándose como precandidato a regidor. Para él, la sanción fue de tres años de inhabilitación y, además, su destitución como funcionario del IMAS, donde también breteaba. Y por otro lado está Fernando González Ledezma, quien mientras era parte del Consejo Nacional del Deporte, se apuntó ni más ni menos que como fiscal general de mesa para el PAC en las elecciones de 2022. Para él, la sanción fue de dos años. En todos los casos, la misma historia: la prohibición de mezclar el brete pagado por el Estado con los colores de un partido. ¡Salados!
Ahora, seguro se están preguntando: "Diay, ¿pero por qué hasta ahora sale todo esto si las varas pasaron hace años?". Buena pregunta, mae. Aquí es donde el asunto se pone más denso y, francamente, más frustrante. Resulta que la Sección Especializada del TSE, que es la que ve estos casos, estuvo prácticamente con las manos atadas por casi CUATRO AÑOS. Un par de acciones de inconstitucionalidad contra su reglamento los frenó en seco. Imagínense el despiche de expedientes acumulados durante todo ese tiempo. Ahora están corriendo para ponerse al día, resolviendo este montón de casos viejos mientras les siguen llegando nuevos. Es como tratar de vaciar una piscina inundada con un balde mientras sigue lloviendo a cántaros.
Al final del día, más allá de los nombres y los partidos, este choricero nos recuerda una línea que en Costa Rica (se supone) es sagrada: la del funcionario público y su deber de neutralidad. El TSE está dejando claro que, aunque tarde, no se anda con juegos. Ojo, los sancionados todavía pueden impugnar estas resoluciones ante los magistrados del pleno del Tribunal, así que este culebrón no ha terminado. Y como cereza en el pastel, el TSE también aprovechó para recordar que las denuncias por beligerancia no pueden ser anónimas; hay que dar la cara. Así que, maes, abro el debate: ¿Creen que estas sanciones son justas? ¿Es muy delgada la línea entre ser funcionario y tener una ideología política? ¿O es que en este país a algunos se les olvida para quién bretean realmente?
El plato fuerte de este despiche es, sin duda, Patricia Mora Castellanos, la exdiputada y exministra. ¿Se acuerdan de ella? Figura clave en el gobierno de Carlos Alvarado por el PAC y luego fundadora del Frente Amplio. Pues resulta que, mientras era la mera mera del INAMU y Ministra de la Condición de la Mujer, se fue a una Asamblea Nacional del Frente Amplio en 2019 y se mandó un discurso defendiendo su participación en el gobierno de aquel entonces. El TSE consideró que cruzar esa línea mientras se ostenta un cargo de ese calibre era inaceptable. ¡Qué torta! El resultado: cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Como ya está pensionada, no la pueden destituir de ningún puesto, pero el mensaje político es clarísimo y contundente.
Pero la sanción para Mora no viene sola. La guillotina del TSE tenía filo para más. A Kendall Viales Cruz, que estaba en una Junta de Crédito del Banco Popular allá en Santa Cruz, lo pescaron con las manos en la masa: participando en una asamblea del PLN y postulándose como precandidato a regidor. Para él, la sanción fue de tres años de inhabilitación y, además, su destitución como funcionario del IMAS, donde también breteaba. Y por otro lado está Fernando González Ledezma, quien mientras era parte del Consejo Nacional del Deporte, se apuntó ni más ni menos que como fiscal general de mesa para el PAC en las elecciones de 2022. Para él, la sanción fue de dos años. En todos los casos, la misma historia: la prohibición de mezclar el brete pagado por el Estado con los colores de un partido. ¡Salados!
Ahora, seguro se están preguntando: "Diay, ¿pero por qué hasta ahora sale todo esto si las varas pasaron hace años?". Buena pregunta, mae. Aquí es donde el asunto se pone más denso y, francamente, más frustrante. Resulta que la Sección Especializada del TSE, que es la que ve estos casos, estuvo prácticamente con las manos atadas por casi CUATRO AÑOS. Un par de acciones de inconstitucionalidad contra su reglamento los frenó en seco. Imagínense el despiche de expedientes acumulados durante todo ese tiempo. Ahora están corriendo para ponerse al día, resolviendo este montón de casos viejos mientras les siguen llegando nuevos. Es como tratar de vaciar una piscina inundada con un balde mientras sigue lloviendo a cántaros.
Al final del día, más allá de los nombres y los partidos, este choricero nos recuerda una línea que en Costa Rica (se supone) es sagrada: la del funcionario público y su deber de neutralidad. El TSE está dejando claro que, aunque tarde, no se anda con juegos. Ojo, los sancionados todavía pueden impugnar estas resoluciones ante los magistrados del pleno del Tribunal, así que este culebrón no ha terminado. Y como cereza en el pastel, el TSE también aprovechó para recordar que las denuncias por beligerancia no pueden ser anónimas; hay que dar la cara. Así que, maes, abro el debate: ¿Creen que estas sanciones son justas? ¿Es muy delgada la línea entre ser funcionario y tener una ideología política? ¿O es que en este país a algunos se les olvida para quién bretean realmente?
