Maes, hablemos claro de una de esas varas que nos tocan a todos: la Caja. O, mejor dicho, las benditas listas de espera de la Caja, ese cuento de nunca acabar que parece más un castigo divino que un sistema de salud. Cada cuatro años, en la previa de las elecciones, sale un político a decir que ahora sí, que tiene la receta mágica para arreglar el despiche. Y esta vez, el que levantó la mano fue Álvaro Ramos, el candidato del PLN, con una propuesta que, para ser sinceros, tiene un aire a algo que ya hemos escuchado antes: meterle con todo a los Ebáis y, la joya de la corona, las famosas alianzas público-privadas.
A ver, seamos justos. La primera parte del plan suena a cachete, ¿quién podría oponerse? La idea de fortalecer la atención primaria, de meterle plata y recursos a los Ebáis para que funcionen como un relojito suizo, es de cajón. Es la primera línea de batalla. Si el Ebáis de tu barrio tiene las herramientas, el personal y la capacidad para resolverte la mayoría de los chunches y, sobre todo, para prevenir enfermedades, la lógica dice que menos gente debería terminar en esa lista infernal de meses o años para una cirugía o una cita con un especialista. Hasta ahí, todo bien. Es un discurso que convence porque ataca el problema desde la raíz. Prevenir es más barato y más humano que curar, punto.
Pero, como siempre, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. La segunda parte de la propuesta es la que le pone los pelos de punta a más de uno: las alianzas público-privadas. Ramos dice que, para agilizar los servicios, hay que complementar el brete de la Caja con empresas privadas. El argumento es que “lo que la gente quiere es ser atendida a tiempo”. Y sí, mae, obvio que sí. El problema no es el qué, sino el cómo. Históricamente, en este país, cada vez que se menciona esa fórmula mágica de “público-privado” en temas sensibles como la salud, se nos enciende una alarma de “posible chanchullo”. Y con razón, porque hemos visto proyectos que se van al traste por falta de transparencia o que terminan costando un ojo de la cara.
Ramos, que no es ningún novato, se cura en salud (nunca mejor dicho) y habla de crear un “marco legal sólido y transparente” y de dar “seguridad jurídica” para que la vara funcione. Él mismo recuerda los casos recientes de empresas que ganan una licitación para construir un hospital y terminan jalando porque las reglas del juego no estaban claras. ¡Qué sal! Tener que esperar años por un hospital nuevo porque el desorden administrativo espanta la inversión. Entiendo el punto: sin reglas claras, nadie serio va a querer invertir. Pero la pregunta del millón sigue en el aire: ¿Cómo se garantiza que esas alianzas no se conviertan en un negocio para unos pocos a costa de la plata de todos y de la esencia solidaria de la Caja?
Al final, la propuesta de Ramos nos deja en una encrucijada. Por un lado, ataca un problema real y doloroso con una solución que, en teoría, podría traer eficiencia. Nadie en su sano juicio quiere esperar dos años por una operación de rodilla. Por otro lado, abre una puerta que siempre ha generado una desconfianza enorme. La idea de reformar la gobernanza de la Caja para devolverle el poder técnico a los expertos suena bien, pero la ejecución de estas alianzas es lo que definirá si esto es un verdadero avance o simplemente una forma más elegante de ir privatizando los servicios. No es una vara sencilla y definitivamente es el corazón del debate.
Diay, se las tiro a ustedes: ¿Le compran la idea a Ramos? ¿Creen que con un buen marco legal, estas alianzas son la salvada para acabar con las listas de espera o piensan que es el inicio de un negocio anunciado a costa de nuestra Caja? ¡Los leo en los comentarios!
A ver, seamos justos. La primera parte del plan suena a cachete, ¿quién podría oponerse? La idea de fortalecer la atención primaria, de meterle plata y recursos a los Ebáis para que funcionen como un relojito suizo, es de cajón. Es la primera línea de batalla. Si el Ebáis de tu barrio tiene las herramientas, el personal y la capacidad para resolverte la mayoría de los chunches y, sobre todo, para prevenir enfermedades, la lógica dice que menos gente debería terminar en esa lista infernal de meses o años para una cirugía o una cita con un especialista. Hasta ahí, todo bien. Es un discurso que convence porque ataca el problema desde la raíz. Prevenir es más barato y más humano que curar, punto.
Pero, como siempre, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. La segunda parte de la propuesta es la que le pone los pelos de punta a más de uno: las alianzas público-privadas. Ramos dice que, para agilizar los servicios, hay que complementar el brete de la Caja con empresas privadas. El argumento es que “lo que la gente quiere es ser atendida a tiempo”. Y sí, mae, obvio que sí. El problema no es el qué, sino el cómo. Históricamente, en este país, cada vez que se menciona esa fórmula mágica de “público-privado” en temas sensibles como la salud, se nos enciende una alarma de “posible chanchullo”. Y con razón, porque hemos visto proyectos que se van al traste por falta de transparencia o que terminan costando un ojo de la cara.
Ramos, que no es ningún novato, se cura en salud (nunca mejor dicho) y habla de crear un “marco legal sólido y transparente” y de dar “seguridad jurídica” para que la vara funcione. Él mismo recuerda los casos recientes de empresas que ganan una licitación para construir un hospital y terminan jalando porque las reglas del juego no estaban claras. ¡Qué sal! Tener que esperar años por un hospital nuevo porque el desorden administrativo espanta la inversión. Entiendo el punto: sin reglas claras, nadie serio va a querer invertir. Pero la pregunta del millón sigue en el aire: ¿Cómo se garantiza que esas alianzas no se conviertan en un negocio para unos pocos a costa de la plata de todos y de la esencia solidaria de la Caja?
Al final, la propuesta de Ramos nos deja en una encrucijada. Por un lado, ataca un problema real y doloroso con una solución que, en teoría, podría traer eficiencia. Nadie en su sano juicio quiere esperar dos años por una operación de rodilla. Por otro lado, abre una puerta que siempre ha generado una desconfianza enorme. La idea de reformar la gobernanza de la Caja para devolverle el poder técnico a los expertos suena bien, pero la ejecución de estas alianzas es lo que definirá si esto es un verdadero avance o simplemente una forma más elegante de ir privatizando los servicios. No es una vara sencilla y definitivamente es el corazón del debate.
Diay, se las tiro a ustedes: ¿Le compran la idea a Ramos? ¿Creen que con un buen marco legal, estas alianzas son la salvada para acabar con las listas de espera o piensan que es el inicio de un negocio anunciado a costa de nuestra Caja? ¡Los leo en los comentarios!
